Luego de que desplazados de San Juan Copala liderados Lorena Merino irrumpiera durante la ceremonia de inicio del Mes Patrio, el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud cuestionó las pretensiones del grupo para que el gobierno les compre un terreno de 5 millones de pesos y construya más de 40 casas.
Entrevistado al término del evento oficial, el funcionario estatal reveló que dicha persona únicamente representa a tres personas con medidas cautelares, quienes se han negado a recoger 750 despensas.
“Tal vez está enojada porque se le pagó la luz del albergue en donde están, además del local que rentan para su beneficio, aparte de que ahora quieren que les compremos el terreno por los rumbos de Santa Cruz Xoxocotlán”, enfatizó.
Reiteró que en el censo de desplazados de la comunidad indígena realizado ante Notario Público y con la tutela de la Secretaría de Gobernación (Segob), Merino se negó a asistir y ahora pide para personas que no están amparados con documentos.
“Tenemos como a 153 cautelados, mismos que tienen garantizado alimentación, seguridad, pero cumplir el capricho y pretensión de Lorena Merino al gobierno del estado le costaría más de 20 millones de pesos”, sostuvo.
-No vamos a ceder-, espetó el encargado de la política interna del estado, mientras el grupo de manifestantes le seguía los pasos de cerca reclamándole la falta de cumplimiento a sus demandas.
¿Hay condiciones para que los desplazados regresen a su comunidad?.
HAMM: Pareciera que ellos prefieren estar aquí, responde el secretario general de gobierno, en tanto a sus espaldas, tres mujeres y dos varones le muestran una manta con reclamos sociales.
A su vez, el subsecretario de gobierno, Carlos Alberto Ramos Aragón lamentó la forma en la que el grupo de Merino irrumpió en la ceremonia oficial y busca obligar al gobierno estatal a ceder a sus pretensiones personales.
“Es una falta de respeto a los niños y sobre todo al lábaro patrio y a las instituciones como lo es el Ejército Mexicano; ellos exigen 43 terrenos en Santa Cruz Xoxocotlán de 200 metros cuadrados , es decir en total abarcaría 8.5 hectáreas”, afirmó.
Vamos a continuar con el diálogo pero tampoco vamos a ceder a las presiones, chantajes y formas de lucha que traen este grupo, porque han ido escalando en un problema que heredó el sexenio anterior, dijo.
Poco antes de la partida del funcionario de la Secretaría General de Gobierno, las mujeres que se manifestaban lo persiguieron hasta darle alcance y propinarle un “zape”, lo cual generó tensión sin que pasara a mayores.
Y es que la portavoz del grupo reclamó la falta de respuestas a sus demandas y el que la actual administración no cumpla con la adquisición de un terreno para que puedan vivir, tras ser desterrados de su comunidad de origen desde hace 10 años a causa de la violencia.
