Francia enfrenta una nueva prueba política y económica. Mientras las protestas y los disturbios mantienen la tensión en las calles, el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu no logra avanzar en la aprobación del presupuesto estatal para 2027, un plan de ajuste que busca reducir el déficit público, pero que contempla medidas que afectarían a empleados públicos, pensionistas y hogares de menores ingresos.
La discusión presupuestaria quedó bloqueada por la cantidad de propuestas de modificación pendientes en la Asamblea Nacional. Según el canal parlamentario LCP, al cierre de la sesión del lunes todavía quedaban por examinar más de 2 mil 600 enmiendas relacionadas con los ingresos del Estado, principalmente en materia fiscal.
Ante los plazos constitucionales, los legisladores tuvieron que suspender temporalmente el debate del presupuesto estatal para abordar el correspondiente a la Seguridad Social. El retraso complica el calendario del Ejecutivo y aumenta la incertidumbre sobre la aprobación de un programa que pretende contener el deterioro de las finanzas públicas.
El conflicto no se limita a una disputa contable: las medidas planteadas amenazan con profundizar el descontento de sectores que consideran que el costo del ajuste recaerá sobre sus ingresos, prestaciones y servicios públicos.
UN AJUSTE DE 54 MIL MILLONES DE EUROS
El proyecto presupuestario para 2027 establece como objetivo reducir el déficit público francés al 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), frente al 5.4 por ciento previsto para 2026.
Para alcanzar esa meta, el Gobierno plantea un ajuste de 54 mil millones de euros mediante una combinación de recortes del gasto y medidas para aumentar los ingresos estatales.
La propuesta llega en un momento delicado para la segunda mayor economía de la Unión Europea, que enfrenta una deuda pública creciente y dificultades para construir una mayoría parlamentaria capaz de respaldar las decisiones económicas del Ejecutivo.
Sin embargo, la magnitud del ajuste ha abierto un frente de resistencia política y social. La discusión se concentra no solo en la necesidad de reducir el déficit, sino también en quiénes asumirán las consecuencias de las medidas y qué servicios podrían verse afectados.
FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y FAMILIAS, ENTRE LOS AFECTADOS
Entre las disposiciones cuestionadas figura la congelación del punto de índice que sirve para calcular la remuneración de los empleados públicos. De acuerdo con la organización sindical CGT État, esta medida podría traducirse en una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del sector público.
Los pensionistas también estarían entre los sectores afectados. El proyecto contempla congelar la revalorización de las pensiones superiores a mil 260 euros mensuales, además de reducir determinadas ventajas fiscales para una parte de los jubilados.
A estas medidas se suman propuestas para congelar las ayudas a la vivienda y algunas prestaciones familiares, decisiones que podrían limitar los ingresos disponibles de hogares que dependen de estos apoyos para cubrir sus gastos cotidianos.
El sector sanitario tampoco queda al margen. El plan incluye restricciones relacionadas con las bajas por enfermedad y medidas para frenar el gasto en salud, lo que podría trasladar una mayor parte de los costos a los seguros complementarios.
Uno de los principales cuestionamientos es el efecto que estas disposiciones podrían tener sobre las personas con menos recursos, quienes podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a determinados servicios médicos o asumir gastos adicionales.
Así, el debate presupuestario se ha convertido en una discusión sobre la distribución del costo de la crisis fiscal: mientras el Gobierno busca recuperar margen financiero, sindicatos y sectores afectados advierten sobre el impacto de las medidas en el poder adquisitivo y la protección social.
LA DEUDA FRANCESA ALCANZA UN NUEVO RÉCORD
La presión sobre las cuentas públicas tiene como telón de fondo una deuda que continúa creciendo.
De acuerdo con las cifras citadas en la información de origen, la deuda pública francesa alcanzó los 3.595 billones de euros, con un incremento de 59 mil 600 millones respecto al trimestre anterior. El indicador llegó al 119 por ciento del PIB, un nivel récord según ese reporte.
El deterioro fiscal se relaciona con varios episodios de gasto extraordinario registrados durante los últimos años. En 2018, después de las protestas de los chalecos amarillos, el Gobierno anunció más de 10 mil millones de euros en medidas fiscales y concesiones económicas.
Posteriormente, la pandemia de COVID-19 obligó a desplegar programas de apoyo a empresas, trabajadores y hogares. Según las cifras atribuidas al organismo auditor Cour des Comptes, las medidas anticrisis relacionadas con la pandemia costaron alrededor de 190 mil millones de euros.
Durante la crisis energética se añadieron otros 72 mil millones de euros en apoyos, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y la necesidad de proteger a consumidores y empresas.
Estas intervenciones contribuyeron a elevar el gasto público, aunque el endeudamiento francés responde a un conjunto más amplio de factores económicos, presupuestarios y políticos.
El problema para el Ejecutivo es que reducir el déficit exige decisiones impopulares en un país donde las protestas sociales han demostrado capacidad para presionar al Gobierno y modificar su agenda.
LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA COMPLICA LA SALIDA
La situación fiscal coincide con un Parlamento dividido, que dificulta la aprobación de reformas y presupuestos.
Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional después de las elecciones legislativas de 2022. Los comicios anticipados de 2024 profundizaron la fragmentación política y dejaron al Gobierno con mayores dificultades para reunir los votos necesarios para sacar adelante sus iniciativas.
En ese escenario, el presupuesto de 2027 se ha convertido en una prueba de gobernabilidad. El Ejecutivo necesita avanzar en el ajuste fiscal, pero también debe lidiar con una oposición parlamentaria que cuestiona las medidas y con una ciudadanía que expresa su inconformidad en las calles.
Según el diario Le Monde, la presentación del presupuesto terminó en un doble revés para el Gobierno: no consiguió convencer a los legisladores y tampoco disipó las dudas de los mercados financieros.
La combinación de dificultades parlamentarias, deuda elevada y protestas aumenta la presión sobre Macron y su equipo a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027.
ARTÍCULO 49.3 Y ORDENANZA: LAS ALTERNATIVAS DEL GOBIERNO
El retraso en la tramitación obliga al Ejecutivo a considerar mecanismos constitucionales para intentar sacar adelante el presupuesto.
Una de las opciones es recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al Gobierno comprometer su responsabilidad para aprobar un texto sin una votación ordinaria, salvo que prospere una moción de censura. Su utilización puede acelerar el procedimiento, pero también elevar el costo político y abrir un nuevo enfrentamiento parlamentario.
Otra posibilidad, mencionada en la información de origen, sería recurrir a una ordenanza presupuestaria si el Parlamento no logra pronunciarse dentro del plazo constitucional correspondiente. El calendario y las condiciones legales para utilizar este mecanismo son determinantes, por lo que su eventual aplicación dependerá de la evolución del procedimiento.
Por ahora, el debate deberá retomarse después de la discusión del presupuesto de la Seguridad Social. Con miles de enmiendas pendientes, los legisladores podrían necesitar jornadas prolongadas para avanzar en el texto.
La falta de acuerdos deja abierta la posibilidad de que el proyecto sea rechazado o que el Gobierno busque una vía extraordinaria para aprobarlo.
UN AJUSTE FISCAL EN MEDIO DEL DESCONTENTO
El bloqueo presupuestario refleja una contradicción que el Gobierno francés todavía no consigue resolver: necesita contener el déficit y recuperar credibilidad financiera, pero las medidas planteadas afectan a grupos sociales que ya enfrentan presiones sobre sus ingresos y su capacidad de compra.
La discusión tampoco ocurre en un vacío político. Las protestas y los disturbios elevan el costo de cualquier decisión que pueda interpretarse como una reducción de derechos o apoyos sociales, mientras la fragmentación parlamentaria limita el margen de maniobra del Ejecutivo.
Aun cuando el ajuste busca corregir el desequilibrio de las cuentas públicas, su eficacia dependerá tanto de los resultados fiscales como de la capacidad del Gobierno para construir acuerdos y evitar que la carga recaiga de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables.
Con el presupuesto detenido y las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, Francia enfrenta un desafío que va más allá de las cifras: encontrar una salida a su crisis fiscal sin profundizar la fractura política y social.
