El secuestro virtual, la vigilancia y monitoreo de los actos de promoción política por el proceso electoral local ordinario 2026-2027, así como la obligación del Registro Civil para dar cumplimiento a la inscripción de personas deudoras alimentarias morosas, fueron algunos de los temas que se abordaron ayer en el inicio del periodo de sesiones del tercer y último año legislativo.
En tribuna, ante la mesa directiva, el diputado Iván Osael Quiroz Martínez exhortó a los ayuntamientos de los 570 municipios a implementar y difundir campañas permanentes de información, orientación y prevención sobre la modalidad de extorsión conocida como secuestro virtual, así como los protocolos de actuación, medidas de autocuidado y canales institucionales de denuncia, con especial atención a menores de edad y personas adultas mayores.
Mientras, el diputado Dante Montero exhortó al Consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a fortalecer las acciones de vigilancia de los actos de promoción política, propaganda y difusión, cuando existan elementos que permitan advertir su posible vinculación con la promoción anticipada y/o personalizada de aspirantes a cargos de elección popular.
INVESTIGAR VIOLACIÓN A LA LEY ELECTORAL
En proposición con punto de acuerdo, añadió que ante quejas y/o denuncias o la existencia de indicios que legalmente justifiquen su intervención, investigue de manera pronta, objetiva y exhaustiva las conductas que pudieran constituir actos anticipados de precampaña, además de determinar las sanciones previstas en la legislación electoral.
“Cuando en el ejercicio de sus atribuciones advierta hechos o indicios relacionados con el posible financiamiento irregular de actividades de promoción política anticipada, incluyendo publicidad en redes sociales, propaganda en la vía pública, organización de eventos, traslados, viáticos y contratación de servicios, dé vista oportunamente al Instituto Nacional Electoral, a través de las instancias competentes, a efecto de que se investigue el origen, monto, destino y aplicación de los recursos involucrados”.
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
Durante la sesión, la diputada Liz Arroyo señaló que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una problemática que afecta directamente el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando las personas obligadas a proporcionar alimentos dejan de cumplir con esta responsabilidad.
Por tal motivo, consideró indispensable establecer disposiciones legales que definan con claridad las responsabilidades de las autoridades competentes, particularmente de la Dirección General del Registro Civil, a fin de garantizar que las órdenes judiciales relacionadas con la inscripción de personas deudoras alimentarias morosas sean atendidas sin dilaciones injustificadas.


































