Después de 14 años de lucha, 16 comunidades del distrito de Zimatlán y Ocotlán, que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), acordaron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tendrán acceso a concesiones colectivas para el uso del agua conforme su normativa interna.
Este sábado, en San Antonino Castillo Velasco, se realizó la asamblea en la que estuvieron presentes como testigos los titulares federales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INIPI), entre otros.
Entre los acuerdos trascendentales está el compromiso, para presentación al Presidente de la República, de un proyecto de Decreto que levante la veda en el acuífero de Valles Centrales, y la convierte en una zona reglamentada.
El recurso que impide la extracción de agua y limita la autodeterminación de los pueblos indígenas de esta zona data desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz quien emitió, en 1967, un decreto que afecta a los campesinos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán, que limitó el uso y disfrute del líquido.
En tanto, la defensa jurídica inició después de la gran sequía del 2005 que obligó a los campesinos a emplear diversas estrategias de captación de agua pluvial.
Fue entonces cuando la Copuda, asesorada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, interpuso recursos legales y el 8 de abril de 2013, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una resolución que ordenó a la Conagua realizar una consulta indígena en las comunidades para la posible modificación de la veda.
“Ahora se van a armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con la normatividad vigente en materia de aguas, y en ese sentido se da un primer paso a reconocer el derecho de los pueblos a participar en la administración del agua, por primera vez en el país”, expuso Maira Olivo Paz, directora jurídica de Flor y Canto.
Asimismo, por medio de concesiones colectivas-comunitarias, administradas por un reglamento interno a elaborarse en los próximos tres meses, las comunidades adquieren la responsabilidad de cuidar y defender este recurso natural, además de mantener en buenas condiciones el manto acuífero de Valles Centrales.
Con esto, las letras de los convenios y tratados internacionales en donde se reconoce el derecho de los pueblos en participar en la administración, utilización y control de los bienes, se está cristalizando, así lo celebraron en el encuentro, los integrantes de la coordinadora y su presidente, Juan Justino Martínez González.
También, el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, JanJarab, resaltó la participación por medio de la consulta a los pueblos indígenas para saber cuáles son sus necesidades.
Mientras tanto, este acuerdo se da aun cuando la Ley de Aguas Nacionales no contempla la figura de coadministración entre comunidades y Conagua.
No obstante, obedece a tratados internaciones y convenios firmados para la libre determinación de los pueblos originarios, entre ellos el artículo Primero Constitucional y el Segundo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales.
Maira Olivo Paz aseguró que no asumen esta resolución con actitud triunfalista, porque falta la etapa quinta, de seguimiento de los acuerdos fincados en esta asamblea.
Asimismo acordaron que la Conagua trabajará para monitorear el acuífero y mantenerlo en buenas condiciones, al igual que los pueblos involucrados y la población asumirá sus responsabilidades en la recarga al acuífero.
La directora de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, resaltó que estos acuerdos firmados incluyen reconocimiento a las comunidades indígenas y la posibilidad de bajar proyectos y avanzar en el saneamiento y uso del líquido.
La ex integrante de la UNESCO dijo que se debe construir paz, amistad y progreso en las decisiones comunitarias.
Por su lado, el titular federal de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, calificó este hecho como una “Guelaguetza por el agua”, en una resistencia local que puede compararse con alguna acción global.
“Ustedes son los sembradores del agua de la nación, nos dan el ejemplo al levantar el derecho al territorio, que no solo es del agua, sino también a los recursos forestales, a los bosques y las selvas”, externó.
Ahí les dijo que en el norte del país existe un tipo de guachicoleo hídrico que van a detener en esta administración porque se trata de una afectación a los bienes naturales de la nación.
Toledo Manzur reflexionó sobre el fenómeno de la contaminación del agua consumible, situación que vendrán a atender en la brevedad.
Finalmente, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, festinó el hecho que las comunidades indígenas se asuman como dueños de su territorio.
