Urge hacer realidad que cada peso que paguen las empresas mineras por la explotación de los recursos naturales, 20 por ciento se quede en la Federación, 30 por ciento en los estados y el 50 por ciento en los municipios, destacó Carlos Guzmán Gardeazábal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
De manera legal, existe esta obligación de las empresas de traducir su intervención también en beneficio de los municipios, porque se tiene la paradoja de empresas poderosas en municipios pobres que no ven el reflejo en ese territorio municipal de esta inversión tan importante.
La creación del Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec que conectará el litoral del Pacífico con el Golfo de México, es parte de la estrategia para un progreso integral de los oaxaqueños, indicó.
Aunado a ello, el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca, debe apuntalar la visión integral de desarrollo que ha planteado la Federación para el sureste mexicano, en especial por Oaxaca.
El Fondo Minero que es producto de la reforma fiscal para modificar la Ley de Derechos, busca que las empresas mineras aporten un porcentaje de la extracción de metales para traducirlo en obras de bienestar en los municipios donde se lleva a cabo esta labor económica.
Este órgano colegiado integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de las comunidades agrarias y de las empresas mineras, tiene la encomienda de definir la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
De acuerdo con el ranking nacional de producción de minerales metálicos, Oaxaca ha logrado avanzar 10 posiciones, así como 13 lugares en la producción minera del país, para ubicarse como el noveno estado en la producción total.
