Pese a que el 5% del territorio oaxaqueño se encuentra en posesión de empresas mineras -que han convertido al estado en el octavo mayor productor de oro y en el quinto de donde más plata se extrae-, la demanda de las comunidades que integran el colectivo Sí a la vida no a la minería de cancelar concesiones que afectan sus territorios, tiene una salida y es el convenio 169 de la OIT, que deberá ser atendido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para generar un orden en el que los proyectos de desarrollo nacional tengan como base la justicia social.
La cancelación de concesiones, señalan especialistas consultados, es una demanda que el próximo gobierno deberá escuchar como parte de un proyecto para modificar la relación que han generado las empresas mineras con las comunidades y con el Estado. Dicho proyecto deberá empezar por retirar a la minería el carácter de “utilidad pública” prioritaria, además de generar mayores restricciones para evitar afectaciones al medio ambiente, impedir la minería en Áreas Naturales Protegidas y lograr una recaudación mayor.
En 2016, de acuerdo con estadísticas de la Cámara Minera de México, la actividad generó 15 mil 681 millones de dólares, siendo la sexta más productiva del país por debajo de la industria automotriz, electrónica, remesas, turismo y petróleo, sin embargo, el aporte a las finanzas del Estado representa únicamente el 0.35% por pago de impuestos.
En el estado se encuentran registradas 322 concesiones mineras que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales únicamente dos están en explotación comercial: San José, en San José del Progreso, y El Águila, en San Pedro Totolápam; asimismo hay dos más en etapa de desarrollo y 36 en exploración; todos podrían enfrentar procesos de impugnación al contar con concesiones entregadas por el Estado sin consultar a las comunidades indígenas propietarias del territorio, lo cual es violatorio del convenio 169 de la OIT.
Para Beatriz Olivera, investigadora del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo del Centro de Análisis e Investigación Fundar, el escenario es claro: “al haberse otorgado estas concesiones sin este cumplimiento a un tratado internacional el Estado mexicano incurrió en una violación, a mí me parece muy claro que se tienen que cancelar esas concesiones por no haber cumplido con ese convenio”.
Por su parte, Roberto Stefani, coordinador del proyecto Empresas y Derechos Humanos de Oxfam, dijo que aunque se aprecia una mayor apertura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dialogar con las comunidades indígenas, resulta poco perceptible un cambio en la estrategia de desarrollo económico, que sigue considerando como prioritario el modelo extractivista. No obstante, apunta, aun con gobiernos menos favorables, en Oaxaca se han obtenido resultados para que se respeten los tratados internacionales.
“Ha habido casos de proyectos que se han suspendido, están los casos de Mareña Renovable y de Eólica del Sur, que fueron suspendidos por haber amañado un proceso de consulta, si se puede suspender un proyecto porque estaba amañado el proceso de consulta, se puede suspender una concesión por ni si quiera existir un proceso de consulta. Con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos se abren expectativas de aplicación directa de tratados internacionales a través del amparo”, señala.
Acceso desigual a recursos naturales
Para Stefani, aunque la discusión sobre la baja carga tributaria que tienen las mineras en México resulta esencial, el tema sobre el que debe girar la discusión de la transformación del sector minero es el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“El régimen fiscal de privilegios se aplica no nada más en México, sino en la región, en Honduras, Guatemala, es un régimen muy injusto.
Pero antes de cualquier solución, de decir ‘paguen más o paguen menos’, es un tema evidentemente de derechos”, apunta.
En el más reciente informe, Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, la organización internacional analiza el caso de San José del Progreso, en donde la incursión de la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, ha generado desde un acceso desigual a bienes como la tierra y el agua hasta episodios de violencia que incluyen el asesinato de dos opositores al proyecto extractivista.
En el informe se resalta, por ejemplo, cómo la región de Valles Centrales a pesar de generar hasta el 12% de la producción agrícola de Oaxaca, en el acceso al agua la prioridad es la minería.
En San José del Progreso, expone el documento, el mayor volumen de agua subterránea concesionada para uso público urbano es de 114 mil 63 m3 al año; el mayor para uso agrícola es de 54 mil 527 m3/año; todas las concesiones de agua subterránea en el municipio suman 469 mil 117 m3 al año. “Como mínimo, la minera extrae un volumen equivalente al 84% del volumen anual concesionado al municipio de San José del Progreso”.
Esta desigualdad tiene su base jurídica en la Ley Minera, que en su artículo 6 establece la utilidad pública preferente que tiene la minería sobre otras actividades, producir alimentos, entre ellas.
“Es urgente que se reconfigure la ley minera, es sustancial que el artículo 6 cambie, no podemos seguir considerando a la minería de utilidad pública cuando solo ha sido de utilidad para las empresas, porque no es para las comunidades ni para el país, la extracción de oro y plata representa apenas el 0.9% del Producto Interno Bruto, la utilidad pública no se ve por ningún lado”, expresa Olivera, maestra en ingeniería por la UNAM.
Bajos impuestos
Las investigaciones impulsadas por Fundar alrededor del sector minero han exhibido la pobre recaudación que obtiene México a partir de una industria millonaria, del 0.35% de los ingresos que recibe el gobierno federal por impuestos.
Pese a ello, el pasado 27 de agosto, públicamente el presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanís Ortega, pidió al presidente electo revisar la imposición fiscal y permitir que se deduzcan al 100% los gastos generados previos a la explotación minera, un rubro en el que, dijo, la inversión bajó de mil 165 millones de dólares en 2012 a 612 millones en 2017, un 47%.
“Es el colmo de los descaros de la industria minera, en realidad es una industria sumamente consentida y privilegiada”, señala Olivera. “A nosotros nos llaman la atención las cifras que genera la extracción de metales preciosos, el oro y la plata, que son los que más contaminan, los que tienen en el mercado más valor de producción y son los que a través de procesos como la extracción a cielo abierto están desgastando al medio ambiente y dejando en pobreza a las comunidades”, agrega.
Datos de Fundar señalan que el 50% de los municipios de México donde se extrae oro viven en pobreza; 30% vive sin servicios básicos, carecen de drenaje, agua potable o energía eléctrica; y 13% no tiene acceso a la salud.
“Las empresas mineras se han caracterizado por ser descaradas, por exigir mayores privilegios a los que tienen y por supuesto que su llamado no lo debe tomar en cuenta el nuevo gobierno, los datos aquí están, los municipios de los que se extrae oro son municipios muy pobres, un ejemplo es San José del Progreso en Oaxaca”, finaliza.
