Luego de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que junto con cuatro organizaciones de la sociedad civil de la entidad, exigieron el año pasado a la Secretaría de Gobernación, entonces comandada por Miguel Ángel Osorio Chong, la activación de una alerta de género por agravio comparado para el estado, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Congreso local tiene hasta el próximo 22 de mayo para resolver si se acoge al informe del grupo de trabajo para atender la solicitud que le fue enviada casi seis meses atrás por dicha instancia nacional dependiente de la Segob.
Lo anterior fue dado a conocer por Ingrid Tapia Gutiérrez, reconocida abogada y asesora de la organización Red Familia a nivel nacional, en su visita al estado para ofrecer una conferencia magistral en instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.
En dos tiempos, primero en las instalaciones de El Imparcial, y después, tras la citada conferencia, la especialista en derecho civil, constitucional y electoral, dijo que dicha alerta no es la más adecuada para la entidad, por lo que pidió a los diputados que antes de contestarla y aprobarla teniendo como fecha límite el 22 de mayo, la revisen y analicen con mucho cuidado.
Al considerar que esta alerta que se pretende implementar en Oaxaca, da entrada a normas como la despenalización del aborto, dijo que los oaxaqueños deben estar preocupados “porque el país vive la amenaza más grande de la vida desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México hace 19 años”.
“Es el peor atentado que se haría contra la familia si el Congreso de Oaxaca aprueba la alerta de género por agravio comparado”, afirmó.
La solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Oaxaca, fue presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. GESMujer, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Grupo de Mujeres 8 de Marzo, AC, y Casa de Gestón Juana Cata Romero, AC, el 3 de julio de 2017, y admitida por la Comisión el 6 de julio de 2017.
“Una ofensa contra el estado”
“Ni el presidente de México ni Osorio Chong ni cinco asociaciones ‘patito’ pueden venir a decirle al gobernador, a los diputados del Congreso, cómo deben o cómo no deben hacer sus leyes; es una ofensa que vengan a querer burlar un candado legislativo, de proceso formal de creación normativa, escudándote en una recomendación de la Conavim”, expresó por la mañana la también excatedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Para Ingrid Tapia, el fundamento básico de su enojo está en lo logrado por el estado, que junto con 18 entidades federativas más de la República Mexicana, se opuso al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y decidió modificar su Constitución para elevar el derecho a la vida a rango constitucional, desde la concepción hasta la muerte natural en el estado de Oaxaca, lo que para ella es un “candado de proceso legislativo”.
En dado caso, que el Congreso local determine no acogerse a las recomendaciones que emitió la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, aclaró Ingrid, se declara entonces la alerta de género por agravio comparado, lo cual no es vinculante, es decir, no es obligatorio ni para el gobernador ni para el Congreso ni para las instituciones acatarla.
Más bien, dice, es un mensaje político, “gobernador, haz lo que yo te digo; Congreso haz lo que yo te digo, o te trueno una alerta y te expongo, te impongo un costo reputacional a tu gestión, que es inmerecido”.
“Técnicamente –reitera-, no existe una obligatoriedad formal, lo que tiene una alerta de género es un costo reputacional al gobierno”.
En sus términos, la define como un “mecanismo administrativo, articulado por la Conavim y la Secretaría de Gobernación, para lograr que en un determinado micro sistema jurídico una norma discriminatoria sea expulsada”.
“Un reglamento no puede estar encima de una ley, y esto es exactamente, la pretensión de una alerta de agravio comparado, el gobernador puede negarse, el Congreso debe hacerlo.
-¿Qué pasa si no lo hacen, si no atienden la recomendación?, -se cuestiona ella misma.
-Pues se decreta la alerta, -responde.
-¿Y?, ¿y?, ¿y?, -concluye.
