Votan por el PRI, por el PAN o por el PRD, incluso por Morena, algunos han experimentado con la alternativa de no votar o decidir colectivamente el voto, en ellos está en juego alrededor del 30% del total de cada elección y, de acuerdo con especialistas, el voto de sus pobladores está disponible para “el mejor postor”. Son los municipios de usos y costumbres, 417 ayuntamientos que han roto la lógica de los partidos políticos, sus tiempos, estructuras y que generan cada tres o seis años un alto nivel de abstencionismo.
Sus nombres se inscriben en la lista de municipios más relevantes histórica y económicamente del estado –Guelatao de Juárez, Huautla de Jiménez, Santa María Chimalapa, Santa María el Tule, Teotitlán del Valle–, otros cuentan con menos de mil habitantes y sería difícil para la mayoría de la población identificar a qué región perteneen –Abejones, San Bartolo Yautepec, Taniche, Santo Domingo Nuxaño, San Andrés Yaá, San Bartolomé Yuacaña-.
Los elementos de sus elecciones son tan diversos como las culturas de la entidad. Votan cada uno, dos o tres años, con o sin papeleta, con o sin mampara para ocultar su decisión, algunos a mano alzada.
– ¿En 2018 Son un botín para el Partido Revolucionario Instititucional o para cualquier partido que esté en el gobierno?
– No, es un bastión para el mejor postor, dependiendo de los instrumentos de comunicación, de las estrategias de cómo llegarles, por ejemplo, Huautla de Jiménez, un municipio priista de antaño, ya van dos veces que gana Morena, -asegura César Morales Echeverría, presidente del Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Oaxaca (CAMPO).
La ruptura de la lógica partidista
En 1995, con un trabajo inédito en el país, el Congreso del estado promulgó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO), para evitar que los municipios de mayoría indígena tuvieran que estar registrados bajo las siglas de un partido político para elegir a sus autoridades.
“Para nosotros fue interesante promover y defender que estas autoridades, que estos municipios, no tuvieran que elegir un color para tener registrada su planilla o su cabildo al Congreso del estado, a finales del 93, principios del 94, a raíz del movimiento zapatista, se generó una oleada de intereses de distintos actores, principalmente de comunidades indígenas, para promover que se les reconociera como municipios de usos y costumbres”, explica Morales Echeverría, integrante de CAMPO, una de las organizaciones que promovió la iniciativa legislativa.
“El que se les permitiera elegir sin necesidad de utilizar el color de un partido político trastocó la estructura electoral que en aquellos años se tenía, los 570 municipios se tenían que registrar bajo el régimen de un partido, no importa si ahí no estaba trabajando, caían en las manos de quien les ofrecía una perspectiva mejor, se iban principalmente por el color tricolor, a partir del 95 se viene un bajón importante en el número de votantes en estos municipios”, agrega.
La organización CAMPO participó en 1994 como observador electoral de los comicios presidenciales, “no nos agradó lo que vimos, no nos agradó revisar lo que existe de normatividad, no nos agradó ubicar que el fraude, la manipulación del voto, se puede hacer de mil maneras y no existen argumentos metodológicos ni respaldo jurídico que permitan denunciarlo, va más allá de vigilar el voto, sino la consciencia de las personas”. 
Desde entonces, asegura, estos municipios se enfrentan en los comicios federales a una contradicción, a un sistema que es incompatible con su vida interna y a una relación desigual con los partidos políticos y el gobierno.
“¿Qué es lo que ha cambiado?, que hay mayores recursos, hay mayor influencia institucional por debajo del agua, tengo 30 años en CAMPO, de dialogar, gestionar con el gobierno, con los municipios y hemos visto con claridad cómo se manipula el apoyo de los programas en las comunidades, pero no existe por parte de las autoridades, en este caso de los presidentes municipales, la voluntad de denunciar porque forman parte de ese proceso de corrupción.
“Les llega Prospera y la gente hoy en día está esperando cada dos meses los recursos, han dejado de sembrar maíz, de recolectar, de cuidar sus recursos, porque hoy se la pueden vivir con los pocos recursos que llegan de los programas oficiales, una amenaza de que no habrá Prospera, no habrá Oportunidades, afecta. Hoy hay un mayor andamiaje para gestionar la manipulación”.
La venta del voto
En las comunidades de usos y costumbres, principalmente en las de mayor marginación, el voto es fácil de comprar, por dos razones: primero, porque los pobladores no reconocen que el estado social y económico del país -la aprobación de la ley de seguridad interior, las subidas de precios de básicos y combustibles-, esté vinculado con la decisión que hicieron el día de las elecciones; segundo, al no entender está relación entre voto y acción del gobierno, ven en la obtención de 500 pesos o en alguna prebenda, un tinaco o un bulto de cemento, un beneficio real “que no los representa una pérdida”, asegura el sociólogo Manuel Garza Zepeda, del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO.
Asimismo, agrega, la vía electoral para estas comunidades, muchas organizadas para defender su territorio, sus recursos o su identidad indígena, son una alternativa menor para su proyecto.
“¿Qué significa la vía electoral? Significa, en el fondo, la idea de que cada uno de nosotros va a elegir a alguien que nos represente, que tome nuestras decisiones en nuestro nombre, en un sentido actual, los políticos asumen que nosotros los elegimos para que decidan sin que tengan que consultarnos.
“Estas experiencias de defensa comunitaria implican una concepción distinta del sujeto, el individuo se convierte en sujeto de su propia vida, lo que no ocurre en la vía representativa, toma las decisiones que le afectan, las consecuencias de su vida vienen de las decisiones tomadas por ellos mismos, en estas luchas la experiencia es recuperada, esta experiencia no puede ser transmitida”.
No obstante, asegura, esta situación no quiere decir que lo electoral sea irrelevante porque pese a que muchas impulsen proyectos para los cuales son autosuficientes, como el cuidado del medio ambiente o la utilización racional de los recursos, requieren de la participación del Estado para lograr otros objetivos, desde subsistir a través de recursos de programas asistencialistas, así como para mejorar las condiciones generales de su población, desde generar mayor infraestructrura hasta lograr acceso a mayores niveles de educación. “El desafío es articular esfuerzos, entender que hay cosas que podemos resolver y cosas que no podemos resolver, saber que son importantes las decisiones que se están tomando, no es lo mismo que un gobernante decida destinar el 80% del presupuesto a educación, salud, seguridad social o a armas”.
La experiencia comunitaria
A ningún partido le interesa proteger los derechos de los pueblos indígenas. La conclusión es de Emiliano Ignacio Hernández, síndico del municipio de Magdalena Teitipac, localizado en el distrito electoral XVII de Tlacolula de Matamoros, donde se encuentra el 10% del listado nominal del estado. En 2016, en la elección de gobernador, 180 de los votos de este municipio se los dieron al PRI y 122 a Morena. ¿Es un municipio priista? No, estadísticamente es un municipio en donde la abstención es mayoría.
En la elección de gobernador más del 80% de la población rechazó asistir a las casillas y el porcentaje se mantuvo en 2016.
Aquí, asegura el concejal, se cuidan las elecciones municipales, “sabemos que debemos cuidar a quién elegimos como presidente municipal o en el comisariado de bienes comunales”. Ese cuidado surgió a partir de la lucha que mantuvieron en contra de la minera canadiense Fortuna Silver, la compañía que tiene concesiones en 80 mil hectáreas en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.
En 2009, a partir de la muerte de ganado por beber agua que fue contaminada por la minera, una empresa que “empezó a trabajar sin que la gente supiera, empezaron a excavar en el cerro, era día y noche el ruidero, no se podía dormir, luego empezaron los carros a pasar como si estuvieran en la carretera, la gente no estaba acostuumbrada, no sabía ni qué estaba pasando, si no hubieran muerto los animales quién sabe qué hubiera pasado?”, expresa el síndico.
La contaminación del agua inició en 2013, se cuestionó al comisionado, se hizo una asamblea “en donde no cabía un alma” y se le destituyó, “se nombró al comité de defensa de la tierra y la gente le exigió que tenía que hacer algo para que la empresa se fuera”, expresa Hernández, quien fungió como tesorero del comité de defensa de la tierra.
La respuesta del gobierno fue un intento de comprar a la comunidad: “Dijeron ‘qué es lo que quieren’, quieren dinero, les damos dinero pero dejen trabajar a la empresa porque va a generar ingresos, trabajo”.
-¿Había gente del pueblo trabajando en la minera?
-Muy pocos. Eran los que manajeban las máquinas, los tractoristas, era poca la gente, casi la ocupaban como esclavos.
A mediados de 2013, con el apoyo jurídico de organizaciones sociales, la comunidad logró que la minera retirara su maquinaria y se detuvieran por completo los trabajos de extracción. Sin embargo, la concesión fue otorgada por 50 años y en cualquier momento la minera podría intentar ingresar a Teitipec.
“Nos colocaron como autoridades para seguir defendiendo nuestra tierra. La gente pensó, ‘si viene otro presidente y firma de nuevo el usufructo de la tierra va a ser peor, si ustedes cuidaron la tierra síganla cuidando’, por eso estamos ahora como autoridades. Ya van a venir otras gentes en 2018 pero ya saben cuál es el trabajo que se tiene que hacer, cuidar los recursos naturales que le pertenecen a la comunidad. Si estamos bien organizados no van a poder”.
-¿Ven en algún partido un riesgo de que se reactive el proyecto minero u otro que los apoye para defender su territorio?
-La gente está muy bien informada, no hay ningún partido que quiera defender los derechos de los pueblos originarios. Siempre quieren explotarlos de una u otra forma, lo estamos viendo en las reformas de gobierno. La gente ya casi no le cree a los partidos.
