La disputa por la posesión del paraje “La Playita”, en San Pedro Amuzgos, escaló este martes luego de que el Comisariado Ejidal emitiera un pronunciamiento público para desmentir las denuncias difundidas en redes sociales por Guillermina Solano Rojas. Quien aseguró que un grupo de personas fue desalojado violentamente y que algunas permanecían desaparecidas.
A través de un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, la representación ejidal rechazó las acusaciones y sostuvo que la información difundida busca desacreditar al núcleo agrario y generar una percepción equivocada sobre el conflicto.
“Manifestamos nuestro total rechazo a la desinformación que pretende criminalizar con la difusión de noticias falsas y la manipulación de información”, señala el documento.
DENUNCIAS EN REDES SOCIALES DESATARON LA RESPUESTA
Horas antes, Guillermina Solano Rojas publicó un mensaje en redes sociales en el que denunció que habitantes del estado de Oaxaca fueron expulsados del paraje “La Playita”. Presuntamente despojados de dinero y teléfonos celulares. Además de señalar agresiones físicas y la desaparición de algunas personas.
También afirmó que un adulto mayor habría resultado herido con un machete y perdió un oído durante los hechos, además de asegurar que las familias afectadas reclaman la devolución de las tierras que ocupaban.
Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades ministeriales ni por otra instancia oficial.
COMISARIADO ASEGURA QUE EXISTE UNA SENTENCIA AGRARIA A SU FAVOR
En respuesta, el Comisariado Ejidal sostuvo que los ejidatarios mantienen la posesión legal del predio denominado “La Playita”, respaldados por una resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario.
Según el comunicado, la sentencia fue dictada el 9 de mayo de 2018 dentro del expediente 1207/2015. En la que se reconoció el mejor derecho del núcleo agrario de San Pedro Amuzgos para poseer 41 hectáreas de uso común, resolución que, añade, fue ejecutada materialmente el 6 de marzo de 2019.
“La verdad legal nos respalda”, sostiene el documento.
SEÑALAN A LÍDER POLÍTICO COMO PRESUNTO PROMOTOR DEL CONFLICTO
El Comisariado también responsabilizó públicamente a Heriberto Bernardino Hernández. A quien identifica como presidente coordinador de Morena en San Pedro Amuzgos y servidor público municipal, de encabezar un grupo que presuntamente intenta desconocer la resolución agraria.
De acuerdo con el comunicado, existe un intento de despojar a los ejidatarios aprovechando influencias políticas.
Asimismo, el órgano de representación agraria acusó a Guillermina Solano Rojas de actuar en coordinación con dicho grupo para difundir información que, aseguran, carece de sustento.
Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada por el Comisariado Ejidal y no han sido corroboradas por una autoridad competente.
NIEGAN DESAPARICIONES Y ACLARAN SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a las versiones sobre personas desaparecidas.
El Comisariado afirmó que los individuos mencionados en las publicaciones fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Putla Villa de Guerrero por su presunta participación en hechos ocurridos en “La Playita”.
“Desmentimos las afirmaciones respecto a supuestas desapariciones”, indica el comunicado.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha emitido información pública adicional que confirme o desmienta esta versión.
CONFLICTO AGRARIO SIGUE ABIERTO
El intercambio de señalamientos evidencia que el conflicto por la posesión de “La Playita” continúa generando tensión entre los involucrados.
Mientras una parte denuncia despojo, violencia y presuntas desapariciones, el Comisariado Ejidal sostiene que cuenta con resoluciones judiciales firmes que respaldan la propiedad del predio y acusa una campaña de desinformación con fines políticos.
Finalmente, hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no habían emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones cruzadas. Por lo que será la investigación ministerial y, en su caso, las instancias agrarias competentes las que determinen el alcance de los hechos denunciados.
