De acuerdo a la investigadora Sarahí Abigail Salvatierra, responsable del Programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción en “FUNDAR, Centro de análisis e investigación”, en el tema de transparencia y acceso a la información, la opacidad se mantiene en gran medida en los fideicomisos, partidos políticos e instituciones públicas.
En los primeros, aunque ahora son sujetos obligados por la ley, tanto en el ámbito federal, como estatal, es complejo ingresar u obtener datos de las obligaciones mínimas de transparencia, así como saber cómo funcionan y quiénes los administran.
En los partidos políticos, estos tampoco cumplen con las obligaciones de transparencia que establece la ley general y que son los mínimos.
“Hay ciertos temas de interés público que no se pueden desarrollar, como los temas graves de violaciones a los derechos humanos o con aquellos de hechos de corrupción”, agregó.
Afirmó que las instituciones públicas, sobre todo las que hacen seguimiento a investigaciones, siguen teniendo la tendencia a reservar información sin poder abrir la posibilidad de dar una versión pública.
Otra de las deficiencias, es que los portales de transparencia locales no han podido sincronizarse con la plataforma nacional y muchos municipios tampoco han tenido reglamentos adecuados de cómo van a procesar sus documentos.
Previo a la conferencia magistral “Retos y pendientes en temas de transparencia y acceso a la información”, en el marco de la ceremonia de clausura de la II edición del diplomado en línea “El Acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de derechos humanos”, la investigadora resaltó que uno de los principales retos que se enfrenta es la implementación y la aplicación de la ley.
“Contamos con las mejores leyes, pero poder implementar y transversalizar todos los principios a nivel estatal y municipal siempre ha causado grandes problemas. Por ejemplo, todavía se tiene pendiente la construcción institucional y no se cumple de manera adecuada las unidades de transparencia y los comités de información que cada entidad o sujeto obligado debería tener”.
Además, no hay suficientes recursos ni personal, lo cual impide que puedan ejercer de manera adecuada el cumplimiento de sus funciones.
Resaltó que al no contar con un comité de transparencia que se encarga de vigilar que cada sujeto obligado pueda proporcionar información adecuada, se limita el acceso a la información, se debilita el alcance y en casos de reservas puede existir discrecionalidad para determinar qué información sí se va a entregar y qué no.
