AGENCIAS
Debido al empobrecimiento extendido de la población, aunado a las condiciones de alta densidad poblacional y mayor crecimiento de los conflictos sociales, los linchamientos se presentan con mayor frecuencia en los estados de la zona centro y sur del país, aseguró el doctor Raúl Rodríguez Guillén, profesor de Sociología en la UAM Azcapotzalco.
Oaxaca, uno de las cinco entidades que lideran la incidencia de linchamientos en México, registran un incremento en sus niveles de pobreza, según los reportes bianuales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el estado oaxaqueño también se elevaron los linchamientos y los índices de pobreza. De 1988 a 2009 se presentaron 27 ataques; en los últimos cinco años, fueron 40.
Aunado a ello, en 2010, 67.0% de la población vivía en situación de pobreza; para 2016, se elevó a 70.4 por ciento. El porcentaje de la población con al menos una carencia social en 2010 era de 89.2%; para 2016, subió a 90.3 por ciento.
En el rubro carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 58.0% de la población vivía en esa condición en el año 2010; para 2016 subió a 62.0 por ciento.
Rodríguez Guillén destaca que en cualquier persona puede surgir el sentimiento de reclamar justicia, los linchamientos son más frecuentes en las zonas con carencia de servicios básicos.
“La predisposición a actuar existe, la irritación social, el descontento y contexto de una sociedad con mayores carencias y empobrecida donde no importa lo robado, sino el acto.
“Le duele más a un obrero que le roben 300 que a alguien de clase media le roben su auto.
Tiene mayor impacto (en el obrero) porque de eso depende no sólo su transporte, sino la escuela de su hijo o alimentación de la familia”, explicó.
Este fenómeno también encendió focos rojos en la Cámara de Diputados. El 3 de octubre, Excélsior informó sobre el exhortó que hizo al Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales para implementar estrategias de prevención y acciones que eviten este fenómeno.
Y la violencia, a la alza
En tanto, la violencia continúa imparable en la entidad oaxaqueña. Los crímenes y asaltos, entre otros delitos, están a la orden del día, y más casos se suman a las estadísticas rojas. Los gastos que genera este fenómeno son cuantiosos y probablemente al cierre de 2018 se habrán millonarias sumas de dinero.
Apenas en 2017, la violencia tuvo un costo para Oaxaca de más de 134 mil millones de pesos, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto por la Economía y la Paz 2018. Tal monto de recursos fue el 14, entre los estados con costos más altos del país.
Este análisis realizado por dicha organización internacional señala que, si se desglosa el costo de la violencia por persona, durante el año pasado, el monto asciende a 28 mil 624 pesos a cada oaxaqueño.
Sin embargo, el valor económico es inferior al costo de la violencia per cápita del país, que fue de 33 mil 118.
En tanto, la pérdida más alta registrada por la violencia fue en el Estado de México, la cual superó los 721 mil millones de pesos.
Asimismo, en la revisión de la incidencia delictiva de Oaxaca, durante 2017, este Índice advirtió que ésta se ubicó por encima del promedio nacional en: homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, y en el número de personas encarceladas sin sentencia.
Por ello, le asignó a Oaxaca calificaciones de 2.24 en homicidios, 2 en delitos con violencia, 2.74 delitos cometidos con armas de fuego, 1.4 en crímenes de la delincuencia y 1.77 en personas encarceladas sin sentencia.
Aclaró que en cuanto más bajo es el número, menor es la incidencia delictiva.
Tales resultados, según el Índice de Paz en México 2018, revelan que la incidencia de actos violentos modifica las actividades económicas de los ciudadanos y de los gobiernos.
En el trabajo se detalla que algunas de estas consecuencias son: déficit de productividad, ingresos no percibidos y gastos distorsionados, todo lo cual afecta el precio de los bienes y servicios.
“La violencia y el miedo a la violencia crean grandes trastornos económicos. En tanto que los incidentes violentos generan costos por daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía”, expone el documento.
“Sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección”, detalla el informe.
