Organizaciones No Gubernamentales lanzaron un llamado a los gobiernos federal y estatal para que dejen sin efecto el permiso otorgado a la Empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional Électricité de France, para la construcción de un parque eólico en Unión Hidalgo.
Esto, debido que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa francesa Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle, sin haber realizado una consulta indígena.
Las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc, AC); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC; Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Ciarena, AC) y otras, exigen se respete la libre determinación de las comunidades indígenas en Oaxaca.
‘Consideramos que al otorgar este permiso el gobierno mexicano da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas que son además dueños legítimos de las tierras’, exponen.
Indicaron que les preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo, hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF, sin antes avisar formalmente a los habitantes de que se realizará algún proceso de consulta.
Recordaron que, por encima de cualquier otro interés, el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales.
Por lo cual, lanzaron un llamado a los gobiernos federal y estatal para que deje sin efectos este permiso y realice un proceso de consulta libre, previa e informada, que además contemple el consentimiento de la comunidad de Unión Hidalgo.
Indicaron que diferentes organismos y actores internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y el Relator para la situación de las personas defensoras de la ONU, se han pronunciado a través de recomendaciones al Estado mexicano sobre cómo debería realizarse una consulta indígena.
Así como han dado a conocer cuáles son los criterios a tomar en cuenta para que el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, se realice bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, dijeron que han observado el actuar de las empresas en nuestro país por sus faltas a la debida diligencia.
De acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos.
Lo que incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales.
Afirmaron que las comunidades deben participar activamente en la planeación del procedimiento de consulta para garantizar que ésta se realice en un marco de respeto a los derechos humanos y específicamente a los derechos de los pueblos indígenas.
Esta es una oportunidad histórica de enviar un mensaje tanto a nuestro país como a la comunidad internacional, de que en México se respetan los derechos de los habitantes de pueblos indígenas que ancestralmente han habitado dichos territorios, dijeron.
