El grupo que representó a los 321 socios del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas, durante el periodo 2015-2018, y que culminó su gestión el pasado 6 de febrero, acudió a las instalaciones de EL IMPARCIAL para dar a conocer que la única asamblea con validez procedimental y estatutaria para elegir a sus sucesores es la que se llevará a efecto el próximo viernes 16 a las nueve de la mañana en su sede sindical.
Encabezados por Guadalupe Bautista Herrera, exsecretario general, el grupo expuso que lo difundido en algunos medios y que circuló en las distintas áreas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el sentido de que en asamblea se había elegido a un nuevo comité para el periodo 2018-2021, el cual sería liderado por Miguel Esteva Domínguez, es producto de un acto “netamente fraudulento”, en el que habrán participado no más de 60 de los 321 socios agremiado a este sindicato.
Junto con Florinda Moreno Heredia y Paula Fructuoso Santos, exsecretarias del Interior y de Administración y Finanzas, respectivamente, del mismo comité saliente, Guadalupe Bautista entiende todas estas acciones como parte de una intención facciosa de un grupo de personas, de apoderarse del sindicato con fines personales y para su reducida colectividad. “Lo hemos visto en el poco tiempo que han tenido acceso a la institución o en sus centros de trabajo, el desempeño de sus actividades, y la manera en cómo se han conducido”.
Acusó incluso que se corre el riesgo de que regresen “algunas vicisitudes” de las que se percataron en la administración del Tribunal que presidió el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, “que se vio envuelta en muchas circunstancias de corrupción. Nosotros pudimos percatarnos con distintas situaciones que vivimos, como en 2016 cuando nos violentan nuestros derechos y pretenden privarnos de prestaciones, tuvimos que expresarnos al exterior de Ciudad Judicial, juzgados penales, juzgados civiles, juzgados familiares, con el fin de restablecer nuestras prestaciones perdidas”.
“Consideramos que él (Lagunas Rivera) tiene metidas las manos en cierto sector (del sindicato), (porque) desde entonces se dedicó a golpear, siempre interesado en dividir al sindicato, en desestabilizar”, abundó.
Y ejemplificó que en su gestión al frente del TSJ, “cuando nosotros nos fuimos a una movilización, gente de él, clarito, gente de él, impidió que nosotros nos manifestáramos. Consideramos que esa misma gente que se coludió en distintos actos de corrupción, es la que está engañando y sorprendiendo a un sector pequeño”.
De este grupo que viene trabajando con el extitular del Tribunal, en esos afanes desestabilizadores y de confrontación, Guadalupe Bautista y sus compañeras identifican, además de Miguel Esteva Domínguez, a Irma Silva García, Teresa Ileana Galván Mendoza y Abigail López Díaz, quienes serían también integrantes del nuevo y, según ellos, autoproclamado comité sindical.
Por lo que hacen “un llamado a la base trabajadora, para que no se deje sorprender; que no perdamos la inercia que llevamos de beneficios; y mantener el seguimiento que tenemos en el Congreso (local) para una revisión de las estructuras normativas que le dan vida a ciertos entes, como en este caso ciertos organismos del Poder Judicial que no cumplen ninguna función pero que sí erogan fuertes cantidades de dinero, y eso hace que las prestaciones todavía no estén al alcance de la base trabajadora”.
Respaldo a Bolaños Cacho
En este sentido, “el de la inercia de beneficios”, dan su respaldo a la actual administración del magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, que inició el presente mandato al frente del TSJE en marzo de 2017, donde “hemos visto paulatinamente un regreso al orden, y han pasado ya algo así como 11 meses, pero consideramos que han sido notorios (los cambios), se han reconstruido ciertas áreas, luego se remodeló el Cendi de Constitución y los juzgados, primero, segundo y tercero familiar; (además) se han remodelado los centros de Justicia de Tuxtepec, y están a punto de arrancar el de El Espinal, el de Miahuatlán y el de Huajuapan”.
De los “organismos que no tienen razón de ser”, Guadalupe Bautista citó la Central de Actuarios, por lo cual “se hizo un escrito para su desaparición, como las 200 bases que el magistrado Lagunas Rivera otorgó en 2016; y a nosotros nos engañó, que había un decreto de austeridad, (por lo que) nosotros presentamos un oficio para efecto de la revocación; se nos informó que fueron 60 bases revocadas, y nos sentimos satisfechos de haber luchado por nuestro Poder Judicial”.
Respecto de las 200 bases, más allá de las fuentes de empleo creadas, el exdirigente sindical señala que “es malo tener una plantilla de personal que no se requiere y generar un gasto presupuestal”.
Incluso, agrega, “se decía que el año pasado el recurso presupuestal solo alcanzaba para julio y que en este año hasta agosto”. Es en esa argumentación, “de que la cobija no alcanza para todos” (entrecomillado del autor), donde recae la justificación contra ese gasto extraordinario.
“Hay muchísimo personal que no se requiere, pero sobre todo que no cumple con una carrera judicial, podemos tener a compañeros que estuvieron cinco años en confianza, eventual, pero de repente apareció gente con confianza definitiva, que nunca pisaron un espacio de trabajo”, señala.
El miedo que los mueve
Su temor y por lo que están llevando a cabo su activismo a favor de la democracia sindical, arguyen, es “debido al antecedente de dos asambleas, el 9 de mayo y el 9 de junio (del año pasado), para sancionar a un compañero del sindicato, y vimos un comportamiento igual el 6 de febrero, donde un sector no entró a la asamblea, y convocaron por su lado en la calle, cuando en la asamblea, que no se instaló como tal, se tomó el acuerdo de que se llevara a cabo la asamblea general ordinaria el 16 de febrero a las nueve de la mañana”. Es decir, en estos tres rompimientos al interior del sindicato han participado siempre las mismas personas como protagonistas. Ese es su temor.
Y agrega Bautista Herrera: ¿Qué es lo que nosotros creemos?, que la gente está polarizada con distinta información que le lleva a titubear de si comparecen o no.
Sin dirigencia sindical
Después de la del 6 de febrero que rompieron los que se juntaron dos días después, en esa “asamblea”, dicen, “utilizaron nuestras firmas, inventando una asamblea, a espaldas de la base, pretendiendo autoelegirse la mayoría de ellos; de hecho se eligieron todos ellos en una dirigencia que la base trabajadora nunca se enteró”.
Cubriendo el procedimiento, recuerdan los pasos llevados hasta ahora para el cambio de dirigencia sindical, “el 1 de febrero convocamos a asamblea para el 6 de febrero, se le dio la publicidad debida, esperamos, llegó el número de personas suficientes, pero nuevamente manipulados (un grupo) no entró, con el pretexto de que el secretario de Actas no llegó a recibir las firmas, cuando el estatuto prevé la circunstancia cuando alguno de los secretarios falte, con ese pretexto desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde, nunca entraron”.
En sus estatutos, dicen, no hay planillas, no hay candidatos, las asambleas electivas tienen el carácter resolutivo y ahí se determina el nuevo comité sindical.
Oficinas tomadas
En este momento, las oficinas de la avenida Universidad en el fraccionamiento Nuestra Señora de la colonia Cinco Señores, están en posesión del grupo de Miguel Esteva, señalan, y relatan los hechos: “el día 6 como a las tres de la tarde, los compañeros irrumpieron en las oficinas sindicales, y se posicionaron de ellas, se establecieron como en asamblea permanente, ese equipo de 60 compañeros, ellos convocaron a una asamblea el 8 de febrero, a la cual no acudió mucha gente de nuestra base, ahí a puerta cerrada ellos eligieron un comité, sin el quórum y sin la presencia de nosotros”.
“Desde ese momento -agregan-, circula entre nuestras áreas el nuevo comité que encabeza Miguel Esteva Domínguez, que se ostenta de manera fraudulenta como nuevo secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado e Instituciones Conexas”.
Sin embargo, confían en que la Junta de Arbitraje para los Empleados de los Poderes del Estado (Jaespo), que depende de la Secretaría General de Gobierno (Segego), no les entregará la toma de nota, “desde luego que nuestras firmas están en tela de duda, porque si ya con el acto que hicieron de destituirnos y donde presentaron listados de asamblea anteriores por parte del secretario de Actas y Acuerdos, no dudamos que vuelvan a hacer lo mismo, ese es el temor, esa es la molestia de la base que no está conforme que nos impongan un representante sindical a espaldas de nosotros”.
“Nosotros confiamos en las autoridades, apegados a la modalidad procedimental, para que nuestra convocatoria vaya apegada y podamos realizar nuestra asamblea el 16 de febrero, pero por decisión de la base no por imposición de unos cuantos”, concluyó Guadalupe Bautista.
