Tiempos difíciles para defender la libertad de expresión

• INAI requiere a Sedena transparentar gastos del avión presidencial
• Legisladores cua, cua…

La mayoría de los políticos se dicen defensores de las libertades; algunos se aseguran liberales o admiran a los liberales; sin embargo promueven medidas que cancelan o restringen las libertades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones, que él proviene de la oposición y que en la democracia hay que saber escuchar y discernir. Es así como se consiguen los consensos, así como se consolidan los cambios en un sistema.
Lo que estamos viviendo no es algo nuevo. Los políticos a lo largo de los años, han buscado el respaldo de los ciudadanos mediante encendidos discursos que alaban las libertades, lamentablemente casi siempre sus declaraciones van acompañadas de medidas que las limitan, tanto en lo económico, político o personal. Estas contradicciones han hecho que mucha gente, entre ellos los jóvenes se desencanten de la idea de la libertad. Aún cuando éstos son por naturaleza rebeldes, se les adoctrina para pensar que el mejor gobierno es el paternalista, el que más manipula la economía y respeta los subsidios, el que más quiere convertirse en dictador de cada aspecto de la vida individual.
Así estamos viviendo tiempos no sencillos para defender nuestra libertad, la Libertad de Expresión que es la razón de ser de nuestra profesión, el ejercicio periodístico. Y es que aunque en el discurso el presidente López Obrador destaca la necesidad de discernir, escuchar y expresar opinión, la realidad es que en los últimos meses se han cerrado muchos espacios en medios de comunicación; los ataques a periodistas y comunicadores siguen siendo una constante, y no se observan medidas de prevención o protección.
Hace un par de semanas, la organización Artículo 19 alzó la voz para señalar de nueva cuenta que el estado mexicano ha sido omiso, y ha dejado que 99.13% de los ataques a periodistas siga impune. De al menos 1,140 investigaciones por ataques a la prensa y la libertad de expresión, en 8 años solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, menos del 1 por ciento, lo que evidencia que en México no hay justicia y se practica un protocolo de impunidad en las agresiones contra periodistas.
El estado mexicano ha incumplido sus obligaciones no sólo de prevención y protección para el ejercicio periodístico, sino también en la procuración e impartición de justicia. Las investigaciones a nivel estatal y municipal carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad. Las procuradurías o fiscalías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones se filtra información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Así, enfrentamos tiempos difíciles en los que no podemos bajar la guardia, y debemos defender la libertad de expresión y el derecho a la información, que son la razón de ser de nuestra profesión.
Tómelo con interés.- Recién tenemos conocimiento de que en los primeros 90 días de administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha gastado en viajes lo que Enrique Peña Nieto erogaba en un sólo viaje; sin embargo, lo que no se ha dicho ni transparentado es el costo que representa el seguir cubriendo el arrendamiento financiero del Avión José María Morelos y Pavón (Boeing 787-8 TP 01), que el 3 de diciembre pasado fue enviado al Aeropuerto de Logística del Sur de California, en donde le dan mantenimiento, se paga por día el Hangar y el uso de suelo, y pistas al menos una vez por semana que tiene que salir a volar para evitar su deterioro y fallas, lo que se traduce en un doble gasto para el Gobierno Federal. El pasado miércoles, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ordenó a la Defensa Nacional proporcionar esos datos a un particular.
Así, pronto sabremos el monto que significa el tener un avión presidencial que no cumple su función, y sobre el que ningún postor se ha interesado, considerando que no puede ser vendido dado que se trata de un Arrendamiento Financiero, y lo único que podría proceder es el traspaso de contrato.
Tómelo con atención.- Lamentable el hecho de que al menos 118 legisladores reportaran grados académicos inexistentes. Esta semana se dio a conocer que legisladores de distintos partidos, reportan grados académicos, pero no hay registros oficiales de sus cédulas.
El Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no cuenta con número de cédulas profesionales para esos grados académicos, se trata de 49 diputados de Morena, 25 del Partido Acción Nacional, 14 de Movimiento Ciudadano, 11 del Partido del Trabajo, 9 del Revolucionario Institucional, 6 del Partido Encuentro Social, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 3 del Partido Verde Ecologista de México y un diputado independiente.
Desde el mes de noviembre de 2016 un grupo de ciudadanos y algunas organizaciones de la Sociedad Civil, encabezamos un movimiento #JuntosPorMexico, mediante el cual promovimos no se eligieran ni designaran legisladores o servidores públicos de nivel medio y superior, si no se cumplían con los perfiles de puesto, y se exigiera como grado mínimo de estudios el nivel de licenciatura. Si bien en muchos casos los liderazgos naturales llevaron a las candidaturas a personas que carecen del nivel académico, lo reprobable hoy es que existan legisladores o funcionarios que más allá de tener o no un título, pretendan sorprender al ostentar postgrados inexistentes o truncos, si bien hay quienes desde su registro aceptaron que no tenían estudios, lo lamentable es quienes pretenden sorprender y se ostentan con grados que no tienen, y que no merecen exhibir o pretender. Es ahí donde se comenté un grave error y en esos casos las autoridades deberían proceder legalmente en su contra por usurpación de título, lo que si constituye un delito.
A tan solo 90 días de administración, hemos hablado de las irregularidades en los requisitos de perfil de Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional del Deporte y de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, quienes no cumplen con los requisitos de contar con licenciatura para ocupar el cargo; igual de lamentable resultó el que Esteban Moctezuma Barragán se ostentara con doble título cuando no concluyó los estudios de licenciado en derecho y ahora uno de los casos más relevantes es el del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo quien no aparece en los registros de la Dirección General de Profesiones de la Educación Pública.
Así es como se pretende de combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país; sin duda este es uno de los temas que fracturará profundamente el proyecto de la Cuarta Transformación, que ofreció grandes expectativas de cambio y que en muchos aspectos está resultando más de lo mismo.
*Twitter: @Fernando_MoraG
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