La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una revisión a fondo de las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y lanzó fuertes críticas contra su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a quien acusó de haber “traicionado la confianza del pueblo de México”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que los señalamientos sobre posibles irregularidades en el organismo electoral deben investigarse y que no basta con justificar determinadas decisiones bajo el argumento de que se apegaron a la ley.
Sheinbaum planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise tanto el periodo en que Taddei ha encabezado el instituto como las administraciones anteriores. También pidió ampliar el análisis a los organismos electorales estatales para determinar cómo se han asignado los contratos relacionados con la producción de materiales y documentación electoral.
“Ya que salió esto, pues tiene que investigarse”, afirmó la presidenta, quien reconoció que no le corresponde realizar directamente las indagatorias ni determinar responsabilidades.
La mandataria insistió en que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y establecer si existieron irregularidades en los procesos de contratación.
“HAY QUE DECIRLO ASÍ”: EL SEÑALAMIENTO CONTRA TADDEI
En su intervención, Sheinbaum cuestionó la actuación de la titular del INE en medio de los señalamientos sobre las contrataciones del organismo. No obstante, recordó que Taddei no fue designada directamente por el Poder Ejecutivo, sino por la Cámara de Diputados, mediante el procedimiento de insaculación, conocido como tómbola.
A partir de ello, la presidenta planteó que deben distinguirse las responsabilidades de cada administración y de las personas que participaron en los procesos bajo revisión.
La exigencia, explicó, no debe limitarse a la gestión actual, pues los antecedentes de las licitaciones también son relevantes para entender cómo se han otorgado los contratos a lo largo de los años.
Aunque lanzó acusaciones contundentes, Sheinbaum señaló que corresponde a las instancias fiscalizadoras investigar y determinar si hubo conductas irregulares. En la información presentada no se detallaron nombres de empresas presuntamente beneficiadas ni montos específicos de los contratos cuestionados.
ASF DEBERÁ REVISAR LICITACIONES Y PROVEEDORES
La presidenta identificó a la Auditoría Superior de la Federación como la primera instancia a la que debe recurrirse para examinar los señalamientos. Su propuesta contempla tres líneas de revisión:
- Auditar el periodo en que Guadalupe Taddei ha estado al frente del INE.
- Examinar las contrataciones de administraciones anteriores.
- Revisar la participación de proveedores en los institutos electorales estatales, además de las operaciones del organismo nacional.
Según Sheinbaum, es necesario analizar si determinados proveedores han concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas y si las condiciones de las licitaciones han favorecido de manera recurrente a las mismas empresas.
La mandataria señaló que las auditorías deben realizarse con transparencia y sin limitarse a un solo periodo administrativo. También reconoció que los procedimientos de fiscalización corresponden a las instituciones competentes, por lo que serán estas las que deban establecer las conclusiones a partir de la documentación y las pruebas disponibles.
SHEINBAUM ACUSA A PROVEEDORES DE CONCENTRAR CONTRATOS DURANTE DÉCADAS
Otro de los puntos que destacó la mandataria fue la permanencia de determinadas empresas en las licitaciones relacionadas con la impresión de materiales electorales.
Sheinbaum sostuvo que, durante más de 20 años, se habría consolidado una estructura de contratación en la que algunos proveedores obtuvieron adjudicaciones de manera recurrente. A esas compañías las calificó como “empresas coyotes” e intermediarios, al considerar que las condiciones de los concursos podrían dificultar la participación de otros competidores.
La presidenta ubicó los primeros antecedentes públicos de este problema en 1999 y afirmó que la revisión debe abarcar tanto al INE como a los institutos electorales de los estados.
Sin embargo, durante su intervención no presentó una lista de empresas, cifras de contratos o documentación específica que acreditara las presuntas irregularidades. Por ello, la auditoría planteada tendría que determinar si existieron prácticas indebidas y, en su caso, quiénes serían responsables.
Para Sheinbaum, la prioridad es que las contrataciones se realicen bajo criterios de transparencia y que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada.
PROPONE CREAR UNA EMPRESA DEL ESTADO PARA IMPRIMIR BOLETAS Y MATERIAL ELECTORAL
Como parte de las medidas que considera necesarias para modificar el esquema actual, Sheinbaum propuso crear una empresa estatal dedicada a la producción de papelería electoral.
“Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos”, expresó durante su conferencia.
La propuesta contempla que esta entidad pública produzca la mayor parte de los materiales utilizados en los procesos electorales, con el objetivo de reducir la intermediación y establecer condiciones más claras para el uso de los recursos.
De acuerdo con la mandataria, el nuevo organismo tendría que operar bajo tres principios:
- Precios justos: producir los materiales electorales con costos razonables.
- Transparencia: establecer procedimientos claros para las contrataciones y el manejo de los recursos.
- Supervisión: contar con un consejo de administración que participe en la vigilancia de sus operaciones.
Sheinbaum presentó esta alternativa como una forma de modificar el modelo de contratación vigente y evitar que la producción de materiales electorales dependa de un grupo reducido de proveedores.
La iniciativa, sin embargo, fue planteada como una propuesta y no como una medida ya aprobada o puesta en marcha.
FIDEICOMISOS, SALARIOS Y LIQUIDACIONES TAMBIÉN ENTRAN EN LA DISCUSIÓN
Las críticas de la presidenta no se limitaron a las licitaciones. Durante su intervención también cuestionó otros gastos y prestaciones relacionados con el funcionamiento del INE, entre ellos los fideicomisos, los salarios de altos funcionarios y los proyectos de infraestructura que no llegaron a concretarse.
Entre los ejemplos que mencionó se encuentra la construcción de torres que, según expuso, se había planteado en el pasado, pero que finalmente no se realizó.
También hizo referencia a una liquidación de aproximadamente 10 millones de pesos, cifra mencionada por un reportero durante la conferencia, y cuestionó que determinadas prestaciones se justifiquen únicamente porque están contempladas en la normativa.
“Diez millones de pesos. Ah, pero era legal”, respondió Sheinbaum al referirse al monto.
Después agregó:
“Ahora que no nos vengan a decir que ellos eran los impolutos, ¿verdad?”.
Con estas declaraciones, la mandataria insistió en que el cumplimiento formal de las disposiciones legales no debe impedir que se revisen posibles abusos o decisiones que impliquen un uso cuestionable de los recursos públicos. No obstante, la información expuesta durante la conferencia no incluyó detalles suficientes para identificar de manera independiente el caso específico de la liquidación mencionada.
“NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR”: EL MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Al cerrar su posicionamiento, Sheinbaum vinculó los señalamientos sobre el INE con los principios que, afirmó, orientan su proyecto político.
La presidenta reiteró que no debe existir ninguna sombra de corrupción en las instituciones electorales y sostuvo que las investigaciones deben abarcar también las administraciones anteriores, sin limitarse a los hechos más recientes.
“Nosotros venimos de luchar contra la corrupción y los privilegios”, declaró.
Asimismo, insistió en que, si las autoridades encuentran irregularidades, estas deben reconocerse y atenderse, en lugar de negarlas o justificarlas.
La mandataria concluyó con una frase que resumió su postura frente al caso:
“no mentir, no robar y no traicionar”.
Por ahora, las auditorías y revisiones que solicitó deberán ser realizadas por las instancias correspondientes. Será a partir de sus resultados que podrá establecerse si hubo irregularidades en las contrataciones del INE, qué personas o empresas participaron y si existen responsabilidades administrativas o legales.
