Comerciantes y dirigentes empresariales coincidieron ayer en la mala imagen y afectaciones a la economía local que generan los constantes bloqueos a las vías de comunicación por parte de organizaciones sociales y transportistas.
Y es que desde las primeras horas del pasado lunes, agremiados al Sindicato Libertad cerraron con camines tipo volteo y montones de tierra y escombro, vialidades como; crucero de Hacienda Blanca, acceso a la Súper, San Agustín de las Juntas y Libramiento a Xoxocotlán.
El acto de presión para buscar la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de sus líderes generó cancelación de salidas a la Ciudad de México, Veracruz y Puebla por parte de la empresa ADO, además de las complicaciones viales para miles de ciudadanos.
“Es urgente que exista una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar y solucionar problemas complejos como los ocurridos el lunes pasado, en donde media ciudad se paralizó”, afirma la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca (AECO), Esther Merino Badiola.
Pero para que la Iniciativa Privada (IP) pueda mantener una constante derrama económica y la consecuente generación de empleos directos e indirectos debe prevalecer el estado de derecho, y cuando se rompe, aplicar la ley, expone.
No obstante, propone que desde la Secretaría de Economía estatal y federal se constituya un Fideicomiso para casos de riesgo en empresas y comercios, debido a la problemática social en el estado, opina.
De su lado, Pedro Corres, de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, es necesario garantizar la gobernabilidad y en estado y en la capital, para no depender de las voluntades de gremios, organizaciones o sindicatos.
“Los ciudadanos tenemos derechos constitucionales muy claros y definidos, la libertad de tránsito y a laborar, pero ¿qué pasa cuando otras personas lo impiden o violentan?”, cuestiona.
Aunque el mandatario estatal Alejandro Murat Hinojosa envió el mensaje a la ciudadanía sobre nula negociación con quienes tomaron de rehén a los ciudadanos y aplicación de la ley, los empresarios y comerciantes quieren hechos concretos.
“Las inversiones no llegan, la economía sigue estancada y el pequeño comercio sobrevive bajo el acecho de la delincuencia, por eso decimos que necesitamos garantías para trabajar”, sostiene.
