Sin conocer el estado que guardan los autobuses que prestan el servicio de transporte público en la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana, el encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad Alejandro Villanueva autorizó que a partir de este lunes la tarifa aumente a ocho pesos. A pesar de que al menos el 40 por ciento de las 911 unidades concesionadas debieran salir de circulación, la decisión del Gobierno del Estado permitirá que continúen generando ingresos a pesar de ser prácticamente chatarra.
Nuevamente el gobierno actuó “al son de la tambora nada más” y va a generar la inconformidad de los pobladores de la ciudad. La acusación viene desde dentro del gremio de camioneros, de Erasmo Medina, presidente de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos de Guelatao (TUSUG), que advierte que el primer paso para autorizar un aumento a la tarifa debió ser pasar revista a todas las unidades.
“Si yo fuera parte del gobierno, yo diría, primero paso una revista para ver en qué estado se encuentran todas las unidades. Todo el gobierno que pasó nunca pasó revista, éste tampoco, la obligación es por lo menos una vez al año. Yo mismo, como gobernador, quisiera checar en qué estado está el transporte urbano en la ciudad, para cuando venga un aumento de tarifa no tenga rechazo, no tenga golpeteo por todos lados”, expresa Medina en entrevista.
De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Vialidad y Transporte a través de una solicitud de transparencia, cuatro empresas operan camiones de transporte público en la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados. Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca opera 309 unidades en 20 rutas; Tusug, 307 autobuses en 29 rutas; Sociedad Cooperativa de Transportes Choferes del Sur, 199 camiones en 19 rutas; y Servicio de Transportación Express de Antequera 96 unidades en 10 rutas.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca “los vehículos del servicio público de pasajeros en su modalidad colectivo tendrán una antigüedad máxima de diez años”. Hasta el momento es imposible saber cuántas unidades se encuentran en el rango de tiempo que permite la ley, pues la Secretaría de Movilidad (Vialidad) se ha negado a entregar la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Medina estima que sin importar el año del modelo, al menos 400 autobuses deberían salir de circulación por estar en malas condiciones físicas y mecánicas. Entre 100 y 150 deberían salir de circulación por ser unidades modelo 89 o anterior y 200 más por ser anterior al año 2000.
-La ley dice que los autobuses con más de diez años no pueden prestar servicio.
“Según la ley nos quedamos sin carros casi, porque nada más son diez años, pero la situación política de Oaxaca no nos permite renovar, por eso da margen el gobierno, pero sí debe pellizcarle a los camiones que están muy viejos.
“Yo soy de la idea en un momento dado que del modelo 89 para abajo, 88, para ver cuántos salen, van a ser más de 100 o 150. De ahí bríncate al siguiente año al modelo 2000, vamos a sacar otros doscientos”, asegura.
Hasta ahora, el encargado de la Secretaría de Movilidad Alejandro Villanueva ha señalado que se sacarán de circulación las unidades cuyo modelo sea anterior al año 2000, no obstante no fijó los plazos ni mecanismos bajó los cuales obligará a que los concesionarios del transporte cumplan este objetivo.
Grandes costos para transportistas
Del otro lado, como clientes, los concesionarios del transporte público enfrentan a un ente al que no pueden manipular ni ordenar de acuerdo con sus intereses, el mercado automotriz, que en una década ha registrado grandes aumentos en los precios.
Dos de los modelos más buscados, el Marco Polo, de Mercedes Benz, y el International, cuentan con precios de contado superiores a los dos millones de pesos.
“El Marco Polo cuesta dos millones 400 mil pesos, el International, un millón 700 mil, otro de la DINA está en un millón 100 mil, cuándo se veía un carro que costara tanto dinero. Los Mercedes son bonitos, pero muy caros, financiado va a salir en tres millones y pico de pesos, quién lo compra con la tarifa de ocho pesos y con el escaso aforo que hay”, expresa Medina.
De igual forma, el diésel que ocupan los autobuses ha registrado aumentos considerables. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio de 40 litros de este combustible en el país pasó de 659.2 pesos a 779.2 de julio de 2017 a julio de 2018.
Sevitra, Semovi, expertos en opacidad
La Secretaría de Vialidad y Transporte, ahora Secretaría de Movilidad, se ha convertido en la dependencia del Gobierno del Estado más opaca, negando información que va desde el número de concesiones que ha entregado, hasta los beneficiarios, el número de unidades del transporte público que circulan en la entidad, si ha cumplido con su obligación de revisar el estado físico y mecánico de taxis y autobuses.
La dependencia de la que es encargado Alejandro Villanueva tiene un récord amplio en materia de rechazo a la transparencia.
Tan solo en 2018, 26 solicitudes de información presentadas a la dependencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia han generado recursos de revisión, que son presentados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO) cuando un sujeto obligado entrega información incompleta, la declara inexistente o reservada. El número de recursos de revisión es el más alto contra una secretaría del Gobierno del Estado.
El 29 de agosto de 2017, un usuario solicitó a la Sevitra información sobre las revisiones físicas y mecánicas realizadas a unidades del transporte urbano que recorren la capital oaxaqueña, a la cual la dependencia respondió con información incompleta en oficios borrosos. De acuerdo con la información entre marzo y agosto de 2017 realizó 79 inspecciones, 71 en un solo día a una sola empresa, Servicio de Transportación Express Antequera. Después, en cinco meses realizó ocho inspecciones. En los reportes omitió informar qué unidades fueron supervisadas.
El 29 de septiembre de 2017 se solicitó a la dependencia información sobre camiones que prestan el servicio de transporte público en la capital oaxaqueña, el número de concesión, nombre del concesionario, fecha de inicio y fin, placas, marca, modelo y año del camión, cupo total de pasajeros autorizado y número de personas con discapacidad que pueden viajar.
La dependencia negó entregar la información, específicamente referente al modelo de camión argumentando que es competencia de la Secretaría de Finanzas. El IAIP sancionó como improcedente la negativa de la secretaría y le ordenó entregar la información.
En el recurso de revisión 368/2017, el solicitante pidió a la Sevitra información sobre el transporte público en su modalidad de taxi, requiriendo el número de cada unidad, su placa y el sitio al que pertenecen. Nuevamente, la negativa fue la respuesta.
Congreso, inoperante
El Congreso del Estado ha presionado al Ejecutivo local para que concrete uno de los compromisos establecidos en su Plan Estatal de Desarrollo, el contar con un registro público de conductores del transporte público, no obstante sus esfuerzos han sido insuficientes.
Aunque desde el 22 de noviembre de 2017 los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron de urgente y obvia resolución un punto de acuerdo para lograr este objetivo, su petición no ha sido atendida.
En una decena más de propuestas para modificar y hacer más estricta la Ley de Transporte del Estado, los diputados también han fracasado. Aunque han propuesto que se establezca que las concesiones del transporte público se entreguen únicamente a trabajadores con experiencia probada, de nacionalidad mexicana, que acrediten estar registrados en el padrón, todo se ha quedado en estudio.
La comisión de Transporte también retiene una iniciativa que coloca como causa de cancelación de una concesión el que el conductor de una unidad esté involucrada en un hecho que involucre la pérdida de vidas humanas.
La priista Eva Méndez Luis propuso que entre los grupos beneficiados con el descuento en el transporte público se incorpore a niños de entre tres a seis años de edad. Tampoco estas propuestas fueron puestas a consideración del pleno.
La diputada Candelaria Cauich presentó una iniciativa para que sea obligación de la Secretaría de Movilidad acreditar que las unidades del transporte público aprobaron la verificación de gases contaminantes y retirar de circulación las unidades que hayan superado su etapa de vida no contaminante.
