Secuestro de Norberto tiene coincidencias con casos de “Las Pelonas”

Una de las líneas de investigación en el caso de secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, quien fue desaparecido el pasado 4 de junio y del que su cadáver fue encontrado el seis días después, es que los crímenes pudieron haber sido cometidos por la banda de secuestradores “Las Pelonas”.

La célula criminal fue identificada desde el 2007, cuando secuestraron a Priscila Lorea Franco, joven de 18 años que estuvo dos años, dos meses y ocho días en manos de sus captores, antes de ser asesinada. Su rapto ha sido catalogado como el más largo en la historia de la Ciudad de México.

El grupo de delincuentes se dedica a secuestrar alumnos de preparatorias o universidades privadas en las alcaldías Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. En un radio de 10 kilómetros alrededor del lugar en el que fue secuestrado Norberto Ronquillo, se han realizado otros cinco secuestros en lo que va del 2019, según Datos Abiertos de la CDMX.

Aproximadamente dos veces al año cometen los plagios. Del 2015 al 2018 se abrieron cinco carpetas de investigación en las que están señalados como los probables culpables. El caso más actual es el de Norberto Ronquillo, que fue secuestrado este 2019 con un modus operandi similar al conocido que realiza la banda “Las Pelonas”.

El nombre del grupo delictivo tienen origen en que acostumbran a rapar a sus víctimas, sean hombres o mujeres.

Los delincuentes capturan a los jóvenes cerca de las inmediaciones de sus escuelas. Posteriormente, solicitan un rescate a las familias que generalmente consta de 4 a 5 millones de pesos. Y, aunque sea pagado, suelen asesinar a sus víctimas en las primeras 48 horas después de haberlas raptado.

Luego abandonan los cadáveres en las zonas boscosas de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta; como fue en el caso del estudiante de la Universidad del Pedregal, quien fue encontrado sin vida en una zona arbolada y alejada de viviendas.

Quien realiza las negociaciones suele ser la misma persona, que ha sido identificado como “El Barbas”. Su voz se repite en todas las grabaciones que tiene la Procuraduría General de Justicia, en las que llama a los familiares de sus víctimas para pedir dinero.

También se sabe que “Las Pelonas” operan desde la alcaldía Milpa Alta, en donde tienen restaurantes y un bar; lugares en donde reclutan a nuevos integrantes de su grupo delictivo para que ellos sean después quienes monitoreen a los estudiantes y escojan a los secuestrados.

Así sucedió hace cuatro años cuando un joven universitario de 22 años fue capturado en los alrededores de su escuela en la delegación Tlalpan sobre Insurgentes Sur. Después de haberlo raptado, los criminales se comunicaron con su familia para solicitarles 5 millones de pesos a cambio de que les devolvieron a su hijo.

Su familia se movilizó y en las siguientes 12 horas lograron reunir 800 mil pesos que pagaron a los captores. Sin embargo, días después hallaron su cadáver en el pueblo de Topilejo en la misma delegación de la que fue sustraído.

En 2017 otra joven estudiante fue secuestrada y asesinada. Salía de su universidad ubicada en la avenida Viaducto-Tlalpan en la delegación Coyoacán, cuando un grupo de criminales la privaron de su libertad.

Los integrantes de “Las Pelonas” pidieron la misma cantidad de dinero que en casos anteriores. La familia sólo pudo entregar 500 mil esos y ellos decidieron matar a la estudiante.

La historia se repitió en 2018 con un estudiante originario de Morelos. La manera de operar fue la misma, excepto que en esta ocasión los padres del estudiante decidieron no dar el dinero y mejor acudir a las autoridades. Pero el desenlace fue el mismo que en los dos casos anteriores: asesinaron al joven.

A pesar de que las autoridades han prestado atención a la manera en la que opera el grupo delictivo, no han podido encontrar pruebas sólidas para implicarlos. El único capturado relacionado con la célula criminal fue Nino Colman, un colombiano detenido en 2009 por haber participado en el secuestro y asesinado de Priscila Lorea. Lo sentenciaron el año pasado a 56 años y ocho meses de prisión.