La semana pasada, la LXIV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa sobre el matrimonio igualitario, que si bien tuvo el apoyo y el respaldo moral de la comunidad lésbico gay, no dejo de tener la protesta de grupos religiosos vinculados con el Cristianismo, que consideran que desde tiempos inmemoriales el matrimonio es un contrato contraído entre un hombre y una mujer. Se esperan pues más cuestionamientos respecto a la vigencia de dicha ley. Por otra parte, desde hace poco más de un mes se ha ido postergando la aprobación de la iniciativa de ley de protección a los animales, ante los castigos corporales y mal trato. Los grupos conocidos como animalistas han documentado todo este tipo de atrocidades que se cometen en contra de los animales, inclusive aquellos cuya carne sirve para consumo humano, y son sometidos a excesiva crueldad cuando son sacrificados en rastros clandestinos. La discusión y probable aprobación quedó en suspenso ante las protestas de galleros, corredores de caballos, animadores y organizadores de jaripeos, etc. Los y las diputadas cayeron en el juego de los mismos y la iniciativa sigue sin discutirse y aprobarse.
Luego de conocerse la ley sobre el matrimonio igualitario, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Laura Estrada Mauro, adelantó que se aprobaría en breve una ley sobre el aborto. Y en el Congreso se fue más allá. El lunes es llevó a cabo un foro sobre dicho tema, ello bajo la protesta de mujeres católicas, opositoras al aborto, que se dieron cita en el edificio de San Raymundo Jalpan, con lo que pretendieron inhibir la probación de alguna reforma o iniciativa al respecto. Sin embargo, no obstante la alharaca que las mismas han despertado tanto a favor como en contra, hay una discusión que mañosamente se ha ido difiriendo. Y es la propuesta que desde el mes de noviembre hicieran ocho diputados (as) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): la ley de austeridad, con la que se pretenden eliminar gastos innecesarios, bienes suntuarios, excesos de funcionarios de los tres poderes, incluyendo, obviamente, la racionalización de los salarios, tal cual se ha hecho en el gobierno federal. Aunque parezca contradictorio, en ese rubro no se ha avanzado un ápice. En sentido contrario a lo que tanto se pregona en el gobierno de la Cuarta Transformación, aquí la austeridad no pinta.

Urge estrategia

La semana anterior, tal como lo consignamos en este espacio editorial, justo al día siguiente de que el ejecutivo estatal, Alejandro Murat pusiera en marcha los trabajos sobre la alerta de género, con la participación de funcionarios de diversas dependencias, se dio un hecho deleznable: una mujer, madre de familia, fue asesinada por desconocidos en jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. El hecho se dio –como lo comentamos en días pasados- frente a sus hijas menores de edad. Cuestión de imaginarse el impacto psicológico de las pequeñas ante un crimen de esta naturaleza, sin conciencia aún de quedar en la orfandad. Días después, el ejecutivo estatal insistió en que su gobierno trabajará a marchas forzadas para acotar la violencia de género y el crimen en contra de mujeres. Es decir, hay un compromiso tácito para lograr este objetivo por parte de las autoridades. La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha llevado a cabo acciones para acabar con este delito, lesivo para la sociedad desde cualquier punto de vista.
El domingo pasado fue encontrado en la comunidad de “Montillas”, perteneciente a Pinotepa Nacional, el cadáver de una mujer, la misma cuya desaparición de había denunciado un día antes. La víctima fue degollada. Si bien es cierto que los grupos feministas y organizaciones que luchan por la defensa de la integridad de la mujer, pero sobre todo en contra de la violencia de género, han insistido en que las redes sociales eviten la difusión de imágenes de las víctimas, pues afirman que ello conlleva a re-victimizarlas, nada resuelve el asunto de la violencia. Lo que hay que proponer son estrategias para que las autoridades, de conformidad con los compromisos del ejecutivo estatal, instrumenten operativos y ninguno de estos crímenes quede en la impunidad. Se habla de la Ley de Atención a Víctimas que, por cierto, no ha caminado en el Congreso del Estado. En materia de feminicidios hay mucho por hacer, pero nada se logra estar cuestionando lo que se difunde libremente y sin restricción legal alguna, en las redes sociales. La ciudadanía oaxaqueña en general coincide que es tiempo ya de decir ¡basta!, a tantos crímenes en contra de las mujeres. Es un agravio a la sociedad que haya tanta saña, sin que los responsables sean castigados conforme lo dispone la ley. La lucha debe encaminarse de manera abierta y enérgica, para abatir la impunidad.