Sin obra pública

Uno de los rubros que más generan empleos directos e indirectos es la industria de la construcción y uno de cuyos principales empleadores es el gobierno. Sin embargo, desde la administración pasada, los empresarios y contratistas que tienen empresas para prestar este servicio, se encuentran en una práctica recesión económica. No hay obra. Durante la gestión de Gabino Cué al frente del gobierno estatal, las empresas locales fueron discriminadas para beneficiar a sólo tres o cuatro foráneas.

No obstante los reclamos de los afectados, éstas sólo fueron paliadas con promesas falsas. El ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra decía a quien quisiera escucharle, que el 90 por ciento de las empresas oaxaqueñas habían sido beneficiadas, pero jamás reconoció que con sólo el 10% del presupuesto, pues el restante era para satisfacer los compromisos contraídos con empresas poblanas y de Jalisco.

El caso es que muchas empresas locales cerraron o suspendieron operaciones. La industria de la construcción quebró parcialmente.

En el gobierno de Alejandro Murat las cosas no han cambiado para bien. La descapitalización y la quiebra técnica de dichas empresas sigue en boga. En dos años y medio de gobierno, no hay por ningún lado obras relevantes dignas de destacar. El manido argumento de que no hay recursos porque el anterior gobierno dejó a éste casi en la miseria, sigue permeando. La incertidumbre en torno a las súper carreteras al Istmo y la Costa, a las que algunos empresarios de la construcción locales le apostaban como sub-contratistas, ha generado una crisis mayor.

Hay empresas a las que les adeudan contratos terminados que nunca les pagaron. Es más, ni siquiera hubo beneficios en las tareas de reconstrucción en la zona afectada por los sismos de septiembre de 2017, en el Istmo de Tehuantepec. En pocas palabras, la crisis se ha enquistado en la industria de la construcción oaxaqueña, sin que se atisbe en el horizonte una salida. Sumados el sexenio de Cué con lo que lleva Murat Hinojosa, son ocho años de sobrevivencia, pero ninguna esperanza. Lo grave es que estamos ya en el tercer período de gobierno, sólo escuchando mensajes halagüeños de crecimiento industrial y económico, que no se traduce en bienestar para los sectores productivos.

Periodismo bajo fuego

El pasado dos de mayo, en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Telésforo Santiago, fundador y locutor de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, fue asesinado la tarde del 2 de mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, estado de Oaxaca en el suroeste del país.

Viajaba en su vehículo hacia la sede de la radio cuando fue emboscado por sujetos armados que le dispararon, según medios locales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) levantó su voz para condenar el asesinato de Telésforo Santiago en México y exigir al Estado atender con responsabilidad su deber de proteger e investigar y sancionar a los causantes de actos de violencia contra periodistas. Asimismo, subrayó su preocupación por el tono hostil del discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con medios críticos.

“Insistimos y exigimosa las autoridades mexicanas –dijo- que corrijan el fallido sistema de protección y de seguridad de periodistas, así como las instancias de investigación creadas para atender estos casos. No basta con buenas intenciones, ya es hora de actuar con seriedad”, subrayó Domínguez, directora del diario colombiano El País.

Santiago, el séptimo periodista asesinado en México desde diciembre pasado, analizaba en la radio la gestión del gobierno local y fue candidato a la presidencia municipal en varias ocasiones. Se desempeñó también como profesor de educación indígena y en la radio defendía y promovía el rescate de la lengua y de la cultura indígenas.

Otros periodistas ultimados en México son: Omar Iván Camacho, el 25 de marzo en Sinaloa; Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en Sonora; Jesús Eugenio Ramos, el 9 de febrero en Tabasco; Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Baja California Sur; Diego García Corona, el 4 de diciembre en Morelos y Jesús Alejandro Márquez, el 1 de diciembre en Nayarit.

Esta situación se ubica en un entorno de permanente agresión verbal a los medios de comunicación por parte del gobierno federal, sobre todo ante diarios críticos, a los que tacha en conferencias de prensa como “conservadores” o “fifís”, según las declaraciones de directivos de algunos medios como Reforma, que han denunciado en días recientes haber recibido amenazas de origen desconocido, a lo que el gobierno respondió con el ofrecimiento de protección policial para el editor.