A poco de haber iniciado la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fue designando a los miembros de su gabinete e hizo una designación: la del Coordinador General de Delegaciones de Gobierno. Sin embargo, dicho cargo nunca ha existido, habida cuenta que desde el fin del régimen de Diódoro Carrasco (1992-1998), el mismo desapareció. En gobiernos anteriores, los delegados de gobierno en las ocho regiones del estado, así como los delegados especiales en ciertas zonas, sirvieron como catalizadores de la inconformidad ciudadana, pero también para la atención de parte del gobierno. Eran una especie de representantes directos del ejecutivo estatal en cada una de las zonas geográficas a donde habían sido designados. Algunos hacían asimismo trabajo político-partidista y era la prueba de fuego para su designación como candidatos a algunos cargos de elección popular. Jamás se justificó su desaparición, pues las delegaciones regionales y especiales servían asimismo como gestoras, para evitar que la inconformidad ciudadana o la exigencia de demandas llegaran directamente hasta la sede de los poderes del Estado: la capital.
La insistencia en nombrar Coordinador de Delegados de Gobierno en el actual régimen siguió. Han sido tres las personas que han sido designadas para el cargo, en diversos momentos, pese a que no existe decreto alguno del Ejecutivo, que haya llegado al Congreso para su aprobación en ese sentido. Sin embargo, el pasado sábado se dio a conocer la celebración de la primera sesión de instalación de la Junta Directiva de la Coordinación General de Atención Regional (CGAR), con la asistencia de los titulares de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal, la cual fue presidida por el coordinador general, Marco Antonio Hernández Cuevas, que hace poco más de un mes fue designado Coordinador General de Delegaciones de Gobierno.
En este evento, el aludido señaló que el objetivo de la Coordinación es fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas gubernamentales que permitan mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños de las ocho regiones del Estado de Oaxaca, además de que los trabajos se coordinarán por regiones, para atender las peticiones de la población y canalizarlas para su atención a las dependencias que correspondan. En fin, la ciudadanía no acaba de entender estas incongruencias e inconsistencias.
Abusos a ciudadanía
Ya es común que en algunos municipios conurbados, específicamente Santa Lucía del Camino, se cometan abusos y arbitrariedades en contra de la ciudadanía común y corriente. Por ejemplo, invariablemente los viernes y sábados por la noche, a la altura de conocido crucero en Santa María Ixcotel, se monta el operativo de alcoholímetro. La idea del área de seguridad correspondiente no es inhibir los accidentes automovilísticos ni nada parecido, sino las multas jugosas que se reciben por este concepto. Los medios impresos y electrónicos han dado cuenta de crímenes y abusos policiales que se han cometido en dichos operativos. Cualquier resistencia es apagada con golpes. Otro de los abusos que se cometen a menudo son los operativos para detectar motocicletas robadas o sin placas; operadores que circulan sin casco o sin licencia. En una acción fuera de la ley, a quienes son infraccionados les aseguran el vehículo, el mismo que es subido a una camioneta que hace las veces de grúa. El cobro es de 900 pesos por el arrastre, más 2 mil 700 pesos de multa por la infracción, cantidades que no tienen relación alguna –por lo exageradas- con el salario mínimo o con el nivel de salarios que existen en la entidad.
Por si ello no fuera suficiente, exigen licencias de conducir a sabiendas de que en la dependencia responsable, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semovi), afirman no tener en existencia formatos de las respectivas licencias o placas o tarjetas de circulación. Sin que ello suene a justificación, cumplir con un compromiso social o familiar; salir de la ciudad por motivos diversos e ingerir aún de manera estrictamente moderada es un suplicio para los automovilistas. Definitivamente los fines de semana quédese en su casa, no salga y absténgase de tomar cualquier bebida que vaya a dar positivo en el alcoholímetro, porque además de llevarlo al “torito”, le sacarán de tres a cuatro mil pesos, a veces pagados sin que les sea entregado el recibo de la Tesorería Municipal. Es ahí en donde surge la sospecha de que los operativos son hechos por razones estrictamente de beneficio económico y no para evitar accidentes. Ahí es donde deben aparecerse los supervisores o visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para verificar que no se cometan abusos desde el poder y no para validar el vandalismo de normalistas o atropellos de grupos y organizaciones.
