La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy, con los votos de Morena, PT, PES y PVEM, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que será la base del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una nueva Secretaría de Seguridad, otra de Bienestar y la estructura de delegados en las entidades.
Casi a las dos de la mañana, la nueva mayoría aprobó el dictamen en lo particular con 292 votos; sólo el PRI se mantuvo hasta el final 38 de sus diputados votaron en contra. Poco antes de la medianoche, PRD y MC abandonaron el salón de sesiones, al argumentar que, así como el PRI en el pasado, Morena no admitió modificaciones de la oposición.
Sin embargo, el pleno aceptó un cambio sustancial, para quitar a la Secretaría de la Función Pública la atribución que se le quería otorgar para fiscalizar el gasto público, cuando ésta es la principal función de la Auditoría Superior de la Federación.
En la tribuna, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) planteó que el concepto de “fiscalización” se sustituyera por el de “inspección y control” para respetar el ámbito de competencia de la ASF.
“Con esta corrección evitamos una intromisión del Ejecutivo en una de las funciones principales de la Cámara de Diputados. No es este el tema ni el momento para levantar banderas partidistas ni obstáculos a la nueva administración. Apoyar esta corrección es defender la dignidad de esta cámara”, resaltó.
Después de esa modificación, el pleno sólo aceptó correcciones menores al dictamen, que como minuta se envió hoy mismo al Senado para su revisión.
Así, se agregó a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación la supervisión de la movilidad humana, además de la de migración.
Se aceptó una propuesta de la priísta Lucero Saldaña, para que la Secretaría de Economía tenga una visión integral de la cadena de valor productiva agroalimentaria.
“Se busca fortalecer las atribuciones de las secretarías de Economía, de Agricultura y de Bienestar, para estimular la coordinación de programas relacionados con la gastronomía mexicana, y se vea como negocio, con visión de sustentabilidad, educación, salud y de estímulo al empleo”, dijo.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) propuso que la política en materia minera incluya la construcción de obras de infraestructura social en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, pueblos y comunidades indígenas, los sectores social y privado en zonas de explotación.
“No se puede hablar de justicia e igualdad, si no se trabaja para saldar la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, que siguen marginados de las oportunidades del bienestar y el desarrollo del país”, dijo.
Cuestionó que casi 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras extrajeras, y persisten y existen 312 conflictos indígenas ocasionados por mega proyectos mineros.
El pleno aceptó dos modificaciones de Dulce María Sauri Riancho (PRI), una para agregar el concepto “histórico” al catálogo del patrimonio cultural nacional, yo otra para que la Función Pública coadyuve en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de archivos.
