Tras la detención del activista Roque Coca Gómez, seis organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron al estado no criminalizar la actividad en Oaxaca.
Organización para la Defensa de una Educación Alternativa (Educa)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Frente de Defensa de Derechos Humanos, recordaron que en 2006 en el contexto del movimiento social, dicha persona fue apresado por pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y, posteriormente, en 2015, por participar en una manifestación contra la reforma educativa.
Lamentaron que agentes de la Policía Federal hayan ingresado a su domicilio sin orden de aprehensión ni de allanamiento, lo cual es una clara violación a los derechos humanos.
Urgieron el establecimiento de las responsabilidades penales que correspondan a los servidores públicos que estén implicados en ella.
Asimismo, demandaron a los gobiernos estatal y federal garantizar el efectivo cumplimiento de la Opinión 17/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.
En el mismo sentido, solicitaron cesar el hostigamiento al movimiento social oaxaqueño, y establecer garantías para el ejercicio libre de la manifestación.
Pidieron garantizar la protección necesaria a las personas defensoras de derechos humanos, obligación gubernamental conforme a los distintos instrumentos ratificados por el Estado.
Roque Coca Gómez estuvo procesado bajo la causa penal federal 30/2015 del Juzgado Tercero de Distrito y fue absuelto por resolución de tribunal colegiado.
Alertaron que la detención de Roque Coca Gómez se da en un contexto de creciente violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.
Recodaron que en febrero pasado fueron asesinados tres integrantes del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), en una emboscada después de acudir a una reunión gubernamental.
Sumado a que durante el presente año se han documentado al menos cuatro allanamientos a domicilios de activistas, sin fines de robo; a principios de marzo, servidores públicos rociaron con ácido a participantes en una manifestación, también ha aumentado el hostigamiento mediante vigilancia con drones, espionaje, inicio de procesos judiciales, órdenes de aprehensión y difamación en contra de quienes conforman el movimiento social de Oaxaca, expusieron.
A la par, las autoridades se han negado sistemáticamente a investigar y sancionar las agresiones a defensores, tanto en el sistema jurisdiccional como en el no jurisdiccional, detallaron.
De paso, criticaron la sistemática negativa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y del gobierno del estado para establecer medidas de protección a personas defensoras bajo riesgo.
El activista forma parte de los 25 detenidos el 7 de junio de 2015 –por los cuales el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Opinión 17/2016 (aprobada el 26 de abril de 2016, en el 75° periodo de sesiones), calificando como arbitraria la detención.
