Representantes de al menos 30 localidades y 30 organizaciones civiles que se conformaron para manifestarse contra la instalación de empresas mineras en Oaxaca, anunciaron la realización de un juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.
Autoridades municipales y agrarias que integran la Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería, informaron que este juicio se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre de 2018, en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.
Omar Hernández, habitante de San Pablo Guilá, comunidad que por años se ha pronunciado en contra de la explotación minera, explicó que a través del juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado.
“El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto”.
“Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria”.
Dieron a conocer que actualmente en el país se encuentra concesionado el 30 por ciento del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos mineros.
Detalló que en el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). “Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente”.
Los representantes de las asociaciones civiles y autoridades, informaron que debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras).
