Algo que ha quedado en evidencia ante la parálisis del gobierno de la ciudad es que nadie ha tomado en cuenta el amparo que logró una organización civil, para ejecutar acciones en el Río Atoyac y éste deje de ser vertedero de basura y aguas residuales. Un breve recorrido por las riberas de dicho afluente, dará cuenta de la grave contaminación que se ha dado, además de que, en contra de lo que dispone la ley en materia de ríos, arroyos y aguas nacionales, hay viviendas pegadas a los márgenes que obviamente, han sido edificadas de manera ilegal. En un estatus parecido está asimismo el Río Salado. Para hacer más patética la situación, justo en sus márgenes llegan camiones cisternas que contienen material infecto de letrinas y fosas sépticas, a descargar su apestoso contenido. A lo largo de su recorrido por la zona urbana, se pueden apreciar las descargas de fraccionamientos y áreas habitacionales, que sin ninguna reserva van a dar al río. Tampoco se advierte que autoridades federales, estatales o municipales, responsables de la protección del entorno ecológico emitan pronunciamientos o sanciones para aquellos que de manera premeditada arrojan productos contaminantes a los ríos.
Por otra parte, desde hace al menos una década se ha denunciado el foco de contaminación atmosférica que implica el uso de hornos anticuados, que usan llantas u otros materiales para la fabricación del ladrillo rojo. Han circulado profusamente en los medios, fotografías de la humareda que provocan a ciertas horas del día, particularmente en las mañanas. Un problema adicional es la soterrada costumbre de quemar basura en esta temporada de calor o el funcionamiento de tiraderos clandestinos, como el que movilizó a los cuerpos de socorro la semana anterior, en los rumbos de Santa María Atzompa. No hay pues un control o vigilancia respecto a prácticas nocivas en torno a lo que a medio ambiente se refiere. Las mismas autoridades ambientales dejan hacer y dejan pasar, haciendo una labor irresponsable ante la sociedad. Lo que sorprende es que hay denuncias constantes que llegan a oídos sordos de ediles, concejales o funcionarios de los tres niveles de gobierno, encargados de proteger o salvaguardar el medio ambiente. Las protestas, las denuncias y lo que hoy hacen las redes sociales para difundir en tiempo real el problema de la contaminación, simplemente no importa. Hay otras prioridades que hay que atender.
Urge sancionar bloqueos
Desde hace varias legislaturas, nuestros (as) diputados (as), sobre todo de partidos políticos que se dicen de izquierda, le han escurrido al bulto que implica la urgencia de legislar para sancionar los bloqueos a vialidades urbanas, carreteras federales o estatales y oficinas públicas. El bloqueo se ha convertido en la forma sui generis de extorsión, de chantaje. Cualquiera, por los motivos que sean, impide el tránsito libremente como establece nuestro marco legal. La práctica de este vicio arraigado, inventado por el Cártel 22, es un atentado a los derechos civiles y al clima de libertades democráticas que nos otorga nuestra Carta Magna. La capital oaxaqueña a menudo está bajo fuego de normalistas, maestros, transportistas y comuneros que vienen a la capital a hacer de las suyas. En la región del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, en donde se ha planeado revivir el añejo proyecto del Tren Interoceánico, el pasado martes 5 de abril se registraron tres bloqueos carreteros en diferentes puntos. La pregunta obligada es: ¿cómo plantear un gran proyecto que, obviamente puede convertirse en detonador del desarrollo regional, con una región permanentemente acosada por grupos y organizaciones; padres de familia o maestros, que exigen al gobierno utilizando ese aberrante método?
Nuestra legislatura debe al menos discutir alguna iniciativa que vaya en el sentido de acotar dicha práctica. No se trata ni de atentar en contra del derecho a la libre manifestación ni, mucho menos la cacareada victimización del magisterio traducida en lo que llaman “la criminalización de la protesta social”. Lo que está en tela de juicio es que aquí diez o veinte personas, como ocurrió en el Puente de San Jacinto Amilpas, manipuladas por un grupo de concejales que están en desacuerdo con la presidenta municipal, pueden paralizar a miles de personas. Se presume que ocasionan un daño incalculable y muchos perjuicios tanto económicos como en salud, habida cuenta de la impotencia de los afectados para evitar caer en la trampa del bloqueo. No se le piden peras al olmo. Simplemente que los legisladores y las legisladoras dejen aparte sus inclinaciones partidistas y hagan su trabajo a favor de la sociedad. Cuando se quiten de encima la gravitación ideológica y de disciplina partidaria, otra cosa podremos esperar de nuestros (as) representantes populares.
