Una vez que asuma la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Bernardo Rodríguez Alamilla prometió iniciar un análisis de la misma institución, a fin de establecer parámetros y mecanismos de trabajo que den mejores resultados en beneficio de la sociedad.
“Es necesario saber cómo se están resolviendo los expedientes y dar un criterio de respuestas a las recomendaciones, las propuestas y mecanismos de conciliación, para establecer parámetros en la solución de los mismos”, dijo en entrevista.
El abogado y también investigador afirmó que revisará qué áreas funcionan y cuáles no en la Defensoría, donde además contará con la lista de las autoridades o instituciones que reciben más quejas, a fin de establecer mecanismos de trabajo de manera inmediata y dar solución de forma conjunta.
“Tenemos que hacer una labor de incidencia y sensibilidad con las autoridades, las cuales tienen que ver en la Defensoría a una institución que puede hacerles ver en qué están fallando, con el propósito de generar mejores mecanismos de práctica y corregir lo que no funciona”, señaló.
Rodríguez Alamilla insistió que el organismo a su cargo a partir del 9 de mayo impulsará acciones que generen respuestas y cumplimiento a todas las recomendaciones que se emitan.
De manera específica, habrá especial atención en temas de violencia contra las mujeres, periodistas y defensores de los Derechos Humanos, migrantes, personas mayores, niños, niñas y adolescentes.
Rodríguez Alamilla, quien fue nombrado nuevo ombudsman de Oaxaca por el Congreso local el pasado viernes, expuso que en el cumplimiento de los objetivos, la Defensoría trabajará con un personal fortalecido, en constante proceso de capacitación y formación.
En el acercamiento con comunidades indígenas y municipios de sistemas normativos internos, explicó que se realizarán foros y se acercarán los servicios del organismo con consultas públicas, entre otras acciones de sensibilización que promuevan y se respeten los derechos humanos.
Apostó además por dar mayor impulso a los derechos a la educación, vivienda y alimentación, que son derechos “llave” hacia otros.
