El conflicto en San Juan Mazatlán Mixe cumple 8 meses y medio sin solución. Con un municipio acéfalo, dos grupos que reclaman el triunfo de la elección de diciembre, sin reconocimiento a sus autoridades, rechazado a un administrador municipal, señalamientos por caciquismo y un grupo de desplazados.
Uno de los protagonistas es encabezado por Esteban Santiago Aguilar a quien el gobierno del estado le ha negado la acreditación como autoridad presuntamente por pertenecer un grupo político señalado como cacicazgo; se le niega reconocimiento como presidente municipal y exige la liberación de recursos federales correspondientes.
Habitantes de San Juan Mazatlán Mixe denunciaron que funcionarios del gobierno estatal de Morena, concretamente desde la Secretaría de Gobierno, estarían condicionando la entrega de la acreditación oficial del presidente municipal electo a cambio de controlar la Tesorería Municipal y la Secretaría de Ayuntamiento.
“Se atrevió a tanto, los funcionarios de Morena quieren catafixiar la tesorería y la secretaría a cambio de entregarles la acreditación”, acusaron en una protesta realizada a mediados de julio.
Los pobladores aseguran que esta situación forma parte de un patrón de retención de recursos y dilación en la acreditación. Reiteraron que existe un fuerte conflicto con el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Gobierno (Sego), quienes mantienen retenidas sus acreditaciones oficiales a pesar de contar con resoluciones judiciales a su favor.
Este conflicto se ha dividido en dos frentes con reclamos cruzados:
Acusaciones contra el gobierno estatal: El edil electo, Esteban Santiago Aguilar, y sus concejales denunciaron que la Sego, encabezada por Jesús Romero López, se niega a entregarles la acreditación para ejercer sus cargos. Afirman que esta omisión está condicionada a la entrega de dos posiciones clave en el Cabildo: la Tesorería y la Secretaría Municipal.
El otro grupo en conflicto, encabezado por la actual presidenta municipal, Martina Caballero, ha exigido al gobierno que frene dicha acreditación- Presuntamente cuenta con el apoyo de autoridades auxiliares y representantes de 18 agencias municipales. Este grupo acusa que la elección vía Sistemas Normativos Internos, se realizó con falsificación de actas, firmas y sellos comunitarios. Además, acusan al edil electo de estar vinculado con cacicazgos local
Debido a este lío poselectoral ha permitido que la prolongación del conflicto mantenga al municipio en un clima de incertidumbre política y social.
DESPLAZADOS
A mediados de julio, en una asamblea efectuada en el casco del pueblo de San Juan Mazatlán Mixe, integrantes del Núcleo Agrario y familias desplazadas demandaron justicia y la intervención inmediata de los gobiernos federal y estatal ante el conflicto que los mantiene fuera de sus comunidades.
Señalaron que fueron despojados de sus propiedades y de su patrimonio, incluyendo ganado y diversos objetos de valor. Los presuntos desplazados han exigido que se garantice el regreso seguro a sus comunidades, de donde aseguran haber sido desplazados. Indicaron que desean recuperar su patrimonio y reconstruir su vida en sus lugares de origen.
MANO NEGRA
A principios de julio habitantes de San Juan Mazatlán Mixe denunciaron la presencia continua de personas armadas de Santo Domingo Petapa dentro del territorio comunal lo cual ha desencadenado preocupación de las familias del lugar.
Acusaron que de manera continua hay grupos que realizan incursiones armadas y actos de violencia dentro del territorio comunal en posesión de la comunidad de San Juan Mazatlán Mixe y sus anexos Loma Santa Cruz y Los Valles.
Finalmente, este lunes la diputada del Partido del Trabajo, Aracely Cruz, a quien se le ha visto dialogar con uno de los grupos, indicó en conferencia de prensa que ha denunciado “las amenazas e intimidaciones que he recibido tras mi acompañamiento a las autoridades de San Juan Mazatlán. Tengo audios y pruebas que entregaré a la FGR para que se investigue y se deslinden responsabilidades.
La misma diputada denunció violencia de género de la Secretaría de Gobierno contra Martina Caballero al negar la posibilidad de ejercer el cargo para el que fue electa y obstaculizar su función, “incurre en actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género”.
