La semana pasada el gobernador Alejandro Murat estuvo en Juchitán de Zaragoza para revisar la reconstrucción del histórico mercado, que es uno de los sitios que resultó más afectado a raíz del sismo de 8.2 grados en la Escala de Richter, el 7 de septiembre de 2017. Como todo mundo sabe, esta ciudad fue una de las más afectadas por el siniestro. Más de la mitad de las casas quedaron total o parcialmente destruidas, sin embargo, no obstante que de inmediato se desplazó para dicha zona casi la mitad del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto, es la hora en que hay aún escombros en las calles y la reconstrucción no termina. Lo que ha sobresalido en algunos medios de comunicación es que de no haber sido por la participación de fundaciones y organismos empresariales altruistas, el día de hoy la ciudad estaría más devastada. Cada que concluye la reparación o rehabilitación de determinado espacio que haya sido afectado, los medios dan cuenta de ello, aunque también es cierto que la corrupción se dio en los diversos órdenes de gobierno. Hace unos días el presidente en funciones de Juchitán señaló a su antecesora en el cargo, Gloria Sánchez López, de haberse beneficiado con recursos entregados al ayuntamiento por algunas empresas que generan energía eólica.
Uno de los temas que mayor controversia han generado es el asunto del censo de damnificados que, para muchos, resultó una farsa. En opinión de algunos afectados no se incluyó en el mismo a familias que perdieron todo. Hay que recordar asimismo que las tarjetas con recursos económicos que otorgó Bansefi, fueron a parar a los bolsillos de funcionarios y cínicos que aprovechando la tragedia le cayeron como buitres al dinero. Hasta la misma tarjeta que entregó el ex presidente a una de las damnificadas en Asunción Ixtaltepec, fue clonada, convirtiéndose el hecho en un capítulo más de la corrupción que ha corroído las entrañas del gobierno. A la fecha nada se sabe de consignaciones o detenciones de los responsables del desfalco, pues los retiros de dinero, que en otras circunstancias era para la reparación de las viviendas afectadas, se hicieron en diversas partes de la República. Un verdadero crimen sin castigo y un burdo ejemplo de impunidad. He ahí el por qué decimos que la reconstrucción es una tarea pendiente, pues no acaba de concretarse en todos los que resultaron afectados.
Resoluciones contradictorias
Hace unos días trascendió que la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, había rechazado la solicitud de amparo que solicitó el ex dirigente del Cártel 22, Rubén Núñez Ginéz, para librarse del proceso que le instruyó un juez federal, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, también llamado “lavado de dinero”, por más de 25 millones de pesos. Al ex dirigente le fue negado el amparo, más no así al ex titular de la Secretaría de Finanzas de la gremial, Aciel Sibaja Mendoza, que fue exonerado hace poco más de un mes. Éste fue acusado del mismo delito pero por esas cuestiones de la interpretación subjetiva de la ley, hoy goza de libertad aún a sabiendas de que manejaron cuotas y recursos millonarios como los grupos criminales: de manera subrepticia. No es un secreto que en dicha gremial se mueve mucho dinero. Más se manejaba antes, cuando los dirigentes presionaban al gobierno estatal que, para evitar ruido y movilizaciones entregaban recursos a manos llenas. En este mismo espacio editorial siempre propusimos realizar una investigación para conocer las cuentas de los dirigentes, algunos de los cuales entraban al Comité Ejecutivo Seccional con una mano adelante y otra atrás y salían forrados de millones.
Quienes conocen las entrañas del llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), saben de las tranzas y negocios hechos al amparo de dicho poder fáctico. He ahí el quid de las constantes amenazas de movilización, bloqueos y la soterrada lucha en contra de la Reforma Educativa. Los dirigentes del CES pretenden a toda costa enquistarse de nueva cuenta en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para manejar las plazas, los cambios de adscripción, el incremento de horas/clase, todo aquello que por ley corresponde a las autoridades educativas no a la gremial. Así, con cargo al pago de la nómina los líderes pseudo democráticos, contrataban también a empresas que venden todo tipo de artículos electrodomésticos, computadoras y otros, de los cuales, Núñez Ginéz y secuaces recibían una comisión que iba directamente a sus bolsillos. Ello, por supuesto, no tenía nada que ver con los descuentos que cada maestro (a) tiene en su pago quincenal por concepto de cuota sindical que, haciendo un cálculo de al menos 81 mil mentores, hacen una bolsa millonaria.
