Más de 100 personas permanecerían privadas de la libertad en la región de Tierra Caliente, Guerrero, de acuerdo con una denuncia del sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. La alerta surgió después de que campesinos del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, relataran que compartieron el cautiverio con numerosas personas antes de ser liberados.
La cifra, que hasta ahora corresponde al testimonio difundido por el sacerdote y no a un registro oficial confirmado, pone de relieve la dimensión que podría alcanzar la privación ilegal de la libertad en una región marcada por la disputa entre grupos criminales y las dificultades para garantizar la seguridad de sus habitantes.
De acuerdo con Velázquez, los campesinos fueron secuestrados el 24 de septiembre y liberados el 16 de octubre. Sin embargo, uno de los integrantes del grupo, identificado como Domingo Atanacio Quirino, continúa desaparecido. Mientras que las familias de las víctimas exigen su búsqueda, atención médica y psicológica, así como avances en las investigaciones.
MÁS DE 100 PERSONAS HABRÍAN COMPARTIDO EL CAUTIVERIO
Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el director del Centro Minerva Bello señaló que los campesinos liberados convivieron con numerosas personas privadas de la libertad durante el tiempo que permanecieron en manos de sus captores.
Según su relato, los presuntos responsables trasladaban a las víctimas entre diferentes puntos de Tierra Caliente para dificultar su localización. Los movimientos incluían bodegas, parcelas, ranchos y otros inmuebles, sin que los cautivos permanecieran durante mucho tiempo en un mismo sitio.
“Básicamente donde había operativos los movían, los movían en camionetas y no estaban en un lugar en específico”, explicó Velázquez.
El sacerdote agregó que algunos traslados habrían alcanzado territorio del Estado de México. Lo que apunta a una posible movilidad de los grupos responsables más allá de los límites de Guerrero.
La información difundida no permite establecer la identidad de las más de 100 personas mencionadas. Así como cuánto tiempo llevarían privadas de la libertad ni si todas continúan cautivas. Tampoco se ha presentado, en los datos citados, una confirmación oficial que permita verificar la cifra.
DENUNCIAN UNA ESTRATEGIA PARA EVADIR A LAS AUTORIDADES
Velázquez atribuyó los secuestros a La Nueva Familia Michoacana, organización criminal que, según su interpretación, buscaría ampliar su control territorial en la Costa Grande y la región de Tierra Caliente.
Al describir la dinámica de los operativos de seguridad, el sacerdote sostuvo que los presuntos integrantes del grupo armado cambian de ubicación para evitar los cercos de las autoridades.
“El ejército se pone en un lugar, ellos entran por otro. Entonces, pues están jugando como el gato y el ratón”, afirmó.
El director del Centro Minerva Bello consideró que la presencia de fuerzas de seguridad no ha sido suficiente para impedir los movimientos del grupo criminal. Esto, debido a la amplitud del territorio y a las dificultades para localizar los sitios donde estarían retenidas las víctimas.
También cuestionó la falta de resultados judiciales en el caso de los campesinos de El Balcón.
“Hasta para este punto, pues no existen culpables”, declaró al referirse a la ausencia de personas identificadas o detenidas por estos hechos, según su testimonio.
La denuncia plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para localizar a las personas desaparecidas, identificar a los responsables y evitar que las víctimas sean trasladadas repetidamente para eludir los operativos.
EL BALCÓN HABRÍA SIDO OBJETIVO DE UN INTENTO DE CONTROL CRIMINAL
De acuerdo con la explicación del sacerdote, el secuestro de los integrantes del ejido El Balcón podría estar relacionado con un intento de someter a la comunidad y establecer una posición desde la cual el grupo criminal pudiera operar contra organizaciones rivales.
“Querían tener ahí su base en El Balcón para poder operar de una manera más libre contra sus enemigos”, señaló Velázquez.
El sacerdote explicó que la comunidad mantiene una forma de organización colectiva basada en asambleas y gestiones ante las autoridades. Además, destacó que, a diferencia de otras agrupaciones de autodefensa o policías comunitarias, sus integrantes no utilizan armas, según su descripción.
Desde esa perspectiva, el secuestro habría tenido como posible finalidad debilitar la vigilancia comunitaria. Además de obligar a los campesinos a abandonar sus funciones o presionarlos para incorporarse a las filas de la organización criminal.
La hipótesis sitúa a los habitantes de El Balcón en medio de una disputa territorial en la que, de acuerdo con Velázquez, también estarían involucrados el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales.
No obstante, estas explicaciones corresponden a los señalamientos del sacerdote y deberán ser investigadas por las autoridades para establecer los motivos del secuestro. Así como las posibles responsabilidades penales.
CAMPESINOS LIBERADOS DENUNCIAN TORTURA Y FALTA DE ALIMENTOS
La preocupación no termina con la liberación de los campesinos. En un comunicado fechado el 21 de octubre, el Centro Minerva Bello informó que las víctimas denunciaron haber sufrido golpes, tortura, privación de alimentos y otras condiciones que afectaron su integridad física y psicológica durante el cautiverio.
La organización también advirtió que los campesinos han tenido que cubrir por sus propios medios los gastos relacionados con su atención y recuperación. Sin recibir, según la denuncia, el respaldo institucional necesario.
Estos señalamientos colocan en el centro del caso la obligación de las autoridades de investigar posibles actos de tortura, garantizar la atención especializada a las víctimas y proporcionar medidas de protección para evitar nuevas agresiones.
El impacto de un secuestro no termina cuando una persona recupera su libertad. Las secuelas físicas y emocionales, el temor a sufrir represalias y la incertidumbre por los familiares que continúan desaparecidos pueden prolongar la afectación mucho después del regreso a casa.
Por ello, la organización sostiene que la respuesta institucional debe contemplar tanto la investigación penal como la recuperación integral de las personas afectadas.
RECLAMAN RESPUESTAS AL GOBIERNO DE GUERRERO
El Centro Minerva Bello también cuestionó la atención brindada por el gobierno estatal. Según su comunicado, el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, no acudió a una reunión programada el 21 de octubre con los campesinos liberados y familiares de Domingo Atanacio Quirino.
En representación del funcionario asistió Juan Méndez, delegado de Gobernación en la Costa Grande.
La organización afirmó que el encuentro se limitó a “escuchar y registrar peticiones, sin ofrecer soluciones concretas, compromisos verificables ni una ruta clara de atención a las víctimas”.
Asimismo, señaló a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, encabezada por Enedina Medrano Serrano, por la falta de atención médica y psicológica que, según la denuncia, debió proporcionarse a las personas afectadas.
La situación expone una diferencia importante entre recibir a las víctimas y garantizarles una respuesta institucional efectiva: escuchar sus testimonios es apenas el primer paso si no existen acciones, plazos y responsables para atender sus necesidades.
SEIS EXIGENCIAS PARA LAS AUTORIDADES
Ante la gravedad de los hechos, el Centro Minerva Bello planteó seis demandas al gobierno de Guerrero:
- Búsqueda inmediata de Domingo Atanacio Quirino, con acciones coordinadas y efectivas para localizarlo.
- Atención médica, psicológica y psicosocial especializada para los campesinos que recuperaron su libertad.
- Intervención inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar el acompañamiento y la asistencia correspondientes.
- Una reunión directa con el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, con compromisos por escrito y plazos definidos.
- Investigación diligente de los secuestros y las denuncias de tortura, a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
- Medidas de protección y garantías de no repetición para las comunidades afectadas.
Las exigencias buscan que el caso no quede reducido a la liberación de la mayoría de los campesinos, sino que se traduzca en acciones concretas para localizar a quien permanece desaparecido, atender a los sobrevivientes y esclarecer los delitos denunciados.
LA LIBERACIÓN NO CIERRA EL CASO
El mensaje del Centro Minerva Bello resume el reclamo de las víctimas y sus familias frente a la respuesta gubernamental:
“La liberación de las personas privadas de su libertad no significa que sus derechos hayan sido restituidos ni que las obligaciones del Estado hayan concluido”.
El documento también advierte:
“No basta con que las víctimas regresen con vida. Es obligación del Estado garantizar su recuperación, protección, acceso a la justicia y reparación integral”.
Mientras persiste la incertidumbre sobre Domingo Atanacio Quirino y no se confirma oficialmente la situación de las más de 100 personas que, según el sacerdote, habrían compartido el cautiverio, el caso mantiene abiertas preguntas fundamentales sobre la dimensión de los secuestros en Tierra Caliente.
La prioridad inmediata es establecer cuántas personas continúan desaparecidas, localizar a quienes permanecen privadas de la libertad y esclarecer los hechos denunciados. Para las comunidades afectadas, la seguridad no puede medirse únicamente por la realización de operativos o la liberación de algunas víctimas, sino también por la capacidad de las instituciones para protegerlas, acompañarlas y llevar a los responsables ante la justicia.
