Diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG)como el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, rechazaron la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional, toda vez que significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.
A través de un documento, detallan que la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador representa, no una ruptura con el pasado, sino la continuidad de esta indolencia e irresponsabilidad.
Peor aún, alertan, representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse.
Consideran viable un proyecto de rescate de la Policía Federal para de ahí conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles.
“No es verdad que el país no tenga opciones. Sí las hay, pero deben estudiarse y considerarse sin prejuicios, sin etiquetas, y al margen de proyectos políticos personales”, subrayan.
Dicen estar conscientes de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos, y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas, pero arraigar esta función, que debe ser temporal y extraordinaria, en el texto constitucional, representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos.
La gravedad de la propuesta militarista no puede exagerarse, pues la preeminencia que se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas no contará con contrapesos reales en la frágil institucionalidad que hoy caracteriza al país, exponen.
Afirman que con una Secretaría de Gobernación debilitada y disminuida, con una Secretaría de Seguridad Pública a la que se ordena enviar policías federales a conformar la Guardia Nacional, sin fiscalías dignas del nombre y con presupuestos redirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿quién o qué limitará, fiscalizará o sancionará la operatividad militar en el país?.
Advierten que con la radical redistribución de poder se tendrán consecuencias políticas profundas, ya que los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles, anotan.
En suma, la primacía militar que pretende el nuevo gobierno no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por los ministros de la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas, sostienen.
Por lo que hacen un enérgico y urgente llamado al presidente electo para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad.
Es muy pronto para olvidar que, tanto el presidente electo como su equipo, manifestaron durante años, campañas presidenciales incluidas, que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados.
