“Llegué a Tapachula hace un mes. Salí de Camerún y fui directamente a Ecuador. De ahí a Colombia. Subí montañas, caminé por la selva, para encontrarme esta mierda. ¡Esta mierda! No me dan de comer. No me dan nada. Estoy muy enfadado con el gobierno de México. Esto no es normal. Esto es una mierda. Necesitamos una solución. Solo queremos salir de aquí”.
Esteban Azu tiene 37 años, es camerunés y está desesperado. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. Su trayecto le llevó a pasar por Turquía, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En este tiempo, dice, gastó unos ocho mil dólares. Afirma, en un español aprendido en Guinea Ecuatorial, que es fontanero y que podría hacer un buen trabajo en el norte. Pero está atrapado en Tapachula, Chiapas.
Si Azu hubiese llegado a México en febrero, por ejemplo, posiblemente estaría ya en Tijuana y hubiera recogido su número para tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Pero todo cambia muy rápido en política migratoria, especialmente desde que Donald Trump inició el chantaje de los aranceles. Así que Azu está varado en Tapachula.
El 7 de junio se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el que México se comprometió a incrementar la presión sobre los migrantes a cambio de que Washington no impusiese aranceles a las exportaciones. Desde entonces, la Guardia Nacional se despliega en las fronteras sur y norte y se han multiplicado las detenciones y deportaciones. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el flujo de migrantes se redujo cerca de un 40% en el mes de julio.
Como cientos de compañeros, el camerunés llegó a Chiapas y se entregó al Instituto Nacional de Migración (INM). Pasó una semana encerrado en siglo XXI y recibió un oficio de salida. En este se le califica como “apátrida” a pesar de reconocer que su nacionalidad es camerunesa. Esto ocurre porque el consulado de su país no respondió a los requerimientos de México para ser reconocido. En realidad, es su garantía de que no será deportado. El oficio, además, le dice que debe regularizar su situación. Que, en caso contrario, tendrá que abandonar el país por su frontera sur. Ahí está la clave. “Por su frontera sur”.
Antes, los migrantes en la misma situación que Azu recibían un oficio en el que no se determinaba por dónde tenían que dejar México. Así que aprovechaban sus 20 días para subir al norte y pedir asilo en Estados Unidos. Si tenían dinero, hasta en avión podían viajar. Esto llevó a que, equivocadamente, el oficio de salida fuese comúnmente conocido como “salvoconducto”. Este mecanismo fue empleado por migrantes procedentes de todas las partes del mundo: cameruneses, haitianos y cubanos.
Desde hace aproximadamente dos meses esto ha cambiado.
Según organizaciones de Derechos Humanos como Fray Matías o el Servicio Jesuita a Migrantes, ciudadanos de diversos países de África, Asia o el Caribe no tienen opciones para abandonar Chiapas desde entonces.
El cambio tiene que ver con un oficio dirigido a las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración (INM), fechado a 10 de julio y firmado por Ana Laura Martínez de Lara, exdirectora general de Control y Verificación Migratoria. Está incluido en un amparo que prepara el activista Luis Villagrán y que será presentado el lunes. Animal Político confirmó su autenticidad a través de la propia Martínez de Lara.
Se trata de un documento con instrucciones sobre el oficio de salida “con fines de regularización”. En ella, se indica que “no otorga una condición de estancia”, sino la posibilidad de legalizar su situación si cumple con la ley. Además, especifica que “con dicho documento las personas extranjeras no pueden transitar libremente por territorio nacional”.
Por último, incluye las reglas para abandonar el país.
“En concordancia con lo establecido en la fracción IX del artículo 240 del Reglamento de la Ley de Migración, la persona extranjera que obtenga este beneficio y no presente el trámite correspondiente en el plazo que le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro del mismo plazo a través de un lugar destinado al tránsito internacional de personas en la frontera sur más cercano al lugar donde se expidió el citado documento”, dice. Esta referencia a la frontera sur aparece en los oficios de salida que migrantes como Esteban Azu vienen recibiendo en las últimas semanas.
El problema es que la fracción IX del artículo 240 del citado reglamento no dice eso.
Lo que dice la normativa es que “en caso de que la persona extranjera no presente el trámite correspondiente en el periodo que le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro de dicho periodo”. Es decir, no existe referencia alguna al lugar por el que el extranjero debe abandonar el país. Este punto tampoco se incluía en los oficios de salida que se entregaban a los extranjeros en años anteriores. Solo les se les indicaba que, si no se presentaban en la delegación del INM en 20 días, deberían dejar el país. Exactamente lo que ellos querían. Dejar México a través de la frontera norte.
Animal Político consultó al INM sobre esta modificación, pero fuentes del instituto declinaron hacer comentarios. También fue preguntada Ana Laura Martínez de Lara, quien señaló que estaba en consonancia con órdenes anteriores y que su objetivo era fomentar la regularización de los extranjeros. Según aseguró, no hubo presiones para realizar esta modificación.
Actualmente, decenas de migrantes, en su mayoría africanos, duermen en el exterior de la estación migratoria siglo XXI. Se encuentran atrapados sin trabajo, sin perspectivas de futuro y sin conocer el idioma. Denuncian que el cambio en el oficio de salida les impide seguir su tránsito hacia el norte, como hicieron otros compañeros antes que ellos. Animal Político habló con cinco de estos migrantes, tres de ellos de Camerún, uno de Angola y otro de la República Democrática del Congo.
Todos ellos coincidieron en el mismo relato. Aseguran que, tras abandonar la estación migratoria, recibieron la orden de dirigirse a la oficina de regularización conocida como Las Vegas. Afirman que presentaron su documentación pero que no han recibido respuesta. Los tiempos varían entre el mes y tres semanas y las dos semanas de espera.
Según indican, las opciones que les ofrecen son dos: regularizarse ante el INM o pedir asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). La primera opción la ven inviable porque, según afirman, nadie ha recibido ningún tipo de documentación que les permita transitar a través de México. La segunda la rechazan. No quieren solicitar refugio en Chiapas porque desean hacerlo en Estados Unidos.
Entre enero y junio se presentaron ante el INM 3,712 personas procedentes de África. Camerún es el país mayoritario, con 1,602 migrantes, seguido de la República Democrática del Congo.
En este mismo período solo se entregaron 46 tarjetas de visitante por motivos humanitarios. De ellos, únicamente 5 eran cameruneses.
Solo dos ciudadanos africanos fueron deportados en todo este periodo, según los datos del INM: uno a Costa de Marfil y otro a Lesoto.
“Estamos atrapados”, dice Azu. Asegura que no tiene intención de dar marcha atrás.
¿Y qué iba a hacer Esteban Azu en Guatemala? ¿Qué podría hacer en el país en el que seis de cada diez habitantes son pobres, en el que, desde enero, más de 200,000 personas fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos tratando de cruzar como él?
“Es ilegal. Cambiaron esa palabra obligar a que tenga que irse por la frontera más cercana. Los demás oficios de salida establecían, establecen, porque así es la ley, que tienen 20 días para salir por cualquiera de las fronteras”, asegura Luis Villagrán, abogado y director del Centro de Dignificación Humana. Asegura haber reunido 800 firmas para un amparo que, dice, presentará el lunes. Será un juez federal el que decida.
Mientras tanto, las condiciones en el exterior de siglo XXI se agravan cada día. Progresivamente se han instalado más tiendas de campaña. Decenas de personas duermen ahí, frente a la estación migratoria, casi a la intemperie. Se sienten abandonados, humillados, olvidados, discriminados. Se manifestaron cortando la vía de acceso al centro de detención y fueron golpeados. Y su situación sigue exactamente igual: sin perspectivas de avanzar.
“Las condiciones humanitarias son muy graves. Cada día están peor”, denuncia Claudia León, del Servicio Jesuita a Migrantes. Recuerda que se han dado casos de personas convulsionando, exhaustas, por falta de alimento y de agua. “¿Están esperando que alguien muera?”, se pregunta.
