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Opinión

Editorial

Trabajo infantil

 

Hasta el momento no se tienen denuncias por explotación infantil, pero las peores formas de trabajo se encuentran en la parte agrícola donde los infantes están expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde inhalación de pesticidas, largos periodos ante el sol, hasta cortaduras por herramientas filosas. El trabajo infantil se observa en zonas conurbadas, principalmente en las cabeceras municipales que es donde se detona la economía, Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Huatulco, Puerto Escondido y Tuxtepec, entre otras.
Los principales factores que incentivan la ocupación infantil no permitida en México son el sexo masculino, si el jefe del hogar está ocupado en el sector agropecuario y si hay hijos adolescentes. Y los factores de protección, es decir, los que desincentivan trabajo infantil en México, son la escolaridad del jefe del hogar y de su cónyuge; el acceso del jefe del hogar a la seguridad social, el número de integrantes del hogar –ya que en los hogares donde hay más adultos aumentan las probabilidades de que los integrantes menores de edad tengan menos necesidad de trabajar– y si la niña, niño o adolescente asisten a la escuela.
Debido a que cerca de 98 mil niños y niñas oaxaqueños trabajan en el sector agrícola y urbano, tanto dentro como fuera del estado, es urgente adoptar las medidas que ayuden a atender esta creciente problemática. De acuerdo con el programa para la erradicación del Trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 10 por ciento de la población infantil del estado se encuentra laborando, principalmente en zonas indígenas y rurales, además 50 por ciento de los niños migrantes carecen de la posibilidad de tener estudios.
Mientras que a nivel nacional, Baja California es la entidad que no respeta las indicaciones por parte de la OIT, pues dos de cada 10 personas que trabajan en los campos agrícolas son niños, niñas o adolescentes, Tuxtepec es uno de los municipios donde más adolescentes emigran para emplearse en los campos cañeros.
Si bien la 63 legislatura local declaró el 2018 como el año de la eliminación del trabajo infantil, por lo cual en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales de los poderes del estado, de los órganos autónomos, ayuntamientos y demás entidades paraestatales, se incluye la leyenda: “2018, Año de la Erradicación del Trabajo Infantil”, esta práctica persiste.

Cultura de prevención

Los desastres naturales se deben a circunstancias que ponen en peligro el bienestar del ser humano y su medio ambiente y se suele considerar como tales a aquellos que son debidos a fenómenos climáticos o geológicos, lo que excluye los riesgos sanitarios que representan los agentes patógenos. Los más espectaculares son los terremotos y la erupción de volcanes que se producen en los bordes de las placas continentales, y son por tanto, característicos de ciertas áreas en particular del Pacífico que incluye a Oaxaca.
Otro riesgo importante son los tsunamis que son olas gigantescas que alcanzan su altura máxima junto a la costa, produciendo enormes pérdidas tanto materiales como humanas, mientras que los desastres climáticos incluyen varios tipos de tormentas, daños a las líneas de costas, las sequías, las inundaciones, el granizo, los rayos del sol y los incendios debido a causas naturales. Los huracanes tropicales son la catástrofe natural más extendida y dañina, produce daños no solo directos por la acción del viento, sino también por las inundaciones.
Ante la confirmación de que únicamente 16 de los 570 municipios del estado cuentan con un atlas de riesgo, instrumento fundamental para reducir los impactos de algún desastre natural provocado por una tormenta, un sismo, un huracán, entre otros, es necesario redoblar esfuerzos para que al menos los municipios en donde hay más presencia de estos fenómenos cuenten con este tipo de información.
Es indispensable mejorar las acciones de prevención y atención inmediata ante desastres, se sugiere crear un Reglamento Nacional de Construcción o Edificación; actualizar el Atlas de Riesgos por localidad y crear un sistema de vigilancia que evite asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
A estas acciones se suma el incremento a la cobertura de los sistemas de alerta meteorológica y sísmica y diseñar protocolos de atención inmediata por parte de las aseguradoras ante desastres naturales de gran magnitud.
Además de impulsar nuevos esquemas de protección y aseguramiento, promover una regulación que fomente el aseguramiento obligatorio de viviendas contra desastres naturales en las zonas más vulnerables; crear un seguro catastrófico básico con opción a potencializarse con la participación de gobierno y aseguradoras.