Para el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C Capítulo Oaxaca, Jorge Eduardo Franco Jiménez, las deficiencias del Estado Mexicano en materia de seguridad, la cual debe estar a cargo de las policías, generó la Ley de Seguridad Interior con sus consecuencias.
Durante la reunión mensual con los agremiados a la organización de profesionistas en Oaxaca, destacó que la Ley de Seguridad genera temor desde su entrada en vigor, misma que se puede impugnar, siempre y cuando la afectación sea directa.
Enfatizó que los estados no están capacitados en materia de seguridad pública, ni tienen la capacidad para hacer frente a las demandas ciudadanas en dicho rubro, de donde surge la norma.
Consideró que a pesar de la propaganda y discursos oficiales, la ley citada no supera el tema de inconstitucionalidad material que fija el marco constitucional de que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Aunado a que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél” y la que prevé que excepcionalmente los Poderes de la Unión tienen el deber de “proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior” o “de sublevación o trastorno interior”, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.
Por lo cual, señaló que “la regulación constitucional y la autorización que da la ley a las fuerzas armadas para intervenir en asuntos civiles o políticos vinculado con facultades de espionaje y contraespionaje no se ubica en ninguno de los supuestos constitucionales mencionados que legitime incorporar a las fuerzas armadas en asuntos de política interior, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la carta fundamental”.
Concluyó que la falta de una adecuada seguridad obliga al Ejército a estar en las calles e incurrir en violaciones a los derechos humanos.
