Aunque los discursos oficiales en torno a la conservación del medio ambiente son constantes y recurrentes, lo cierto es que hay mucha demagogia. Por ejemplo, uno de nuestros afluentes más importantes, el Río Atoyac, que atraviesa nuestra capital y hace décadas fue un venero de agua limpia, luce contaminado y convertido en basurero. En las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hemos ya abordado el tema, pues tiene poco menos de un año que un grupo de ciudadanos aglutinados en una organización ganaron un amparo del Poder Judicial de la Federación, que obliga a las autoridades tanto estatales como municipales a limpiar las riberas de dicho río. Nada ha ocurrido y la pasada administración municipal sutilmente le dejó a la actual atender dicho mandato judicial. Sin embargo no es el único foco de contaminación. Uno más es el Río Salado, que en todo el trayecto por la mancha urbana es depósito de los escurrimientos de aguas residuales de fraccionamientos y colonias. Es más, la altura de San Antonio de la Cal, es sitio en donde se descargan las cisternas que transportan la materia fecal de las fosas sépticas. Una y otra vez se ha mencionado que dichas descargas deben irse a la Planta de Tratamiento de San Juan Bautista La Raya, eso no ha sido posible y siguen contaminando nuestro afluente.
A todo ello hay que agregar la indolencia de mercaderes y comerciantes de los mercados que depositan la basura en calles y camellones; que en lugar de contribuir al saneamiento de nuestra ciudad, hacen lo contrario. Y ello se debe a que no existe un marco jurídico que obligue a la ciudadanía en general a conservar al entorno ecológico y ambiental. Seguimos como antaño, sin que haya restricciones o sanciones para que cualquier hijo de vecino en lugar de depositar los desechos sólidos en el camión recolector, los arroje en la madrugada en la calle, propiciando con ello el mal olor, la proliferación de fauna nociva y el riesgo de enfermedades. Si a ello se agrega la abulia oficial para atender mandatos judiciales como el ya mencionado en torno al Río Atoyac, no hay duda que estamos alentando la abulia y la irresponsabilidad para proteger el medio en que vivimos. Éste debe ser un compromiso irrenunciable de las autoridades y una corresponsabilidad de la sociedad civil. No obstante, tal parece que unas y otras siguen empañadas en dejar las cosas como están.
Contra feminicidios
El asesinato y la violencia criminal en contra de las mujeres ha dado cuerpo a un movimiento a nivel nacional. Y no se trata de una cuestión fortuita, moda o afán temporal, sino de una realidad lacerante. En Oaxaca, es aberrante que sólo en el mes de enero se hayan registrado al menos quince feminicidios. La escalada criminal que hizo de dicho mes una cifra preocupante, que obviamente las autoridades estatales hacen como que no ven, tuvo entre sus principales víctimas a mujeres de todos los estratos sociales y edades. Uno de los últimos casos fue la ejecución –ésa es la palabra y no otra- de madre e hija, en la Colonia Unión de la capital oaxaqueña; el asesinato de otra mujer con su concubino en Asunción Ixtaltepec u otro caso similar, de una dama con su cónyuge ultimada a balazos y luego de tortura, cuyos cuerpos fueron encontrados en el paraje “El Chocolate” de San Juan Guichicovi. En Tuxtepec, hace poco más de una semana una jovencita fue secuestrada por un par de sujetos, mientras esperaba el camión para trasladarse a su escuela. Pocas horas después su cuerpo apareció calcinado. Por fortuna, los presuntos criminales ya cayeron y están vinculados a proceso.
Al tenor de una marcha de miles de mujeres que protestaron en la Ciudad de México el dos de febrero, también en la capital oaxaqueña han tomado cuerpo organizaciones que están presionando al gobierno estatal y a las instancias de seguridad y procuración de justicia, a realizar acciones enérgicas para terminar con esta escalada violenta en contra de las mujeres. Hay que recordar que el caso de los feminicidios y del creciente número que muestra la estadística estatal, tiene que ver con la impunidad que se alentó desde el gobierno de Gabino Cué, cuando se contabilizaron más de trescientos casos de muertes violentas de mujeres, cuyos casos se resolvieron en escala irrisoria: ni el 5% de los mismos permitió llevar a los presuntos criminales ante la justicia. Más bien, más del 90% quedaron en la impunidad. Sin embargo, vale la pena reconocer que las 45 sentencias condenatorias que obtuvo la Fiscalía General por homicidios dolosos de mujeres y feminicidios durante el 2018, significan que hay un avance que no podemos soslayar, más aún porque la dependencia trabaja con un presupuesto miserable, ante la indolencia de la LXIV Legislatura, que exige resultados pero no contribuye al buen desempeño.
