Gran polémica ha ocasionado la brutal agresión de la que fue víctima una menor de tan sólo 20 meses de nacida que fue violada y asesinada, al parecer, por su tío político, un hombre de 30 años de edad.
Se trata de la pequeña Ámbar Lazcano, quien fue ingresada con graves lesiones el sábado en el Hospital de San Camilo, en la ciudad de Los Andes, a 78 kilómetros, al norte de Santiago, por Andrés Espinoza Aravena, tío político de la niña, quien aseguró a los médicos que la niña se había caído.
Sin embargo, la menor falleció en el nosocomio y tras examinarla, los médicos determinaron que había sido víctima de agresión sexual, lo que habría provocado su muerte. Claudio Rodríguez, Gobernador de San Felipe, la zona donde ocurrieron los hechos, incluso manifestó que los médicos que atendieron a la niña deberán recibir atención psicológica, pues quedaron “muy afectados emocionalmente”.
Según lo reportado por el medio 24 Horas, Espinoza Aravena es pareja de la tía biológica de la niña, quien la tenía bajo su cuidado, y a su hermana mayor, por orden del Servicio Nacional de Menores (Sename), pues la madre de la menor no podía cuidarla, al parecer, por un problema de drogas.
Por su parte, el medio local Canal 7 Televisión Nacional, entrevistó a un tío de la menor, identificado como Ignacio Pérez, quien declaró que Andrés Espinoza era un hombre muy violento “y que todos los sabían”.
Ignacio Pérez también manifestó que él estaba peleando la custodia de la niña y acusó al Sename de no darle la custodia por ser homosexual.
Desde el fallecimiento de la pequeña Ámbar, Andrés Espinoza fue detenido como el principal sospechoso de las graves lesiones que la menor presentaba y ha quedado en prisión preventiva ante exigencias ciudadanas de cadena perpetua e incluso de restablecer la pena de muerte en el país.
El medio de comunicación El Correo citó al Fiscal Ricardo Reinoso, quien precisó que la pena para Andrés Espinoza por el delito de violación con homicidio va desde presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. Esta última no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años.
En Chile, más de la mitad de las víctimas de violencia sexual son menores de 14 años
