Oaxaca vive un ambiente de constantes conflictos políticos y sociales, desde aquellos surgidos al amparo de los procesos electorales hasta diferencias ancestrales por la posesión de la tierra, que lejos de conciliarse se han acentuado al paso de los años.

La irrupción de organizaciones ha avivado las diferencias y el encono en muchas de las comunidades donde existe esta problemática, además de insistir en obtener beneficios económicos como parte de las demandas planteadas al gobierno del estado.

Diversos casos son emblemáticos, entre ellos el de los desplazados triquis de la región de Copala, que mantienen sus demandas, así como el conflicto de estudiantes de la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado de Oaxaca (CENEO), que aglutina nueve escuelas normales, derivado de la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los normalistas exigen plazas automáticas en el servicio profesional docente y se oponen a cualquier tipo de evaluación que se ha dispuesto tras la aprobación de la reforma. Como también las expresiones violentas y radicales de los profesores de la Sección 22 de la CNTE, que están a punto de acentuarse en mayo, a solo dos meses de las elecciones presidenciales.

En ese escenario, hay preocupación por el incremento de los actos delictivos y violencia que puedan empañar la estabilidad y paz social para celebrar las campañas electorales que se avecinan en el ámbito local y que siempre despiertan las pasiones en las comunidades.

La incidencia delictiva se dispara si se suman las carpetas de investigación abiertas por delitos electorales en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En esta dependencia suman 160 carpetas abiertas, 150 de la cuales ocurrieron en las elecciones de 2016 y 10 en el actual proceso electoral.

Por ello, las autoridades de todos los niveles deberán analizar la situación y asumir la estrategia que brinde mayores resultados para bien de la ciudadanía, pues a pesar de que las autoridades de gobierno y electorales sostienen que no hay focos rojos en Oaxaca, los intereses de grupos pueden desencadenar inestabilidad con riesgo de alentar la violencia. Si bien se puede decir que existen las condiciones necesarias para tener unos comicios en paz y civilidad en los municipios en donde se habrán de elegir presidentes municipales bajo el régimen de partidos políticos y en todo el estado, bien vale la pena insistir en mantener un ambiente de tranquilidad.

Contra la corrupción

A pesar de que se presumió que con la aprobación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción se va a cerrar el paso a los “moches” y permitirá la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones, no se ha cumplido con su cometido de proporcionar a la Secretaría Ejecutiva los recursos presupuestales necesarios para que el sistema pueda operar y para que en consecuencia los miembros del Comité de Participación Ciudadana puedan llevar a cabo sus funciones.

A nivel nacional y estatal se ha enarbolado desde hace muchos años el combate a la corrupción, ya que es uno de los grandes males que nos aquejan como país y en nuestro estado. De ahí que no se puede seguir simulando o dilatando el combate a la corrupción, ante el riesgo de frustrar un anhelo de la sociedad oaxaqueña y se insista en demandar que a la brevedad posible se cuente con la Plataforma Digital Estatal, la cual es una herramienta tecnológica establecida en la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y que es obligación desarrollarla en cada estado.

Los diversos sectores de la sociedad han solicitado desde hace mucho transparentar la aplicación del presupuesto en todos los órdenes de gobierno y exhibir los actos de corrupción que dichos mandatos estén cometiendo. Por ello, no exigen otra cosa que no sea el cumplimiento de aquello a lo que el Poder Ejecutivo está obligado, ya que el combate a la corrupción no admite más prórrogas o simulaciones.

Cuando se aprobó este sistema, se insistió en la necesidad de poner en práctica estas herramientas legales e institucionales que nos permitan avanzar de manera frontal y decidida en el abatimiento de la corrupción. Oaxaca está preparada para extirpar este cáncer que lacera las entrañas mismas de nuestra sociedad y que contribuye a una sangría millonaria de recursos que en lugar de ser aprovechados para el desarrollo y el sustento de las familias, se va de forma directa hacia las cañerías de la corrupción económica, moral y política.

No podemos olvidar que acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), la corrupción en nuestro país ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, pues de 2000 a 2016 la cifra de recursos que son integrados al engranaje de la corrupción aumentó casi cuatro veces, llegando a 2 mil millones de pesos. Como resultado, apuntó, México se ubica en el lugar 123 de 146 economías mundiales analizadas por su percepción como uno de los países más corruptos.