En conferencia de prensa, Yesica Sánchez Maya detalló que existen varios casos de defensores criminalizados y detenidos arbitrariamente, por lo que organizaciones civiles, indígenas y sociales piden a Andrés Manuel López Obrador atender el tema.
Enfatizó que uno de los temas centrales que plantea la agenda del movimiento social en Oaxaca es la libertad inmediata e incondicional de los activistas y defensores de derechos humanos.
La libertad de defensores, víctimas de prisión injusta y motivada por su labor, se vuelve una de las demandas centrales de este movimiento, prácticamente todos ellos cuentan con Opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, recomendaciones de la CNDH, explicó.
Lamentó que pese a los distintos pronunciamientos de respaldo a los casos por parte organismos internacionales protectores de derechos humanos, hasta el momento no han sido liberados.
Enfatizó que el régimen priista deja como daños irreparables la muerte, desaparición forzada y detención arbitraria de decenas de personas que ejercían la digna labor de defensa de los distintos derechos de los pueblos indígenas.
Subrayó que llevan tiempo padeciendo procesos jurídicos viciados, aletargados para prolongar con ello un “castigo de Estado”, con actuaciones fuera de toda legalidad por parte de la PGR, jueces federales, Fiscalía del Estado de Oaxaca y Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Luego de anunciar la conformación de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, exigió justicia para 33 personas defensoras de DH criminalizadas en el estado.
Entre ellas Damián Gallardo Martínez (Opinión ONU nº 23/2014), Librado Baños Rodríguez (Opinión ONU nº19/2015), Enrique Guerrero Aviña (Opinión ONU nº55/2015), Pablo López Alavez (Opinión ONU nº 23/2017), Norma Cleyver Cruz Vázquez, Wiliam García Méndez, Nicaso Zaragoza Quintana.
Rechazó la posibilidad de una amnistía o un indulto para alcanzar la libertad, contrario a ello piden una revisión exhaustiva a la luz de la serie de actuaciones viciadas y corruptas por parte del sistema de procuración de justicia, lo cual se traduciría en retirar la línea política de Estado que está sobre sus expedientes y actuar conforme a derecho para lograr su libertad.
Sánchez Maya pidió la liberación inmediata, cancelación de los procesos arbitrarios y reparación del daño causado a los mismos, tal como lo señalan las diversas opiniones de Naciones Unidas emitidas en cada uno de los casos.
Urgió al presidente electo y a su equipo de transición a que se coloque como agenda de prioridad inmediata la puntual atención a la situación de los defensores de derechos humanos del Estado de Oaxaca que se encuentran en situación de cárcel.
