La Cámara de Senadores de Argentina rechazó la madrugada del jueves un proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto y echó por tierra una iniciativa ya aprobada por los diputados, en medio de una amplia controversia que dividió por meses al país.
La norma, que tuvo 38 votos en contra y 31 a favor, garantizaba la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema público de salud de manera gratuita, algo que actualmente está permitido solo en casos de violación y de riesgo para la embarazada.
La Cámara de Diputados aprobó la norma en junio, con votos de diferentes partidos políticos, pero tras el rechazo del Senado -donde hay un predominio de representantes de provincias con fuerte influencia de la Iglesia Católica- el proyecto perdió validez.
La iniciativa generó división en la sociedad y dentro de los principales partidos políticos del país.
Esto quedó en evidencia el miércoles, cuando una gran cantidad de manifestantes con pañuelos verdes, que simbolizan la defensa de la legalización del aborto, ocupó las calles de los alrededores del Congreso a pesar de la lluvia. A pocos metros, una multitud con pañuelos celestes pedía al Senado que no aprobara el proyecto.
El debate fue intenso dentro del Congreso, donde los críticos de la legalización del aborto dijeron defender la vida humana desde su concepción, por momentos con posturas extremas.
“Hay algunos casos en que la violación no tiene la configuración clásica de la violencia sobre la mujer (…) por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia”, dijo Rodolfo Urtubey, un senador de la provincia norteña de Salta, para justificar su posición en contra del aborto legal.
Los impulsores de la norma argumentaban que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad maternal en Argentina y que las mujeres de bajos recursos son las más expuestas a realizar esos procedimientos en condiciones insalubres.
“El aborto legal, seguro y gratuito es la única forma de terminar con la muerte de más mujeres con embarazos no deseados”, dijo el miércoles en el recinto el senador opositor Pedro Guastavino, de la provincia de Entre Ríos.
Dentro de América Latina, solo Cuba y Uruguay permiten a las mujeres decidir la interrupción del embarazo y que el sistema de salud público lo contemple.
