Extinción de dominio

En últimas fechas, me he percatado que circula en diferentes medios información errónea en relación a la denominada “Ley de Extinción de Dominio”, misma que hace creer que se trata de una iniciativa impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y cuya finalidad es desposeer a los ciudadanos de sus bienes, con una simple denuncia anónima, e incluso, que es un atentado contra la propiedad privada.
Quienes me han hecho el honor de leer algunas de mis aportaciones, saben que algo que he criticado constantemente, es el desprecio a la legalidad y el autoritarismo con el que se conduce Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, es necesario tener claridad respecto a las instituciones que rigen nuestro estado de derecho, y así evitar especulaciones que solamente afectan a la propia sociedad.
La extinción de dominio no es una figura que se esté impulsando desde este Gobierno Federal, y para poder entender su funcionamiento, debemos tener claridad en el sentido que somos una sociedad civilizada, que si bien es cierto salvaguarda la individualidad a través de los derechos humanos, las acciones particulares repercuten en nuestro semejantes, por lo que uno de los principales vicios morales que nos afectan es la indiferencia, por lo que, en aras de justicia social, es necesario que los propietarios de los bienes que facilitan la comisión de delitos determinados, se hagan responsables de los mismos, pues tal y como lo refiere Edmund Burke: “lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”, y al final de cuentas, resulta muy cómodo ser indiferentes y percibir un recurso por el arrendamiento de un bien por medio del cual se cometa algún delito sin tener responsabilidad al respecto, así mismo, para algunas personas, la delincuencia es un negocio, ilícito claro, pero un negocio al final de cuentas, y el daño ocasionado a sus víctimas se considera colateral, por lo que resulta necesario establecer las medidas para que no sea un negocio rentable.
Así tenemos que la figura de la extinción de dominio tiene su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en su artículo 22, y procede por delitos determinados, cuyo catálogo fue ampliado mediante decreto publicado el 14 de marzo del año 2019, por lo que opera solamente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La acción de extinción de dominio solamente puede ser ejercitada por el Ministerio Público, y se hará a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, en virtud que se trata de la modificación o extinción de derechos reales, es decir, el Ministerio Público se somete a la jurisdicción de un Juez y se convierte en parte procesal en igualdad de condiciones del demandado, debiendo acreditar los extremos de su acción, lo que implica que el demandado debe ser oído y vencido en juicio, con todas las formalidades del procedimiento.
En el Estado de Oaxaca, el 27 de abril del año 2013 se publicó la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca, misma que ha tenido diversas reformas, pues se trata de una figura jurídica que debe perfeccionarse para ser útil a las necesidades de procuración e impartición de justicia, pues su fortalecimiento implica un ataque frontal a la delincuencia organizada o derivada del mal servicio público, pues no podemos perder de vista que las penas son personales e intransferibles, sin embargo, se establecen los mecanismos para sancionar a aquellos que facilitan y proveen de medios a los delincuentes, transmitiendo así un mensaje claro en el sentido de que los ciudadanos no podemos ser indiferentes a las actividades de los delincuentes, pues ello solamente genera impunidad
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