El Callao

Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y de formar parte de una red que habría protegido al Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA). También se incluye a otros funcionarios, entre ellos el senador morenista, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y otros funcionarios del estado de Sinaloa. El señalamiento por parte de las autoridades indica que desde sus cargos, los funcionarios facilitaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, filtraron información y evitado operativos a cambio de sobornos. Pero el punto más delicado es político. Según el Departamento de Justicia de EUA, Rocha Moya habría ganado la gubernatura en 2021 con apoyo del crimen organizado y, ya en el cargo, habría permitido la operación del cártel con impunidad. En el escenario convertido en un escándalo nacional, Rubén Rocha Moya salió a la defensa quien de inmediato rechazó los señalamientos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York sobre presuntos vínculos con el narco, asegurando que carecen de veracidad y fundamento. También, a la salida de un evento en el estado, el gobernador reveló que mantuvo comunicación con la presidenta, quien en sus palabras aseguró que le habría mostrado respaldo. Respondió a los medios de comunicación: “estamos tranquilos”…  Desde la FGR, el vocero Ulises Lara, informó que las pruebas presentadas por Estados Unidos no son suficientes contra del gobernador sinaloense y denunció la falta de confidencialidad por la solicitud presentada por el Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.  El caso forma parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, que ha impulsado desde los últimos años, tras el regreso de la administración Trump, pero esta vez el golpe alcanza directamente a un gobernador en funciones. Aunque las acusaciones deberán probarse en tribunales, el mensaje ya está sobre la mesa: Washington apunta no solo al crimen, sino a quienes, desde el poder, presuntamente lo protegen. Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros políticos del estado, por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, sienta un precedente de la mano dura que aplica Estados Unidos en temas como el tráfico de drogas y la corrupción… El viernes por la noche el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo tras el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. A través de un video, el mandatario estatal informó que presentó su solicitud ante el Congreso local para separarse del cargo mientras se desarrolla el proceso. “Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, dijo. “Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, sostuvo… En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó como “desafortunadas” sus declaraciones y advirtió que ningún diplomático puede asumir una actitud injerencista en asuntos internos del país. Las críticas se registraron luego de que el diplomático pronunció un discurso en Los Mochis, Sinaloa, en el que advirtió que para fomentar la inversión en México, es necesario que no exista corrupción. La mandataria sostuvo que el papel de los embajadores debe limitarse a una relación de respeto mutuo entre naciones, sin intervenir en la política interna… En otro frente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, notificó al Senado de la República que no atendería la invitación que se le había girado para que aclarara el rol de dos agentes estadounidenses en un operativo antinarco en esa entidad. Con fecha 28 de abril, Campos envió un oficio a la secretaria técnica de la Mesa Directiva para avisar que no se presentaría, argumentando que es necesario salvaguardar las diligencias en curso y la información confidencial que las acompaña. Aseguró que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Maru Campos, sostuvo ante el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que no sabía que elementos de la CIA habían participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en su estado. El funcionario indicó que esa fue la información que la mandataria le transmitió en la reunión que sostuvieron para revisar el tema. Harfuch y Campos se reunieron luego de que trascendiera que dos agentes de la CIA fallecieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente automovilístico, tras haber realizado el aseguramiento del narcolaboratorio. El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, sostuvo que los elementos del Ejército que participaron en el desmantelamiento del laboratorio no se percataron de la presencia de agentes extranjeros, pues los agentes de la CIA llegaron acompañados de alrededor de 50 elementos de la AEI… La incertidumbre de la política económica no solo genera ruido, también cuesta dinero. Y en 2025, ese costo se reflejó en las inversiones empresariales. México figura entre los países más golpeados, ya que la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos redujo 6.8% la inversión en el territorio. Esto significó que el país dejó ir o pospuso alrededor de 17,400 millones de dólares en inversión solo en 2025, según el informe ‘El coste de la incertidumbre política para la inversión de Oxford Economics, realizado para la Cámara de Comercio Internacional (ICC por su sigla en inglés)… El sexto aniversario del T-MEC se cumple este primero de julio, y México tiene la oportunidad de llegar a la mesa de revisión, que arranca oficialmente el 26 de mayo, con una agenda propositiva centrada en la competitividad de América del Norte. Sin embargo, la estrategia de negociación se ha caracterizado por un enfoque defensivo. La revisión ofrece una ventana de oportunidad para lograr avances de gran relevancia para la competitividad del sector exportador del país: por ejemplo, agilizar los procesos aduaneros mediante la digitalización y simplificación; o impulsar el desarrollo de infraestructura fronteriza con visión de largo plazo con la participación de la banca de desarrollo. También abre la posibilidad de establecer mecanismos trilaterales para minimizar el riesgo de evasión de aranceles vía terceros países… La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Leticia Ramírez, quien fungió como secretaria de Educación en el sexenio pasado, como responsable de la Secretaría del Bienestar en lugar de Ariadna Montiel. El gabinete legal y ampliado de la Presidenta ha cambiado de rostros en las últimas semanas. Han sido movimientos de personajes clave para Morena, como el de Citlalli Hernández que dejó la Secretaría de las Mujeres para sumarse al partido, o el de Ariadna Montiel, quien renunció a la Secretaría del Bienestar este martes y suena para liderar a los morenistas en las elecciones de 2027. Morena busca fortalecer su estructura de cara al próximo proceso electoral que arranca en septiembre, donde se disputarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales a fin de retener el poder en los gobiernos estatales y conservar la mayoría en la Cámara alta. Morena debe garantizar mejores resultados de los que tuvieron Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en 2025, como líder y secretario de Organización del partido. En esos comicios perdieron casi un millón de votos y 15 alcaldías que gobernaba en Veracruz, además de no lograr arrebatar al PAN su principal bastión que es Boca del Río. En Durango, Morena y sus aliados solo consiguieron 16 municipios de los 39 que estaban en juego; mientras, el PRI y el PAN alcanzaron 20… Nancy Ortiz vuelve a aparecer en la escena política oaxaqueña, y no de manera discreta. Su activismo reciente -que algunos califican como promoción anticipada- reabre el debate sobre los tiempos políticos, el uso de estructuras partidistas y la delgada línea entre el trabajo territorial y la construcción de una candidatura. Ortiz, vinculada a Morena y con antecedentes en la operación política en el estado, parece apostar por posicionarse en un contexto donde la sucesión de 2027 ya empezó, aunque oficialmente nadie lo reconozca. Su presencia en eventos, reuniones y recorridos no pasa desapercibida, sobre todo en un Oaxaca donde la competencia interna en Morena se perfila intensa y, en muchos casos, ríspida. El problema no es que haga política -eso es inherente a cualquier actor público-, sino cómo y con qué recursos. En un estado marcado por rezagos sociales, inseguridad y desconfianza institucional, la ciudadanía observa con escepticismo a quienes parecen más enfocados en la siguiente elección que en resolver los problemas actuales… También Saymi Pineda ha comenzado a mover piezas en el tablero político de Oaxaca, y lo hace con una lógica que ya es conocida: presencia constante, narrativa de cercanía y aprovechamiento de su posición pública para ganar visibilidad. En un estado donde la sucesión de 2027 se cocina desde ahora, su activismo no es casual. Ha construido una imagen vinculada al turismo y al desarrollo económico, sectores que le permiten recorrer el estado, generar agenda y mantenerse en contacto con distintos actores. Pero esa misma plataforma abre cuestionamientos inevitables: ¿dónde termina la función institucional y dónde empieza la promoción personal? Morena en Oaxaca enfrenta tensiones internas, grupos en disputa y una lista creciente de aspirantes que, sin decirlo abiertamente, ya compiten por posicionarse. En ese contexto, cada aparición pública, cada evento y cada mensaje adquieren una lectura política y juega a adelantarse, como otros. La diferencia la marcará si logra sostener su aspiración con resultados tangibles o si termina diluyéndose en la larga lista de quienes confundieron visibilidad con respaldo real… En esa misma tendencia, de la noche a la mañana surgió el nombre de Fernanda Smith en el escenario político de la capital oaxaqueña con una estrategia que ya resulta familiar: presencia constante, mensajes dirigidos a sectores específicos y una narrativa que busca posicionarla como opción rumbo a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. En un municipio marcado por problemas de servicios, inseguridad y desgaste institucional, cualquier figura que aspire a gobernar está obligada a algo más que aparecer: necesita conectar con una ciudadanía cada vez más crítica y menos dispuesta a comprar discursos vacíos. Morena y sus aliados, así como la oposición, saben que Oaxaca de Juárez no solo es simbólicamente relevante, sino políticamente estratégica. Por eso, la competencia será intensa y, probablemente, áspera. ¿Qué padrino la impulsa?… Las barras de abogados en Oaxaca han comenzado a elevar el tono frente a un Poder Judicial que, a su juicio, no está a la altura de la crisis que enfrenta el estado en materia de justicia. Lejos de los discursos institucionales, lo que exigen es simple pero contundente: resultados medibles, transparencia real y un alto a la simulación. El reclamo no surge en el vacío. Abogados litigantes denuncian rezagos que se arrastran por años, audiencias diferidas sin justificación y resoluciones que parecen depender más de influencias que de criterios jurídicos. En ese contexto, el llamado de las barras no es solo gremial; refleja el hartazgo de una sociedad que percibe al sistema judicial como lento, opaco y, en ocasiones, inaccesible y que la cual presidenta, Érika Rodríguez no ha logrado siquiera voltear a ser.  Cuando los tiempos procesales se dilatan indefinidamente, no solo se afecta a las partes involucradas, sino que se debilita el Estado de derecho. La justicia tardía, como se ha repetido hasta el cansancio, termina siendo injusticia. Y en Oaxaca, ese problema parece haberse normalizado. Las barras también han puesto sobre la mesa la necesidad de combatir la corrupción interna. Aunque no se generaliza, sí advierten que existen prácticas que dañan la credibilidad del Poder Judicial: tráfico de influencias, resoluciones cuestionables y una supervisión institucional que no logra sancionar de manera ejemplar. La exigencia es clara: limpiar la casa antes de pedir confianza… El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y Presidente de la Sala Civil, Juan Carlos Díaz Carranza, sostuvo un encuentro con representantes de pueblos y comunidades indígenas, integrantes de organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos, como parte de los acercamientos que la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), que preside, lleva a cabo en Oaxaca. Díaz Carranza informó que el CNPCyF se expide el 6 de junio del 2023 como una solución a los problemas de justicia procesal en asuntos de materia civil y familiar. Es decir, este cuerpo normativo regula los procedimientos en estas materias, en pocas palabras define “las reglas del juego”. Su importancia radica en que, homologa los procedimientos, de tal manera que será el mismo juicio en una entidad federativa como en otra, lo que genera mayor certidumbre jurídica, prevaleciendo la oralidad en las audiencias y el uso de la tecnología. Asimismo explicó que la Comisión da un paso importante, al incorporar aspectos novedosos: con relación a la “competencia”, si la parte demandada es una persona perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, será competente la autoridad jurisdiccional del lugar en que dicha persona tenga su domicilio. En temas de “legitimación”, para el caso de personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, podrán comparecer a juicio, sus propias autoridades o las personas que designen con base en sus usos y costumbres. La traducción de sus escritos en lengua originaria, será a cargo de la autoridad jurisdiccional, y la defensa pública debe ser preferentemente especializada… La Sección 22 de la CNTE entregó su pliego de demandas al gobierno de Oaxaca y confirmó sus acuerdos para partir en u huelga nacional Del 4 al 12 de mayo celebrarán la consulta a las bases para definir la fecha del estallamiento del paro indefinido. El 25 de mayo o 1 de junio se han considerado posibles fechas para el inicio del plantón. Se acordó una cooperación para la Guelaguetza magisterial: propuestas de 70 y 100 pesos, así como la movilización del 15 de mayo en la Ciudad de México con la participación del 10% de la membresía, en tanto el 90% será en el estado. La dirigente Yenny Pérez Martínez detalló que el pliego incluye demandas centrales de carácter nacional, como la abrogación de la Ley del ISSSTE, la reforma educativa y un incremento salarial al sueldo base. Contempla exigencias propias del magisterio oaxaqueño, entre ellas la aprobación de una iniciativa de ley trabajada con el Congreso local y la abrogación del decreto firmado por el exgobernador Gabino Cué Monteagudo, el cual -acusaron- rompió la bilateralidad sindical. El documento concentra pendientes en contrataciones, recategorizaciones, cambios de clave y basificaciones, además de rezagos en infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y mobiliario escolar. El pliego también incorpora un eje de justicia social, con demandas de atención a víctimas del conflicto de 2006 y 2007 -durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz-, así como a casos como Asunción Nochixtlán en 2016 y la situación de expresos políticos…Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (Stepidceo) protestaron en contra de su secretaria General, Carmen Zárate Rojas a quien acusan de servir al gobernador Salomón Jara Cruz, señalado del incremento del impuesto del ISR a la base trabajadora. En el marco del Día del Trabajo,  los manifestantes quemaron frente al Palacio de Gobierno las gorras otorgadas por la gremial molestos e indignados porque a partir de este año el gobierno de Jara Cruz inició el cobro del impuesto del ISR a la base trabajadora; esto ha ocasionado el descontento pues el cobro de este es muy alto y afecta directamente al trabajador. Señalaron a su líder Carmen Zárate Rojas y a su comité de haber sido impuestos por el gobernador, y de subordinarse a sus decisiones y no a defender a la base trabajadora, por lo que demandan la realización de una asamblea general para juzgarla por traición… La disputa por la rectoría de la UABJO ha comenzado, y con ella se reactivan viejas prácticas que poco tienen que ver con la vida académica y mucho con la política de grupos. Lejos de ser un ejercicio democrático ejemplar, el proceso vuelve a perfilarse como un campo de batalla donde pesan más las alianzas, las cuotas y los intereses externos que los proyectos educativos. El candidato oficial con el hierro jarista es Farid Acevedo López, un gris funcionario impuesto a los universitarios, mientras que Enrique Martínez Martínez, busca aprovechar el descontento de tal injerencia para “llevar agua a su molino”. Históricamente, la universidad ha sido rehén de facciones internas que convierten cada sucesión en una pugna por el control del presupuesto, las plazas y la influencia política. Hoy no parece ser la excepción. Los primeros movimientos evidencian la operación de grupos que buscan imponer perfiles afines, más por lealtades que por méritos académicos o capacidad de gestión. La autonomía universitaria vuelve a estar en entredicho. Las señales de injerencia política -directa o indirecta- alimentan la percepción de que la rectoría no se decide únicamente dentro de la comunidad universitaria. Esto debilita la credibilidad del proceso y coloca a la UABJO en una posición vulnerable frente a intereses ajenos a su misión educativa… La Asociación de Hoteles y Moteles, así como prestadores de servicios, denunció que integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), presionan y amenazan a sus socios para obtener el servicio de transporte de pasajeros a través de taxis. A pesar de la campaña de intimidación que enfrentan, advirtieron que no cederán a las pretensiones de la organización sindical vinculada a Noé Jara Cruz, ex secretario del gobierno municipal. Tienen identificadas a las personas que han acudido a hostigar y amenazar establecimientos, así como videograbaciones, fotografías y demás evidencias de quienes se ostentan como líderes o como enviados del sindicato ASAEO… Y es todo por hoy. Feliz inicio de semana. Chupes ligeros, botana abundante y no me digan nada, mejor quédense callados.