Una persecución armada, al menos 14 detonaciones y una camioneta con impactos de bala forman parte de la denuncia pública realizada por Porfirio Loeza Aguilar, exalcalde de Tlatlauquitepec, quien señaló a tres presuntos integrantes de la administración municipal actual como responsables de una agresión ocurrida la noche del lunes.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el exfuncionario relató que circulaba en su camioneta por la comunidad de El Pozo cuando, según su versión, tres hombres comenzaron a perseguirlo y dispararon contra el vehículo.
La persecución se prolongó hasta Atotocoyan, donde Loeza consiguió refugiarse y solicitar apoyo policial. En la grabación mostró los daños que, afirmó, fueron provocados por los disparos.
“Se aventaron de balazos, más de 14 balazos. Le pegaron aquí a la camioneta”, declaró en el video, en el que también explicó que decidió buscar protección fuera de Tlatlauquitepec.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión del exalcalde y no se ha informado de una resolución oficial que confirme la participación de las personas a las que acusa.
SEÑALA A TRES PRESUNTOS FUNCIONARIOS
Porfirio Loeza identificó públicamente a Ángel Cabrera, director del Registro Civil de Tlatlauquitepec; Iván Maza, director de Catastro, y Juan Gonzalo, a quien describió como ayudante general, como los presuntos responsables del ataque.
De acuerdo con su testimonio, los hombres habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes de la agresión. También aseguró que los disparos se realizaron desde una camioneta que atribuyó a Ángel Cabrera.
El exedil afirmó que uno de los ocupantes habría accionado un arma de fuego durante la persecución y responsabilizó a los tres señalados de cualquier daño que pudiera sufrir posteriormente.
“Qué lástima que sean funcionarios que no sepan comportarse a la altura de lo que requiere Tlatlauquitepec”, expresó.
Las acusaciones son graves porque involucran directamente a personas a quienes identifica como servidores públicos. Sin embargo, será necesario que las autoridades investiguen lo ocurrido, verifiquen los daños denunciados y establezcan si existen elementos que respalden su versión.
Hasta ahora, no se cuenta con información confirmada sobre detenciones relacionadas con el caso ni sobre una postura oficial de los funcionarios señalados.
PIDIÓ AUXILIO FUERA DE SU MUNICIPIO
Después de escapar, Loeza explicó que buscó apoyo de la Policía Municipal de Yaonáhuac, localidad vecina, en lugar de acudir a la corporación de Tlatlauquitepec.
Justificó su decisión al afirmar que los presuntos agresores tendrían vínculos con el Ayuntamiento.
“Tenemos que pedir el apoyo de la policía de Yaonáhuac, porque como son funcionarios de Tlatlauquitepec, pues obvio no nos van a hacer caso”, sostuvo.
Esta afirmación también deberá evaluarse a partir de los hechos y de la actuación de las corporaciones involucradas. La denuncia plantea interrogantes sobre las condiciones en las que ocurrió la persecución y sobre las garantías para que el caso sea investigado sin interferencias.
El exalcalde anunció que denunciará formalmente la agresión. La presentación de la querella y la incorporación de pruebas serán pasos importantes para determinar las circunstancias del ataque y deslindar responsabilidades.
CUATRO VECES ALCALDE, CON ANTECEDENTES POLÉMICOS
Porfirio Loeza Aguilar ha ocupado la presidencia municipal de Tlatlauquitepec en cuatro periodos: de 2005 a 2008, de 2011 a 2014, de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024.
Su trayectoria política también ha estado marcada por controversias y señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos.
En 2021, habitantes de las comunidades de Pabloco y Chinampa lo acusaron de desviar agua de un manantial hacia un rancho de su propiedad, donde presuntamente construía un centro turístico.
Ese mismo año, el Tribunal Electoral del Estado determinó que incurrió en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos durante su gestión como presidente municipal con licencia.
Además, por irregularidades detectadas en cuentas públicas correspondientes al periodo 2005-2008, se reportaron anomalías por 19.5 millones de pesos. El caso derivó en un proceso que contempló su inhabilitación por 11 años para ejercer cargos públicos, aunque posteriormente volvió a ocupar la alcaldía.
Estos antecedentes forman parte del contexto de su trayectoria pública, pero no determinan la veracidad de la denuncia actual ni eximen a las autoridades de investigar los hechos con imparcialidad.
UNA DENUNCIA QUE EXIGE INVESTIGACIÓN
El caso enfrenta dos asuntos que deben mantenerse separados: por un lado, la denuncia de una persecución con disparos contra el exalcalde; por otro, los antecedentes y controversias que han acompañado su carrera política.
La gravedad de la acusación exige esclarecer si hubo disparos, quiénes participaron y qué circunstancias originaron el enfrentamiento. También corresponde a las autoridades garantizar que los señalados puedan ejercer su derecho de defensa y que ninguna responsabilidad se dé por acreditada antes de concluir las investigaciones.
Por ahora, la principal evidencia difundida públicamente es el testimonio de Loeza y el video en el que muestra los presuntos impactos en su camioneta. La confirmación de los hechos dependerá de las diligencias ministeriales y de las pruebas que se integren al expediente.
