Desde que fueron desplazados de San Juan Copala, Juxtlahuaca, luego de un enfrentamiento entre grupos armados antagónicos de la comunidad, cuatro líderes indígenas triquis obtuvieron una mina de oro, que de 2011 a la fecha les ha generado apoyos de más de 64 millones de pesos del Gobierno del Estado.
Además de recibir despensas, terrenos, vehículos y dinero para insumos personales, decenas de desplazados, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apoderaron del Palacio de Gobierno y convirtieron sus accesos en un espacio de venta de artesanías con la complacencia de las autoridades.
El negocio de ser desplazados y la disposición de los funcionarios de gobierno para dar “a manos llenas”, generaron que el grupo integrado por 135 triquis se dividiera en cuatro, que de manera independiente gestionan apoyos.
Tanto de la administración de Gabino Cué como de la de Alejandro Murat, los triquis desplazados han recibido recursos millonarios. Documentos en poder de EL IMPARCIAL revelan que en la administración de Cué recibieron más de 51 millones de pesos como apoyo; durante el periodo 2011-2016, además el gobierno adquirió 137 lotes, ubicados en la Mixteca y Valles Centrales, de los cuales 60 fueron entregados a beneficiarios de la medida cautelar y el resto a familiares que se les unieron posteriormente.
Aunque las medidas solo aplicaban a 135 habitantes de San Juan Copala, durante el levantamiento de un censo en 2014 la administración estatal consintió incluir a 434 personas ajenas a la solicitud de la CIDH.
Por su parte, entre enero de 2017 y junio de 2018, el gobierno erogó más de 13 millones de pesos como apoyo económico para alimentos e insumos personales, renta de casas habitación, de locales comerciales, apoyo a viudas y para compra de material de carpintería.
Lorena Merino, líder de uno de los grupos de desplazados, niega haber recibido “un solo peso” de las administraciones estatales.
“No han dado avances para nuestro retorno a la comunidad ni de justicia para los 32 compañeros que fueron caídos en ese entonces. Estamos abandonados del gobierno de Alejandro Murat”, señaló la dirigente triqui.
Actualmente, autoridades del gobierno de Oaxaca analizan la solicitud a la CIDH para que se retiren las medidas cautelares a los desplazados triquis, al considerar que se cumplieron las medidas de reparación de daño.
