Hace unos días el gobernador Alejandro Murat estuvo en Toronto, Canadá, para pronunciar un importante discurso sobre la riqueza y el potencial minero de nuestra entidad. Para nadie es un secreto que si bien a dicho rubro no se le ha concedido la importancia debida, ello no implica que no contemos con una gran riqueza. Hay que recordar que hace al menos veinte años, el Grupo Acerero del Norte (GAN) pretendió explotar uno de los yacimientos más ricos de hierro que existen en el mundo y, curiosamente, está en Oaxaca, precisamente entre las poblaciones de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, distrito de Sola de Vega, en plena Sierra Sur. Según el proyecto que llegó a los medios de comunicación, la explotación implicaría construir una especie de ferro-ducto para llevar el mineral hasta la zona de donde sería transportado para su transformación en hierro industrial. Nada de ello se concluyó. Hay datos al respecto que, con certeza, no es conocido en la actual administración, en donde –crítica aparte- no hay interés en recuperar la memoria histórica. En la zona en donde se llevaría a cabo el gran proyecto, las comunidades aludidas libraban entre sí una añeja lucha por la posesión de tierras.

Uno de los grandes desafíos que tiene que superar cada administración gubernamental es la certeza jurídica de la tenencia de la tierra. En un gran porcentaje del territorio oaxaqueño la tierra es comunal, por tanto, tiene características de propiedad que no es fácil enajenar. He ahí la problemática para la explotación de los fundos mineros. Si las asambleas comunitarias se oponen a la misma, simplemente votan en ese sentido. Esa situación ha sido bien aprovechada por vivales y falsos redentores sociales que buscan su beneficio personal a través de prácticas de chantaje. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en las empresas que generan energía eólica y que han pasado un verdadero suplicio para poder operar. En la misma situación se encuentran aquellas que explotan o pretenden explotar minerales. Se han encontrado una férrea oposición alentada por dirigentes de organizaciones presuntamente defensoras del territorio y los derechos indígenas, aunque ello sea solamente la pantalla para buscar beneficio propio como ya hemos dicho. Esto es parte de nuestra tragedia cotidiana: la incertidumbre en el entorno de la propiedad y además la oposición manejada para oponerse a cualquier proyecto de inversión.

Jornadas violentas

Siempre hemos de criticar la superficialidad con la que algunos de los responsables de la seguridad pública en el estado, ven las cosas respecto al alto índice de criminalidad que se ha vivido en los últimos meses. Justamente el miércoles por la tarde en Juchitán de Zaragoza, tres sujetos fueron sacados de un hotel en donde se habían escondido, por un grupo armado, para ejecutarlos en frente de parroquianos y empleados del hotel. De ese tamaño están las cosas en Oaxaca. En nuestro espacio editorial de ayer mencionamos el asesinato del dirigente de la Sección 198 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Wilfrido Sánchez Cruz, a plena luz del día y en una zona concurrida. Hace poco más de una semana, el gobernador Alejandro Murat reconoció el peligro que implica el crecimiento de la inseguridad. La situación tanto en el Istmo como en otras regiones del estado se ha exacerbado, en torno a la cadena criminal. Los últimos acontecimientos en la región no admiten duda: bandas delictivas locales, ya conectadas con grupos de la delincuencia organizada, están creando un clima de terror. Y lo han hecho desde hace mucho. Pero ha sido esa forma superficial de ver una realidad lacerante, lo que ha contribuido al crecimiento e impunidad con la que operan dichos grupos.

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Lo hemos dicho y seguiremos insistiendo en el tema: mientras el gobernador Murat Hinojosa busca en el país o el extranjero, inversiones para traer a Oaxaca y estimular la generación de riqueza y empleos, la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Poco, en muy poco contribuye a mejorar las condiciones de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, el clima de inseguridad que se sigue dando en la región istmeña. No es necedad ni, mucho menos obstinación personal o periodística, insistir en que los jefes policíacos y responsables de la seguridad pública no han hecho su trabajo como compete. Lo que hemos vivido no se puede reducir a un comentario tan superficial e irresponsable como afirmar que la percepción de inseguridad “es mediática”, cuando son los hechos los que hay que juzgar. El pueblo oaxaqueño no padece ningún retraso mental congénito o algo parecido, para no darse cuenta de lo que está pasando en el estado, en donde tal parece que la delincuencia está rebasando al Estado. Es la realidad y sin ficciones. Quien diga lo contrario miente.