Resabios

El grupo de poder político más longevo de Oaxaca, el que encabeza el veterano político Ericel Gómez Nucamendi (primero del PRI, luego del MC y hoy presto para saltar al Morena) empieza a medir fuerzas con el Poder Legislativo. Resulta que los diputados han empezado a trabajar con la intención de socavar el último bastión de dominio que Ericel tiene en el Consejo de la Judicatura. Vale recordar que en el sexenio del “gabinato”, este clan alcanzó la cima del empoderamiento. Amén de una veintena de posiciones de gobierno de primer nivel, le entregaron también el Poder Judicial que manejó, junto con la Judicatura, a través de su sobrino Alfredo Lagunas. Otro de sus sobrinos fue administrador del municipio de San Antonio de la Cal y él mismo fue diputado plurinominal del MC en la pasada legislatura. Resabios de un real cacicazgo en pleno siglo 21.

Improductivo

Los legisladores, según cuentan algunos, han encontrado que el citado Consejo de la Judicatura está convertido en una entelequia. Su creación se concibió como una copia burda del Consejo Judicial español, en la época del presidente Zedillo, con la idea de que los Ministros de la Corte mexicana, no distrajeran tiempo en la atención de asuntos administrativos.
En esta tendencia de copiar todas las ideas del gobierno federal, el entonces gobernador Gabino Cué, adoptó el modelo. Lo hizo a pesar de la oposición de expertos que opinaron que el aparato burocrático del TSJ es de poca dimensión y no se justificaba. Advirtieron que sería “un ente obeso y los recursos financieros para su sostenimiento afectarían el presupuesto estatal”. Así resultó. Este ente obsoleto cuesta 26 millones de pesos del erario y cada consejero se lleva 250 mil pesos mensuales, entre salario, viáticos, pago de oficinas, asesores y secretarias. Lo peor es que no se les conoce ningún tipo de productividad.
Hubo voces dentro del mismo poder judicial que alertaron sobre el riesgo de crear “un poder dentro de otro poder”. Y así resultó. Al menos dos consejeros se resisten a ser removidos ante el cambio de sexenio. Aunque se dicen representantes del gobernador y de la legislatura ante el citado Consejo ?no los conocen!
La que se dice representante del Ejecutivo, es Leandra Jaqueline Ortega Ramírez y el que se supone habla por los diputados es Rogelio Gabriel Morales Cervantes. Ambos, según me comentan, exigen millones de pesos para dejar el cargo. Se afianzan porque su nombramiento vence hasta el próximo año. Dar al Consejo de la Judicatura poderes transexenales, es otra de las estrategias que montaron los depredadores del “gabinato” como manera de mantener incondicionales en las distintas esferas de poder para obtener información que les permita evadir la justicia.
No sujetarse a las reglas no escritas de la política que ordenan que al finalizar un sexenio los relevos son inminentes, tiene una explicación. La primera es comadre del ex presidente del TSJ, Alfredo Lagunas. El segundo es recomendado de don Ericel.
La judicatura la encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia en una evidente duplicidad de funciones. Lo integran también un consejero magistrado, un consejero juez. Y eso que, supuestamente, los magistrados y jueces no tienen que distraerse en asuntos administrativos del TSJ. Los dos restantes, como ya dije, son designados por cada uno de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sospechosos

La sospecha que alertó a los diputados es la fuga de información del poder judicial, sobre todo en el tema de las investigaciones contra los cleptómanos del sexenio pasado. Esto los motivó a considerar el relevo de los consejeros de la judicatura o, de plano, dar por finiquitada tal entelequia.
Me informan que han acopiado información que confirma que, desde su creación, el trabajo del consejo no ha generado ningún beneficio para el poder judicial del estado ni para la sociedad; el trabajo del consejo bien lo podrían hacer las direcciones adscritas a la presidencia del tribunal, como siempre fue.

El salto del chapulín

Lo que salvó de mayores conflictos al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, fue la decisión salomónica que tomó respecto a la muerte de un reo en las mazamorras de su Policía Municipal.
No puso ningún obstáculo para que la Fiscalía General del Estado, interrogara a sus policías. Así se supo que fueron agentes de Policía Ministerial los que sacaron de la prisión unas horas al detenido, acusado por varios delitos, y lo regresaron golpeado, lo que posiblemente provoco su muerte dentro del mismo calabozo.
La decisión oportuna del edil permitió que la Fiscalía recabara pruebas necesarias para ejercer acción penal en contra de los probables responsables de dicho ilícito y de inmediato libraron las órdenes de aprehensión. Se habla de dos agentes de la AEI que ya están sujetos a proceso.
El Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, dado la delicado del tema, emitió comunicado donde se compromete a seguir coadyuvando a las investigaciones y que en caso necesario, pondrá a disposición de la Fiscalía, a los policías municipales que sea requeridos.

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