El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, se pronunció por el restablecimiento de la paz pública en la entidad y dijo que la seguridad es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, para proteger los derechos a la vida, integridad física, libertad y patrimonio.
“Cuando la seguridad no está garantizada se pone en peligro la convivencia social, la paz y por ende el desarrollo, además que el ciudadano tiene una corresponsabilidad con las autoridades en el proceso de seguridad”, expuso.
Resaltó que la inseguridad es un fracaso colectivo que conlleva a la vulneración de derechos, y por ello las políticas públicas que aplique el Estado deben tener entre sus puntos esenciales la prevención, como una forma de aplicar la corresponsabilidad.
Así también, las políticas públicas en materia de prevención deben estar orientadas a atender las causas del problema de la inseguridad.
“La seguridad no es un asunto que pueda reducirse a acciones de las corporaciones policiacas, sino que debe considerarse las condiciones económicas, sociales y culturales que alimentan la inseguridad; además de la empatía con las personas que se ven afectadas por la inseguridad”, dijo.
Y ante los últimos hechos de violencia por un enfrentamiento entre integrantes del Sindicato Libertad y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el crucero de Viguera, cuyo saldo fue de dos personas muertas, el defensor requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementar medidas de seguridad y vigilancia en esa zona.
La Defensoría pidió a las autoridades atender de fondo la problemática para evitar la repetición de los hechos y garantizar seguridad a la población de la capital oaxaqueña, al recordar que la confrontación entre ambos sindicatos es una constante.
