Vomitada casi le cuesta la vida en Hacienda Blanca

Un joven aparentemente ebrio que no alcanzó a vomitar afuera del taxi, fue salvajemente golpeado con bates por el conductor y otros compañeros.
La agresión ocurrió poco después de las 23:00 horas en Hacienda Blanca, justo frente a los arcos.
El reporte dado al centro de emergencias 911, movilizó a elementos policiacos y a grupos de rescate hacia la zona poniente, sobre la carretera federal 190.
Integrantes del grupo voluntario de socorristas Saver llegaron enseguida al apoyo del hombre, quien se encontraba tirado, boca arriba sobre el pavimento, notablemente golpeado.
De acuerdo con las primeras versiones, la víctima identificada como Alberto, vecino de la colonia Moctezuma, perteneciente a San Martín Mexicápam, fue golpeado despiadadamente por varios taxistas de la ruta foránea.
Supuestamente todo inició cuando Alberto, al hacer uso del automóvil de alquiler se había vomitado en el interior del vehículo, lo que molestó al chofer, mismo que pidió auxilio a sus amigos ruleteros.
Según testigos, el joven fue atacado con bates en varias ocasiones hasta derribarlo.
Luego de valorarlo, rescatistas lo canalizaron al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, donde horas después fue dado de alta.
Es probable que ayer al amanecer el ofendido acudiría ante el agente del Ministerio Público, para denunciar la cobarde agresión por el delito de lesiones en contra de quien o quienes resulten responsables.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.
Las leyes en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.