La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) activó un protocolo de acción luego del traslado de personas privadas de su libertad de diversos Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Oaxaca, al ubicado en San Francisco Tanivet, en el Valle de Tlacolula.
El órgano autónomo tuvo conocimiento de la transferencia de 182 personas internas en el Cereso de Juchitán, después de que familiares de los mismos acudieron a la oficina regional de la Defensoría en la región del Istmo para solicitar la intervención el pasado 6 de septiembre.
Los familiares denunciaron que desconocían el paradero de las personas internas, por lo cual la Defensoría inició el expediente de queja DDHPO/ 045/(10)/ RIX/OAX/2019 y otorgó una medida cautelar con el propósito de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informara el sitio de la reubicación, así como el motivo de la misma.
El mismo viernes 6 de septiembre, personal de la Defensoría de los Derechos Humanos se trasladó a las instalaciones del Centro de Reinserción Social Varonil de San Francisco Tanivet, donde constataron que se encontraban las personas internas procedentes de Juchitán, así como otras 20 más de distintas regiones de la entidad.
Como parte de las acciones del protocolo, defensores adjuntos entrevistaron a las personas privadas de su libertad, quienes manifestaron que ya se les había proporcionado cobijas, alimentos y que estaban siendo certificadas medicamente, además que algunos indicaron que tenían malestar en el cuello debido a que todo el viaje de la ciudad de Juchitán a Oaxaca lo habían hecho agachados.
El sábado 7 de septiembre personal de las oficinas regionales de Juchitán y Tehuantepec acompañaron a familiares de las personas privadas de la libertad ante las autoridades penitenciarias para que les fueran entregadas las pertenencias que aún se encontraban en el centro que fue cerrado.
La Defensoría recordó que las personas privadas de la libertad deben gozar de todos los derechos humanos reconocidos, sin afectar los derechos que son restringidos durante el proceso de reclusión, por ello el Estado debe procurar garantizar la dignidad de las personas internas.
