Legisladores locales y abogados coincidieron en la necesidad urgente de no polarizar el caso del menor Edward y permitir que la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el Poder Judicial, sea lo que determine las conclusiones.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura local, Horacio Antonio Mendoza, tanto los padres del menor requieren de un fallo imparcial y justo, como el profesional médico que permanece bajo prisión preventiva.
Y es que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el presunto responsable del homicidio doloso podría recibir una pena corporal que va de los 8 a los 20 años de prisión, derivado de la muerte del infante, cuando era sometido a una cirugía en una extremidad (brazo).
El legislador añadió que el tema ha generado el reclamo de justicia por parte de los familiares, al pedir al Poder Judicial del estado se dicte una sentencia justa para no permitir mayores casos de impunidad.
Sin embargo, también la comunidad médica se ha pronunciado al respecto, dado que profesionales de diversos colegios mostraron su apoyo al traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, L.A.P.M.
Antonio Mendoza añadió que ambas posturas son entendibles, pero en ningún momento deben influir en la determinación del juez que lleva la causa penal, ante lo que el poder Legislativo permanecerá vigilante.
A su vez, el abogado Gustavo López, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), detalló que el juzgador deberá demostrar y sostener la tipificación del delito, el cual tiene en prisión al médico.
Detalló que “una persona comete dolo eventual cuando sabe del riesgo que corre una persona ante ciertas circunstancias y no toma las medidas debidas para evitar un mal o un daño a las personas”.
En el argumento de la FGJE, sostiene que el profesional tenía conocimiento de que la clínica en la que se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico no contaba con la unidad de terapia intensiva.
Por lo que ahora tocará a la defensa y a la parte acusadora demostrar con argumentos la responsabilidad en la cual incurrió el galeno y tener una sentencia, calculada por la propia autoridad en unos meses más, indicó.
Por su parte, a través de un comunicado, el Consejo Médico de Ortopedia y Traumatología, demandó la liberación del médico y rechazaron los señalamientos en su contra por parte de la FGJE.
“Reprochamos cabalmente los hechos imputados a su persona y a la determinación de dictaminar un hecho doloso, no podemos aceptar ni entender una imputación como tal con las determinantes expuestas por el juez y mucho menos aceptar la orden de aprehensión, puesto que nuestro compañero no es un criminal”, citaron.
Mientras que la Fiscalía reveló que en la autopsia realizada al menor fallecido, se localizaron dosis altas de lidocaína, sustancia que no había sido reportada por el médico y la anestesióloga.
Y cuya sustancia habría ocasionado la falla múltiorgánica que provocó el deceso del menor de edad, estos elementos de prueba se encuentran en el expediente que fue analizado por el juez para dictar la orden de aprehensión y la posterior vinculación a proceso.
El Colegio de Traumatología demandó la retipificación del delito, por el cual ha sido detenido y vinculado, “dado que ningún doctor actúa con dolo al momento de atender a algún paciente, sino que siempre se trabaja con la intención de ayudarle a mejorar su salud, por lo que no puede considerarse que hay habido dolo por parte de los médicos”.
Solicitó que sea liberado para que lleve su proceso jurídico en libertad, toda vez que no es una persona peligrosa para la sociedad, además de que es urgente que regrese a su trabajo, pues dijo tiene pacientes de escasos recursos económicos a los que apoya de manera constante.
