A seis años de la masacre de Huazantlán del Río, familiares de las 15 personas asesinadas en San Mateo del Mar regresaron a las calles para exigir que el caso no quede impune y que las autoridades detengan a todos los responsables que aún permanecen prófugos.
Integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca. Donde dieron lectura a un pronunciamiento en el que reconocieron la sentencia de 220 años de prisión contra Inocencio Irizar Salazar, pero advirtieron que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes.
La organización sostuvo que la resolución judicial representa un avance en su lucha. Esto, luego de años de exigencias, movilizaciones y acompañamiento de colectivos y organizaciones solidarias.
“Esta sentencia representa un avance serio en nuestra lucha contra la impunidad”, expresaron en su comunicado, en el que también reconocieron el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, dejaron claro que el fallo no cierra el caso.
“Este trabajo institucional no ha terminado y debe continuar dado que aún quedan pendientes varias órdenes de aprehensión para los demás responsables”, señalaron.
QUINCE VIDAS ARREBATADAS EN HUAZANTLÁN DEL RÍO
La masacre ocurrió en junio de 2020 en la comunidad de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec. Quince personas —13 hombres y dos mujeres— fueron asesinadas en un contexto de conflictos políticos y comunitarios.
De acuerdo con el comité, las víctimas defendían sus derechos políticos y exigían respeto para los habitantes de su comunidad cuando fueron privadas de la vida.
El crimen dejó familias desintegradas, viudas, huérfanos y padres que perdieron a sus hijos. Seis años después, las consecuencias de aquella jornada continúan presentes entre quienes reclaman justicia y condiciones para regresar a su pueblo sin miedo.
“Hubo un linchamiento que cortó de tajo 15 vidas, dejando huérfanos, viudas, padres y madres a los que les arrebataron a sus hijos”, expusieron los familiares en el documento leído frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal.
Para las víctimas indirectas, la búsqueda de justicia no se limita a conseguir una condena, sino que implica esclarecer la participación de todas las personas señaladas y garantizar que las familias sobrevivientes puedan vivir sin amenazas ni persecución.
UNA CONDENA DE 220 AÑOS, PERO EL CASO NO ESTÁ CERRADO
Uno de los principales puntos del pronunciamiento fue la sentencia contra Inocencio Irizar Salazar, detenido en agosto de 2023 y señalado por el comité como uno de los participantes materiales y promotores de la violencia previa a la masacre.
Según el comunicado, la resolución judicial estableció su responsabilidad penal por los delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio, después de valorar las pruebas presentadas durante el proceso.
La organización informó que la pena impuesta asciende a 220 años de prisión, además de una multa por reparación del daño de 6 millones 689 mil 760 pesos.
El comité también sostuvo que, durante el proceso, la Fiscalía logró acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los delitos. Así como la responsabilidad penal del acusado.
La sentencia representa un resultado relevante para las familias, que durante años han exigido que el asesinato de sus seres queridos no quede reducido a un episodio más de violencia en el Istmo. No obstante, el cumplimiento de la condena y las medidas de reparación deberán seguir los procedimientos legales correspondientes.
SEÑALAN A OTROS PRESUNTOS IMPLICADOS
En su pronunciamiento, el comité acusó a otras personas de haber participado en la organización de la violencia y en una campaña previa de desprestigio contra las víctimas.
Entre los nombres mencionados están Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar. A quienes la organización atribuye responsabilidad en los hechos. También señaló que Rangel González ocupa un cargo en la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca.
Estas acusaciones forman parte de la postura pública del comité y no deben confundirse con responsabilidades penales acreditadas mediante una sentencia. La situación jurídica de cada persona señalada deberá establecerse a través de las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
Los familiares también cuestionaron las estrategias de la defensa durante el proceso contra Irizar Salazar, al considerar que se presentaron pruebas y testimonios que, desde su perspectiva, buscaban desvirtuar los hechos.
El punto central de su reclamo, sin embargo, es que la condena contra uno de los acusados no debe convertirse en el cierre anticipado de las investigaciones.
“Los que defienden a los asesinos son cómplices”, afirmaron en el comunicado.
Se trata de una acusación de los manifestantes que refleja su indignación, aunque no constituye por sí misma una determinación judicial sobre la actuación de los abogados mencionados.
SEIS AÑOS DE EXIGENCIA Y UNA JUSTICIA TODAVÍA PENDIENTE
La movilización frente al Palacio de Gobierno también sirvió para reconocer el acompañamiento de las organizaciones que han respaldado a las familias desde 2020.
Para el comité, la sentencia es resultado no solo de las actuaciones ministeriales y judiciales, sino también de la presión social y de la persistencia de quienes se han negado a dejar que la masacre sea olvidada.
“Se ha dado un paso político importantísimo, resultado de nuestra movilización en las calles”, señalaron.
El colectivo insistió en que su lucha continuará hasta que las autoridades ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y se determinen las responsabilidades de quienes todavía no han sido llevados ante la justicia.
La exigencia también tiene una dimensión comunitaria: que los sobrevivientes y las familias puedan volver a San Mateo del Mar sin temor a ser perseguidos por sus ideas políticas, por defender sus derechos o por buscar mejores condiciones de vida.
“Seguiremos dándole voz a los que les fue arrancada la vida; para que las familias y los sobrevivientes puedan regresar a su pueblo, sin el temor de ser perseguidos por pensar diferente”, expresaron.
Seis años después de la masacre, las familias reconocen que la condena representa un avance, pero mantienen una pregunta de fondo: ¿cuándo serán llevados ante la justicia todos los responsables?
Finalmente, su mensaje final resume la dimensión de una lucha que continúa abierta:
“¡Por los que ya no pueden hablar y por los que aún podemos gritar!”.
Con información de Adrián Gaytán
