Uno de los ejes del retiro de inversiones e inseguridad para las mismas, es la protesta soterrada de grupos y organizaciones, pero además, del abuso en los atropellos a la libre circulación con los bloqueos carreteros. No son pocas las empresas que materialmente se han alejado de la región istmeña ante el acoso de dichos grupos, comuneros y falsos redentores sociales que un día y al siguiente también, bloquean la Carretera Transístmica, el Canal 33 o el puente de fierro en Santo Domingo Tehuantepec. Hace al menos un par de años trascendió que los inversionistas de los parques eólicos habían decidido trasladar la parte de los gigantescos aerogeneradores por el Golfo de México y no por Salina Cruz, ante el acoso de transportistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que querían la exclusividad para el transporte terrestre, pero además, porque seis de siete días que tiene la semana, no podían llegar a su destino, en virtud de los constantes bloqueos. He ahí el por qué la ciudadanía oaxaqueña de todo el estado, ha aplaudido la propuesta de iniciativa que enviará el gobernador Alejandro Murat Hinojosa a la LXIII Legislatura del estado, para acotar la práctica perniciosa y nociva del bloqueo.

Sin duda alguna, uno de los pivotes del desarrollo es la confianza que exista entre los inversionistas para traer sus capitales a Oaxaca. Eso solo será posible hasta en tanto el gobierno les garantice seguridad y la certeza de que aquí está vigente el Estado de derecho. Es increíble que según cálculos conservadores, en un año de gestión del actual régimen, se hayan registrado más de setecientos bloqueos carreteros y según otros más exagerados, cerca de mil. ¿Quién puede vivir acotado, secuestrado y alienado por turbas de protestantes que a veces no llegan ni a veinte, como ocurrió el pasado miércoles 29 de noviembre, cuando un grupo pequeño de trabajadores del Sindicato de Salud, bloqueó la Calzada Porfirio Díaz? La protesta podría ser justa o no. Es el método lo que ha crispado los ánimos en la sociedad. Esta situación ha calado hondo en el imaginario colectivo que ahora cualquiera bloquea, pero con el convencimiento de que solo la fuerza habrá de devolver a los oaxaqueños la paz y la gobernabilidad. En una consulta ciudadana, podemos tener la certeza de que de diez al menos nueve estarán de acuerdo que cualquier acción que impida nuestro derecho a circular libremente, debe ser motivo de castigo y de la participación policial.

Protesta y oportunismo

Las terribles afectaciones a una treintena de municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, por los sismo del 7 y 23 de septiembre, además de las lluvias y los miles de réplicas, se han convertido para algunos en un botín político. Primero fue la distribución de la ayuda humanitaria, que algunos ediles como Gloria Sánchez López, presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza o Yesenia Nolasco Ramírez, de Santo Domingo Tehuantepec, manejaron a su arbitrio; luego, el inicio de las labores de demolición, en la que fueron visibles los negocios que hicieron funcionarios de los diversos niveles de gobierno. Más adelante fue el manejo de la maquinaria, la remoción de escombros y los negocios de ciertos ediles, como el presidente de Asunción Ixtaltepec o la captación del censo de afectados, que no dejó satisfecho a ninguno o la entrega de las credenciales de Bansefi, unas con 120 mil pesos y otras con 15, que ahora resulta que más de 270 fueron clonadas y no tienen dinero. En fin, mucho desorden y oportunismo; protagonismo y anarquía. Sin embargo, viejos rescoldos de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), ese remanente fracturado en seis partes de la falsa lucha social, tomó la demanda de hacer un segundo censo, obviamente como botín político.

La semana pasada un grupo de mujeres, presuntamente originarias y dirigentes de ciertos organismos sociales de Juchitán y otras comunidades istmeñas, junto con uno de los más oportunistas y cuestionados dirigentes de la COCEI, Leopoldo de Gyves Pineda, realizaron una protesta en la Ciudad de México, pues afirman que el primer censo no fue suficiente para captar las afectaciones en su totalidad. Hay quienes opinan que llevarlo a cabo sería abrir la puerta a farsantes y vividores que inclusive no tiene ni casa, con el riesgo de afectar a los verdaderos damnificados o pulverizar los magros recursos que se han canalizado a la reconstrucción. Es además, dar la pauta para que grupos políticos vinculados con la citada COCEI y partidos políticos aprovechen la situación y darle tintes electorales, sin contar con que se les pone en las manos un argumento para eternizar la protesta en la región istmeña. Se trata pues de un acto de oportunismo y protagonismo político, en el que viejos actores bastante cuestionados, quieren revivir la protesta y, como siempre, llenarse los bolsillos.